Hallazgo de cuerpo de mujer en Tlachichuca marca el feminicidio 22 del años
Hallazgo de cuerpo de mujer en Tlachichuca marca el feminicidio 22 del años
Armenta Mier llama a fortalecer cultura y deporte tras linchamiento en Tlachichuca
Armenta Mier llama a fortalecer cultura y deporte tras linchamiento en Tlachichuca
Luego del linchamiento ocurrido en Tlachichuca, Alejandro Armenta Mier exhortó a los ayuntamientos a fortalecer los mecanismos de organización social y coordinación comunitaria para evitar que se repitan este tipo de actos. En entrevista, Alejandro Armenta Mier subrayó la importancia de lograr procesos asociativos a través del deporte, la cultura y el arte. Pidió esperar los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado antes de emitir conclusiones sobre los hechos.Alejandro Armenta Mier indicó que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando diversos puntos de referencia y que cuenta con información cruzada sobre lo ocurrido. El enfoque se centra en promover acciones de integración comunitaria mediante actividades deportivas, culturales y artísticas como parte de la prevención.En este contexto, Samuel Aguilar Pala aseguró que en lo que va de 2026 no se tiene registro de linchamientos consumados en Puebla, aunque sí se han presentado intentos y casos de retención de personas en distintos municipios. Samuel Aguilar Pala explicó que el gobierno estatal ha reforzado la capacitación y actualización de los protocolos de actuación para prevenir estos hechos, principalmente a través de las áreas de prevención y seguridad pública.Respecto al caso de Tlachichuca, Samuel Aguilar Pala señaló que corresponderá al Ministerio Público y a los servicios médicos determinar las causas exactas del fallecimiento de un hombre que presuntamente fue trasladado a un hospital tras los hechos. Indicó que el deceso ocurrió en el camino, al llegar al hospital, y que se debe esperar el dictamen oficial para conocer el origen de la muerte.Por otro lado, Samuel Aguilar Pala destacó que la administración estatal mantiene operativos de seguridad y vigilancia en los límites con Oaxaca ante la movilidad de grupos delictivos entre ambas entidades. Se trabajará en reforzar la seguridad en los límites con Oaxaca y Acatlán, con reuniones para atender incidencias delictivas y fortalecer la coordinación interestatal en materia de seguridad.Las declaraciones se enmarcan en el seguimiento de los hechos en Tlachichuca y en las estrategias estatales para la prevención de linchamientos y el fortalecimiento de la cohesión social en los municipios. Las autoridades continúan con las acciones de capacitación y los operativos correspondientes en las zonas limítrofes.
Gobierno Municipales
Ramiro González Vieyra evade de nuevo a la justicia
Ramiro González Vieyra evade de nuevo a la justicia: finge enfermedad y frustra operativo de captura
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. En un episodio que ya parece guión repetido, Ramiro González Vieyra, presidente municipal con licencia de San Nicolás Buenos Aires, volvió a burlar a la justicia. Esta vez lo hizo sin correr ni esconderse: presentó un justificante médico y evitó comparecer ante un juez de control en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde lo esperaban agentes ministeriales con una orden de aprehensión activa.
La ausencia del mayor de los hermanos González Vieyra —conocidos en el argot político-regional como “los Uruvieles”— no sólo frustró el operativo planeado por la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que evidenció una vez más la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a personajes con poder político, redes familiares y asesoría jurídica sofisticada.
Según fuentes judiciales, la audiencia estaba programada desde hace días. El acusado había sido notificado formalmente. La Fiscalía esperaba que se presentara a rendir declaración, como parte de la carpeta abierta en su contra por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de venta y distribución, cargos que se desprenden de los cateos ejecutados el pasado 7 de marzo en la región.
Ese día, sus hermanos Giovanni y Uruviel fueron capturados; sin embargo, Ramiro escapó con ayuda de pobladores que bloquearon el paso a los ministeriales y armaron una especie de cerco comunitario para protegerlo. La imagen del edil prófugo, montado en una camioneta y saludando con soberbia, se convirtió en símbolo del colapso de autoridad.
