Ejecutado en Ciudad Judicial no era policía estatal, pero el ataque revela vacíos de seguridad en zona blindada
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.— El ataque directo y la ejecución de un hombre dentro de su vehículo, en inmediaciones de Ciudad Judicial, reactivó las alarmas sobre la creciente violencia en una de las zonas consideradas de mayor vigilancia y seguridad en la zona metropolitana de Puebla. Aunque versiones preliminares lo identificaban como elemento de la Policía Estatal Preventiva, la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) descartó esa información horas después del hecho.
La víctima, un hombre de entre 35 y 45 años de edad, fue asesinada a plena luz del día mientras se encontraba al interior de una camioneta Chevrolet S-10, en un hecho que, según confirmaron autoridades locales, fue un ataque directo.
A través de un escueto comunicado, la SSP desmintió cualquier vínculo del occiso con la corporación estatal. Sin embargo, el silencio sobre su identidad, ocupación y posibles antecedentes, no hace más que aumentar las especulaciones.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los agresores llegaron con conocimiento de causa, ejecutaron al hombre con precisión y escaparon sin mayor obstáculo, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución premeditada, posiblemente relacionada con conflictos personales o actividades ilícitas.
La ejecución ocurrió en las inmediaciones del complejo de justicia más importante del estado, una zona que concentra sedes del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, oficinas del gobierno estatal y dependencias federales. A pesar de la supuesta vigilancia, los agresores actuaron con total impunidad.
Este tipo de ataques se han vuelto frecuentes en San Andrés Cholula, un municipio que enfrenta un preocupante proceso de “metropolización criminal”, donde el crecimiento inmobiliario y la relativa tranquilidad del entorno han servido también como refugio para operadores de estructuras ilícitas.
La Fiscalía General del Estado informó que ya realiza las investigaciones correspondientes, aunque hasta el momento no hay indicios públicos sobre los responsables ni móvil confirmado del crimen.
El caso recuerda que, en Puebla, ni siquiera los puntos estratégicos del aparato judicial están exentos de la violencia —ni de las falsas narrativas que surgen tras los hechos—, mientras la opacidad institucional persiste como el verdadero escudo ante la rendición de cuentas.