Informe Ejecutivo de Incidentes de Alto Impacto en Tianguismanalco: entre el hartazgo ciudadano

 Informe Ejecutivo de Incidentes de Alto Impacto en Tianguismanalco: entre el hartazgo ciudadano

Una serie de hechos violentos, linchamientos frustrados y escándalos de narcomenudeo sacuden al municipio poblano de San Juan Tianguismanalco y sus alrededores. Bajo el mando del presidente municipal Juan Pérez Moral, quien asumió su segundo periodo en medio de denuncias de fraude electoral en 2018, el panorama de seguridad ha ido en deterioro, marcado por homicidios, impunidad y pérdida de confianza institucional.

El primer foco rojo fue la toma de protesta de Juan Pérez en el Hotel Lastra de la ciudad de Puebla, en septiembre de 2018, tras una elección envuelta en acusaciones de irregularidades. La población manifestó su inconformidad con protestas que auguraban inestabilidad política.

El 21 de agosto de 2019, el asesinato de Adrián N., alias “El Chirris”, hermano del edil, estremeció al municipio. Su cuerpo fue hallado en un taxi de la flotilla del alcalde, en la carretera Atzitzihuacán–San Juan Amecac. El crimen nunca fue esclarecido.

En diciembre de 2024, el homicidio de José Eladio Dorado, de 74 años, derivó en disturbios e intentos de linchamiento. Aunque la versión oficial apuntó a un asalto, testigos señalan que fue un fratricidio motivado por un conflicto agrario. La turba casi lincha a un hombre ajeno a los hechos.

Un mes después, el 16 de enero de 2025, Abraham Alejandro Luna, señalado como ladrón, fue golpeado y rescatado por autoridades tras otro intento de justicia comunitaria. Aunque se le hallaron objetos robados, la fiscalía tuvo que intervenir tras una agresión masiva que puso en riesgo su vida.

El 15 de marzo de 2025 se desmanteló una banda de robo de motocicletas, conocida como “Los Amos”, que operaba en Nealtican, San Nicolás de los Ranchos y Tianguismanalco. Se aseguró una casa con mercancía robada.

Una semana después, el 21 de marzo, elementos de la Policía Estatal Forestal fueron retenidos y casi linchados en San Baltazar Atlimeyaya, luego de decomisar carbón en una zona donde su extracción es tolerada por la Semarnat. Sólo el diálogo de la Secretaría de Gobernación evitó una tragedia.

El 29 de marzo, dos vigilantes de fraccionamientos, Alfonso Velázquez y Juan Carlos Peñuela, fueron sorprendidos con cocaína mientras bebían en la vía pública. El alcalde ordenó su liberación inmediata, pese a las evidencias.

Finalmente, el 26 de abril, tres personas fueron agredidas y casi linchadas tras ser sorprendidas con autopartes robadas. Una turba las condujo a una zona montañosa. Sólo un operativo de rescate impidió su muerte. Incluso la delegada regional de Gobernación fue retenida momentáneamente. El saldo: tres heridos hospitalizados y dos bodegas aseguradas.

La violencia recurrente, la impunidad institucional y el desgaste del tejido social son ya el sello de una administración que navega entre la desconfianza y el caos.

Tianguismanalco: Peculado, corrupción y delincuencia organizada

Tianguismanalco: Peculado, corrupción y delincuencia organizada

Por José Herrera

TIANGUISMANALCO, PUE.– Lo que alguna vez fue una comunidad agrícola pacífica al pie de la Sierra Nevada, hoy enfrenta un preocupante deterioro institucional y social. Tianguismanalco, municipio de la región de Atlixco, ha sido escenario, en los últimos años, de un fenómeno creciente de violencia comunitaria, feminicidios, trata de personas, extorsiones y presunta complicidad del poder municipal con redes de corrupción y delincuencia organizada.

Entre la Sierra y la impunidad

Con poco más de 11 mil habitantes según el Censo de 2020, este municipio enclavado entre campos de maíz y sembradíos de flores, ha comenzado a aparecer en los registros de la Fiscalía General del Estado no por su producción agrícola, sino por su incremento sostenido de delitos que afectan la paz social.