Los amparos del miedo
Desde entonces, Ramiro González Vieyra ha sostenido su defensa legal a través de una batería de amparos interpuestos ante juzgados federales. Algunos buscan frenar su detención inmediata; otros intentan blindar a su círculo familiar: esposa, hijos y nietos. Abogados consultados aseguran que se trata de una estrategia jurídica que no sólo busca retrasar su detención, sino condicionar el proceso penal desde antes de su formalización.
No es menor el detalle: el edil con licencia mantiene recursos vigentes para proteger su patrimonio, su libertad personal y la de su familia, pese a estar acusado de delitos graves y con orden de aprehensión ejecutable.
Gobierno ausente y vacío de poder
En paralelo, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, reconoció recientemente que la licencia otorgada a Ramiro como alcalde de San Nicolás Buenos Aires está por vencer, lo que abre la puerta a que el Congreso del Estado nombre un Concejo Municipal que sustituya de manera definitiva al gobierno ausente.
La situación es similar a la que ya se resolvió con sus hermanos: los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma (Uruviel) y Tlachichuca (Giovanni) fueron disueltos, y en su lugar se instauraron gobiernos interinos mediante concejos aprobados por mayoría legislativa.
La diferencia es que en el caso de Ramiro, el Congreso aún no ha tomado medidas, a pesar de que se encuentra formalmente prófugo desde marzo y de que su administración está virtualmente paralizada. “No hay alcalde, no hay sesiones de cabildo, no hay decisiones públicas; el municipio está a la deriva”, señaló un funcionario local que pidió el anonimato.
Un sistema que protege al poder
El caso de los González Vieyra ilustra la persistente colusión entre estructuras del poder político y redes de protección criminal en Puebla, donde alcaldes pueden operar —y evadir la ley— durante años bajo el amparo de pactos tácitos, clientelismo y omisiones institucionales.
Ramiro, como sus hermanos, construyó un cacicazgo que combinó control territorial, manipulación de programas sociales y relaciones con actores del narcomenudeo local. Lo hizo sin contrapesos, protegido por partidos que lo arropaban según la coyuntura: PAN, PRI, Morena—según convenga al momento electoral.
Por ahora, su ausencia vuelve a ser tolerada. El “certificado médico” le dio al edil un día más de libertad, pero también un día más para replegarse y reorganizar su defensa. La Fiscalía guarda silencio sobre los detalles del operativo fallido y tampoco ha informado si el médico que firmó el justificante será investigado por encubrimiento.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más podrá Ramiro fingir estar enfermo, sin que el sistema admita estar podrido?
Tlachichuca bajo tensión: Aguilar Pala denuncia intento de boicot contra instalación del Concejo Municipal
📰 Tlachichuca bajo tensión: Aguilar Pala denuncia intento de boicot contra instalación del Concejo Municipal
Por José Herrera
Puebla, Pue. – La transición de poder en el municipio de Tlachichuca no fue tersa ni pacífica. La mañana de este miércoles, en pleno proceso de instalación del nuevo Concejo Municipal, se registró un intento de boicot, presuntamente encabezado por seguidores del exalcalde Giovanni González Vieyra, según denunció el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
🎙️ “Hubo personas que usaron perifoneo desde temprano para incitar a la gente a impedir que el nuevo Cabildo tomara posesión”, advirtió Aguilar Pala tras concluir la Mañanera del gobernador Alejandro Armenta.
El funcionario explicó que los intentos de sabotaje fueron contenidos a tiempo y que no se reportaron disturbios mayores. No obstante, advirtió sobre los riesgos que implica la desinformación y el uso de redes sociales como herramienta de agitación política.
⚠️ “Hay páginas y personas que desde el anonimato digital siembran discordia y provocan escenarios de violencia social. Esto no puede seguir así”, sentenció.