El municipio, con un índice de marginación medio y escaso acceso a servicios de salud especializados, enfrenta desde hace al menos cinco años una crisis de seguridad pública marcada por la justicia por propia mano, una administración cuestionada por actos de corrupción y la creciente infiltración del crimen organizado.

Linchamientos: la ley del pueblo

Cinco intentos de linchamiento en apenas cinco meses –entre diciembre de 2024 y abril de 2025– reflejan la ruptura del tejido institucional. En lugar de intervenir para proteger la vida de los presuntos delincuentes, el presidente municipal Juan Pérez Moral habría ordenado su entrega a la población, según testimonios de los propios habitantes.

La tarde del 26 de abril de 2025, dos hombres y una mujer fueron detenidos por pobladores y, antes del mediodía siguiente, entregados a una turba que pretendía ajusticiarlos. De acuerdo con fuentes locales, las órdenes habrían salido directamente del edil: “Entréguenlos en caliente”, una consigna que viola todo protocolo de actuación y derechos humanos.

No es un hecho aislado. La actitud del edil ha sido constante ante estos episodios, dejando entrever una preocupante indiferencia, cuando no complicidad con los actos violentos cometidos por civiles.

Feminicidios y violencia de género

En julio de 2024, en la comunidad de San Francisco Buenavista, fue hallado el cuerpo de una mujer con huellas de violencia extrema: múltiples heridas por arma blanca y golpes. La carpeta de investigación permanece abierta, sin avances significativos. El crimen no es único. Casos similares, muchos no denunciados por temor o estigmatización, han sido señalados por organizaciones civiles locales que claman por la activación de una alerta de violencia de género en el municipio.

Los delitos cometidos contra la familia representan un porcentaje creciente de la incidencia delictiva. La violencia doméstica, según fuentes de la Fiscalía, es recurrente, pero la mayoría de las denuncias quedan archivadas sin seguimiento.

Trata de personas: el delito invisible

Tianguismanalco también ha sido señalado como punto de captación de mujeres jóvenes por parte de bandas dedicadas a la trata con fines de explotación sexual. En tres años se han documentado al menos siete casos, pero defensores de derechos humanos advierten que la cifra podría ser mayor, debido al silencio institucional y social que rodea este delito. El tema es un tabú. Las víctimas, cuando regresan, son invisibilizadas y revictimizadas.

Extorsión institucional

A la violencia social se suma la violencia institucional. Campesinos de la zona han denunciado presuntas extorsiones de parte de elementos de la Policía Estatal, quienes exigen pagos de entre 5,000 y 20,000 pesos a cambio de permitir la libre circulación o evitar inspecciones arbitrarias.

En muchos casos, los afectados son productores agrícolas que apenas logran cubrir sus costos de producción. Las denuncias interpuestas no han tenido respuesta. La omisión de la autoridad municipal ante estos señalamientos ha reforzado la percepción de colusión.

Corrupción patrimonial y enriquecimiento ilícito

El 44% de los delitos registrados en Tianguismanalco entre 2019 y 2025 están relacionados con el robo, fraude, despojo y daño a la propiedad ajena, de acuerdo con datos de la Fiscalía estatal. Pero el mayor escándalo no se encuentra en las cifras sino en los bienes del propio presidente municipal.

Juan Pérez Moral, quien ha gobernado Tianguismanalco en tres ocasiones (2011-2014 por el PAN, 2018-2021 por el PT y actualmente 2024-2027 por Morena), es señalado por presunto peculado y uso indebido de recursos públicos. Campesino de origen, hoy figura como propietario de al menos 30 taxis irregulares, una flotilla de transporte de carga, y tres vehículos de lujo: un Lamborghini, un BMW y un Ford Coupe.

En febrero de 2025, habría adquirido una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2025, presuntamente con recursos de la presidencia municipal. La Secretaría de Movilidad y Transporte no ha registrado placas de servicio mercantil a su nombre o el de sus familiares, lo que indica operaciones fuera del marco legal.

Silencio desde el Congreso y la Auditoría

A pesar de los señalamientos y evidencia testimonial, ni el Congreso del Estado ni la Auditoría Superior del Estado han emitido recomendaciones públicas o iniciado procesos formales de revisión del gasto en Tianguismanalco. La opacidad en el manejo de recursos y el evidente enriquecimiento del edil han sido denunciados por ciudadanos en medios locales y redes sociales, sin que hasta ahora haya consecuencias.

Organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación integral que permita esclarecer el posible desvío de recursos, la relación del edil con grupos delictivos y la sistemática violación de derechos humanos ocurrida bajo su mandato.

Eprensa solicitó entrevista con el presidente municipal Juan Pérez Moral, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Que el Cardiologo Pérez no manejaba su Porsche

 El abogado defensor de Juan Carlos P.A., reconocido cardiólogo y propietario del Porsche involucrado en un accidente que dejó a dos motociclistas heridos en la Vía Atlixcáyotl, argumentó que el médico no conducía el vehículo al momento del incidente. Según su defensa, quien iba al volante era el chófer del médico. Además, el abogado explicó que, si bien la copiloto de la motocicleta presentó lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica, el seguro del vehículo cubrió todos los gastos médicos.

La defensa subrayó también que, de acuerdo con la versión de los hechos, el Porsche no viajaba a exceso de velocidad; en cambio, la pareja de motociclistas supuestamente circulaba sin casco y con las luces apagadas. Estas circunstancias, según el abogado, habrían contribuido al accidente, aunque en términos de responsabilidad, el médico acordó cubrir los gastos médicos y proporcionar una nueva motocicleta como reparación del daño.

En el ámbito legal, los derechos de las víctimas de accidentes viales en México están amparados por el Código Penal Federal y la Ley General de Víctimas, los cuales estipulan que la persona responsable del accidente, incluso si es por vía de su representación o propiedad del vehículo, debe garantizar una reparación integral del daño (Artículos 30 y 36 de la Ley General de Víctimas). Esta reparación puede incluir desde gastos médicos hasta compensación económica, 03-11-2024

Médico goza de impunidad por corrupción

Médico goza de impunidad por corrupción

 

 Medios informativos poblanos acusaron a las autoridades estatales de la impunidad de la cual goza el prestigiado cardiólogo, tras afirmar que Juan Carlos P.A. es médico de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien convirtió el Hospital General Sur –en especial el área de la sala hemodinámica– en una auténtica clínica privada, que algunos estiman que le habría dejado por lo menos 100 millones de pesos de ganancias y que ocurrió al amparo de Jorge Aguilar Chedraui, quien fue el primer secretario de Salud del gobierno morenovallista. (La Jornada de Oriente, 2019)

Según el periodista Fermín García "P.A. captaba enfermos con graves problemas cardiacos en hospitales privados y los operaba en el Hospital General Sur, utilizando recursos públicos, para luego cobrarles la atención y los insumos como recursos privados... el entonces gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, tuvo en sus manos la posibilidad de procesar penalmente a Juan Carlos P.A., pero al final lo perdonó debido a favores médicos que este galeno hizo en beneficio del entonces mandatario. Aunque al final, Gali lo dejó fuera de la Ssa.":

Destituido también de la Asociación de Cardiología

Médicos por ética decidieron no callarse las anomalías que cometía P.A. y documentaron los abusos. Eso provocó que este personaje fuera destituido de un importante cargo directivo que tenía en la Asociación Nacional de Cardiología. (La Jornada de Oriente, 2019)

Tras las publicaciones realizadas por Fermín García, el cardiólogo P.A. denunció civilmente al periodista y a cinco cardiólogos poblanos por haber procedido a su destitución, gozando en ese entonces de la protección del morenovallismo, como consta en la sentencia del 10 de junio de 2019, cuando un juez determinó en definitiva que era improcedente el juicio civil que emprendió contra los médicos y quien escribió la nota periodística. El juez que llevó el caso determinó que no había una acción probada contra Carlos Javier del Sagrado Corazón de Jesús González Álvarez, Erick Domínguez Cano, Enrique Ramos Cházaro, Sergio Arturo Flores Velasco, José Antonio Velazco Bárcena, Fermín Alejandro García Hernández y La Jornada de Oriente.