Un trasfondo político sin resolver
El episodio no puede analizarse aisladamente. Tlachichuca ha sido escenario de una creciente polarización política desde que el Congreso del Estado destituyó a su anterior edil. La llegada de Carmelo Amador Fuentes, empresario local y presidente designado del nuevo Concejo, responde a una intervención estatal que busca garantizar la gobernabilidad y restablecer los servicios básicos, como la recolección de basura y el abasto de agua.
🎤 “Yo no pedí estar aquí por gusto. Fui nombrado por el Congreso porque la seguridad del municipio estaba en juego. Estamos aquí para resolver problemas, no para provocarlos”, declaró Fuentes ante los inconformes.
La situación abre un nuevo capítulo en la tensión entre grupos locales con intereses particulares y un gobierno estatal que ha endurecido su discurso frente a actos de sabotaje político. El mensaje de Aguilar Pala no solo fue una condena, sino un llamado a cerrar filas ante la desestabilización promovida por actores fuera de las instituciones.
¿Una advertencia velada?
La postura del secretario no fue gratuita. El uso del perifoneo y las publicaciones en redes sociales para manipular el sentir popular revive viejas prácticas de cacicazgos locales, donde la desinformación ha sido históricamente usada como herramienta de control.
Desde una lectura crítica, lo ocurrido en Tlachichuca plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos otros municipios están al borde del colapso institucional, entre vacíos de poder, conflictos por el control del territorio y la presión social organizada desde la sombra?
La gobernabilidad en zonas rurales sigue siendo una bomba de tiempo. Y el caso de Tlachichuca, aunque aparentemente resuelto, es apenas un síntoma.
“Ni milpa, ni moches”: Armenta quiere barrer la corrupción desde el maíz hasta el mármol
Ni milpa, ni moches: la guerra moral de Armenta
El
gobernador quiere barrer la corrupción desde el maíz hasta el mármol
Por
Rodolfo Herrera Charolet
Puebla,
15 de mayo de 2025
El
gobernador Alejandro Armenta no está improvisando. Ni es un iluminado de último
minuto. Lo que plantea con su iniciativa “Ni milpa, ni moches” no es una
ocurrencia de campaña ni una frase pegajosa para redes sociales: es el primer
golpe —directo, seco, necesario— contra esa costumbre ancestral de hacer
política como quien administra una finca heredada: con moches, con cuotas, con
complicidades bajo la mesa.
Sí,
la corrupción en México tiene raíces tan hondas como una ceiba, y el gobernador
lo sabe. Lo ha visto. Lo ha vivido. Y por eso ha decidido cortarla desde el
tallo: en la tierra donde se gestan las candidaturas, donde florece la
ambición, donde se ofrecen cargos públicos como si fueran piñatas en manos de
patrocinadores. No es moralina, es diagnóstico. Y es también una advertencia.
“Las
campañas se han convertido en refugio de los quebrados”, dijo Armenta. Y no
miente. Hay quienes llegan al poder no para servir, sino para cobrarse lo que
invirtieron: bardas, espectaculares, desayunos con líderes de colonia. Esos son
los que buscan sembrar su milpa en cada oficina pública, esperando que les
crezca el contrato, la adjudicación, la nómina inflada.
El
gobernador pone el dedo en una llaga que muchos conocen, pero pocos se atreven
a mencionar. “Ni milpa, ni moches” no es sólo una ley: es una raya trazada con
tinta indeleble sobre la cartografía clientelar de la vieja política. Una
frontera ética en un sistema habituado a la transa como moneda de cambio.
Y
Armenta no está solo. Lo acompaña una ciudadanía harta. Molida. Cansada de que
los mismos de siempre lleguen con sonrisas de domingo a pedir el voto, para
luego atrincherarse en oficinas donde todo se cobra, todo se negocia y nada se
transparenta. Esa indignación no es nueva. Pero esta vez, alguien ha decidido
articularla en reformas, en leyes, en castigos.
Porque
la falta de transparencia también es corrupción. Y en los municipios es una
epidemia con licencia para operar. Ocultan contratos, maquillan cifras,
desaparecen licitaciones y facturan fantasmas. La opacidad es rentable. Y lo
saben.