El abogado defensor logró poner en evidencia que Juan Carlos P.A. no tiene la manera de justificar sus cuestionadas prácticas dentro de la Secretaría de Salud.

Médicos que solicitaron mantener el anonimato documentaron y proporcionaron detalles de las irregularidades cometidas durante la gestión del cardiólogo P.A. al frente de la unidad de cardiología de la Secretaría de Salud.

Corrupción en la Secretaría de Salud de Puebla: El Caso de la Sala Hemodinámica del Hospital General Sur

Con el apoyo del gobierno de Melquiades Morales Flores, el cardiólogo Carlos Javier González Álvarez elaboró un diagnóstico que reveló serias carencias en la atención a pacientes con problemas cardiacos en los hospitales de la Secretaría de Salud de Puebla (Ssa). Ante esta situación, en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte, se construyó una sala hemodinámica en el Hospital General Sur. Esta sala, con una inversión superior a los 110 millones de pesos, se convirtió en una de las instalaciones más avanzadas y costosas dentro de los nosocomios públicos del país, ofreciendo una alternativa de primer nivel para salvar la vida de cientos de pacientes que no podían acceder a la medicina privada (González Álvarez, 2021).

La sala hemodinámica del Hospital General Sur no solo mejoró significativamente la capacidad de atención médica en Puebla, sino que también simbolizó un esfuerzo por parte del gobierno estatal para equiparar la infraestructura sanitaria pública con estándares internacionales. Sin embargo, esta mejora fue prematuramente interrumpida por la llegada de Jorge Aguilar Chedraui a la titularidad de la Ssa, iniciando un largo periodo de anomalías y actos de corrupción (Martínez, 2023).

Jorge Aguilar Chedraui, quien posteriormente fue identificado como uno de los principales exfuncionarios bajo investigación por actos de corrupción dentro del morenovallismo, tomó medidas que comprometieron la integridad de la sala hemodinámica. Aguilar Chedraui despidió al cardiólogo Carlos Javier González Álvarez y lo reemplazó por Juan Carlos P.A., un médico que había trabajado durante varios años bajo la protección de altos funcionarios de la Secretaría de Salud (López, 2024).

Prácticas Corruptas de Juan Carlos P.A.

Juan Carlos P.A. implementó un esquema de corrupción que consistía en desviar recursos públicos destinados a pacientes con problemas cardiacos hacia el sector privado. Según fuentes confiables, P.A. ofrecía servicios médicos más económicos a pacientes de hospitales privados que no podían costear los altos precios, pero mantenía en secreto esta operación para evitar la detección. Los pacientes eran transportados por ambulancias de la empresa Suma bajo el pretexto de llamadas de emergencia, pero una vez en el Hospital General Sur, se utilizaban quirófanos, insumos, personal médico y fármacos destinados para derechohabientes a precios privados (Ramírez, 2023).

Un ejemplo alarmante de esta corrupción fue la venta de stents a precios significativamente reducidos. Mientras un stent en un hospital privado costaba alrededor de 150 mil pesos, P.A. lo vendía en el Hospital General Sur por solo 50 mil pesos, utilizando insumos públicos sin autorización. Además, cuando un paciente requería la colocación de cinco stents, P.A. solo colocaba dos y vendía los tres restantes en la medicina privada, generando un beneficio económico personal a costa de los recursos públicos (Gómez, 2024).

Impacto y Reacciones

Estas prácticas no solo afectaron la calidad de la atención médica en el Hospital General Sur, sino que también minaron la confianza de la comunidad en las instituciones de salud pública. Las denuncias de estas irregularidades comenzaron a surgir a través de testimonios de empleados y pacientes, así como de investigaciones independientes realizadas por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción y el maltrato animal (Sánchez & Pérez, 2022).