Por
eso, la iniciativa del gobernador contempla penas más severas contra
funcionarios municipales que simulen rendición de cuentas, o peor: que
administren el silencio como forma de poder. Se acabó la impunidad para los
cínicos con fuero, los que se escudan en el “a mí no me toca” mientras reparten
el pastel entre amigos y parientes.
Los
ejemplos están frescos, hirviendo aún en la opinión pública. El caso de los
hermanos González Vieyra en Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás
Buenos Aires —una familia que convirtió al municipio en sucursal privada— es
apenas la punta de un iceberg que lleva años flotando entre nosotros,
pestilente e intocable.
O
el expediente abierto contra el presidente de Cuautempan, Gerardo Cortés
Caballero, señalado por cobros de piso, robo de mercancía y distribución de
drogas. Un alcalde prófugo. Un pueblo rehén de sus propios gobernantes. ¿Hasta
cuándo?
Pero
si hay una familia que merece capítulo aparte es la de los González Vieyra,
caciques de viejo cuño. Ramiro Margarito, patriarca de San Nicolás Buenos
Aires, y sus hijos —Uruviel y Giovanni— montaron su propio sistema feudal con
logo de partido. Movimiento Ciudadano les abrió la puerta y ellos convirtieron
los municipios en botines.
El
7 de marzo, la realidad les cayó encima. Operativos simultáneos de la Sedena,
Marina y FGR. Ranchos, armas, droga, aves exóticas. Todo lo que sabíamos, pero
que nadie tocaba. Todo lo que se había tolerado, hasta que la paciencia del
Estado se agotó.
En
2016, Uruviel adjudicó obras millonarias a empresas de su padre. En 2021, los
desvíos alcanzaban los 60 millones de pesos. Y, como suele pasar, todo estaba
documentado… pero ignorado. Hasta ahora.
Porque
“Ni milpa, ni moches” también es eso: un mensaje para los clanes que creen que
el municipio es una herencia, una tiendita donde se venden permisos, contratos
y votos. Se acabó, dice Armenta. Aunque duela. Aunque tiemblen los padrinos.
Aunque empiecen a girar —por fin— las órdenes de aprehensión.
Este
programa, anunció el gobernador, se aplicará en los tres niveles de gobierno.
Con ello, se busca una sacudida moral que toque desde el subsecretario hasta el
velador. “Vamos a barrer la escalera de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba”. La frase suena bíblica, sí, pero contiene una lógica revolucionaria:
la limpieza empieza desde la cúspide.
Habrá
quienes duden. Quienes digan que es más de lo mismo. Que ya hemos visto
cruzadas anticorrupción disfrazadas de cortina de humo. Pero en un país donde
el cinismo se ha institucionalizado y donde denunciar un moche puede costarte
el empleo o la vida, que un gobernador dé la cara y proponga cárcel para los
corruptos —de verdad, sin eufemismos— no es poca cosa.
La
iniciativa incluye sanciones ejemplares, reformas alineadas con la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero más allá del tecnicismo
jurídico, lo que importa es el mensaje: el poder ya no será un negocio. El que
quiera sembrar, que se vaya al campo, no a la administración pública.
Armenta
quiere que lo recuerden no por los espectáculos ni por las giras, sino por
haberle declarado la guerra a un sistema podrido. Por haber sacado la podadora
donde otros sacaron la chequera. Y eso, en un país de simulaciones, es un acto
de valor. No basta con decirlo. Hay que sostenerlo. Con leyes, con expedientes,
con detenciones. Con voluntad.
Porque
en Puebla —como en muchas partes del país— la política dejó de ser vocación
para convertirse en negocio de familia. Y si esta cruzada tiene éxito, no sólo
caerán algunos nombres: caerán estructuras, redes, pactos. Eso es lo que está
en juego.
Y
eso no es una nota de coyuntura. Es el inicio de una reconfiguración moral. La
política, como el campo, necesita rotación de cultivos. Y sobre todo, necesita
limpiar la tierra.
¿O
no lo cree usted?
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