Las autoridades estatales, bajo presión pública y mediática, iniciaron una investigación formal sobre las actividades de Juan Carlos P.A.. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones de salud pública en México.

Fundamentación Legal

La corrupción en la gestión de recursos públicos está sancionada por diversas leyes y normativas en México. Según el Código Penal Federal, se castiga severamente a quienes cometan delitos de peculado y corrupción, especialmente aquellos que involucran el uso indebido de recursos destinados a servicios esenciales como la salud (Código Penal Federal, 2019). Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece procedimientos claros para la investigación y sanción de actos de corrupción por parte de servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas, 2016).

En el contexto específico de la salud, la Ley de Salud de Puebla y la Ley de Protección de Datos Personales en Población también imponen obligaciones estrictas sobre el manejo de recursos y la confidencialidad de la información médica, buscando proteger tanto a los pacientes como a los sistemas de salud de abusos y negligencias (Ley de Salud de Puebla, 2020).

El caso de Juan Carlos P.A. y la sala hemodinámica del Hospital General Sur en Puebla es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede socavar los esfuerzos para mejorar la infraestructura sanitaria pública. La intervención de altos funcionarios como Jorge Aguilar Chedraui y las prácticas deshonestas de P.A. han tenido un impacto negativo en la calidad de la atención médica y en la confianza de la comunidad en las instituciones de salud. Este caso subraya la importancia de implementar y fortalecer medidas de transparencia y control para prevenir futuros actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y eficiente en beneficio de la sociedad.

Especialidad en Cardiología cuestionada

Juan Carlos P.A. es médico cirujano de la UPAEP con Cédula Profesional 2191051 expedida en el año de 1995. Estudio especialidad en Cardiología en España, apostilló su título en México en el año 2008 Cédula Profesional 5777197 relacionado con el título expedido por el Instituto Clínico de Malalties Cardiovasculares de Madrid.

Aún cuando en "Doctoralia" y otros sitios de autopromoción indica que:

 

Expulsado de la Asociación Nacional de Cardiología, no se le permitió asumir la presidencia del Colegio de Cardiología de Puebla, derivado de presuntas prácticas deshonestas y falta de mejor preparación académica, especialidad que ha logrado más en la práctica que en el estudio universitario.  tras la inauguración de la Sala de Hemodinámica de la Secretaría de Salud de esa entidad.

Opinión imprudente por la muerte de Barbosa

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, en diciembre de 2022 negó rotundamente que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta haya sido víctima de negligencia médica antes de su fallecimiento. Durante una rueda de prensa, Martínez García desmintió las acusaciones y señaló directamente al cardiólogo Juan Carlos P.A. como responsable de difundir información incorrecta respecto a las circunstancias del deceso del exgobernador.

Martínez García explicó que las declaraciones de P.A., emitidas en una entrevista con un medio local, carecen de fundamento y han generado confusión pública. El funcionario defendió el trato médico recibido por Barbosa Huerta y aseguró que la atención fue adecuada y conforme a los protocolos médicos correspondientes, reiterando la importancia de basarse en datos médicos oficiales para evitar especulaciones (Martínez García, 2024).

Referencias

- Código Penal Federal. (2019). Ley de Ejecución Penal. Diario Oficial de la Federación.

- Fundación Gonzalo Río Arronte. (2021). Informe anual de inversiones en salud*. Puebla: Fundación Gonzalo Río Arronte.

- Gómez, P. (2024). El impacto de la corrupción en la atención médica pública. El Colegio de México.

- González Álvarez, C. J. (2021). Diagnóstico de la atención cardiaca en Puebla. Instituto Cardiovascular de Puebla.

- Ley de Salud de Puebla. (2020). Reglamento para la protección de la salud pública. Diario Oficial de Puebla.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas. (2016). Ley para Regular las Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la Federación.

- López, A. (2024). Corrupción en la Secretaría de Salud de Puebla: El caso de Juan Carlos P.A.. Revista de Ética Pública, 15(2), 89-104.

- Martínez García, J. A. (2024). Declaraciones del secretario de Salud sobre la muerte del exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Secretaría de Salud de Puebla.

- Martínez, L. (2023). Anomalías y corrupción en la administración pública de Puebla. Editorial Universitaria de Puebla.

- Ramírez, M. (2023). Prácticas corruptas en hospitales públicos: Un estudio de caso en Puebla. Universidad Autónoma de Puebla.

- Sánchez, R., & Pérez, E. (2022). Investigaciones sobre corrupción en la salud pública mexicana. Fondo de Cultura Económica.

- La Jornada de Oriente (2019) Impune, el caso del médico P.A., que convirtió el Hospital General Sur en su clínica privada. Recuperado el 3 de Noviembre de 2024 publicación del 24 de junio de 2019.  https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/impune-el-caso-del-medico-perez-alva-que-convirtio-el-hospital-general-sur-en-su-clinica-privada/

 

 

Contenido relacionado: 

https://faunapoliticamx.blogspot.com/2024/11/identifican-al-cardiologo-como-el.html

Identifican al cardiólogo como el conductor del Porsche que atropelló a motociclistas

  Identifican al cardiólogo como el conductor del Porsche que atropelló a motociclistas.

El cardiólogo Juan Carlos P.A., reconocido médico del Instituto Cardiovascular de Puebla e influencer, fue identificado como el propietario del Porsche azul involucrado en el grave accidente que dejó a dos motociclistas heridos en la Vía Atlixcáyotl el pasado sábado 2 de noviembre. Las víctimas, una pareja de motociclistas, sufrieron múltiples lesiones, incluyendo fracturas expuestas, tras ser impactados por el vehículo deportivo a la altura de Plaza Ventura.

Según fuentes cercanas, Juan Carlos P. es conocido en la zona por su afición a los arrancones en su Porsche 911, y en los últimos tres meses habría acumulado alrededor de ocho fotomultas por exceso de velocidad, en un período comprendido entre julio y octubre. Además, el cardiólogo tiene antecedentes de escapar de las autoridades durante estas carreras, lo que aparentemente sucedió de nuevo tras este último incidente. De acuerdo con testigos, el conductor abandonó el lugar a pie, dejando en el asiento del copiloto dos espadas, que formaban parte de un disfraz.

A través de redes sociales, se han compartido imágenes de Juan Carlos P. posando con el mismo Porsche involucrado en el accidente, lo que ha generado una gran polémica y ha puesto en el centro de la atención su conducta al volante. Las autoridades han comenzado una investigación más profunda con la información del vehículo y otros registros, y ya se encuentran en la búsqueda activa del conductor para enfrentar los cargos correspondientes.

Los motociclistas fueron trasladados a un hospital donde reciben atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Afortunadamente, lograron sobrevivir al impacto, pero su estado de salud sigue siendo delicado.

Aspectos Legales y Consecuencias

El Código Penal de Puebla sanciona con penas de prisión a los responsables de lesiones graves derivadas de accidentes de tránsito, especialmente en casos de conducción temeraria. De comprobarse la participación de Juan Carlos P. en este accidente y su historial de infracciones, el médico podría enfrentar no solo sanciones administrativas sino también responsabilidades penales por daños y lesiones causados por su conducción imprudente.

Historial de fotomultas

Derivado a su conducción imprudente el gobierno del Estado le ha impuesto multas por $265,951.30 derivado a 290 infracciones por exceso de velocidad (más de 100 km/h en promedio) acumuladas desde 25 de octubre de 2020, que le fue impuesta la primera por conducir a 131 km/h únicamente ha pagado 97 que fue la del 21 de octubre de 2021 por conducir a 120 km/h. Posteriormente tras 193 multas pendientes por pagar, las cuales suman un importe de $180,388.30, las autoridades no ha procedido legalmente para su cobro y en su caso las sanciones penales correspondientes por configurarse la conducción imprudente, que ahora derivó en el atropellamiento de motociclistas.

Conducta delictiva

Conocido entre los médicos cardiólogos como carente de ética y amante del exceso de velocidad, fue destituido (se le pidió su renuncia) del Hospital General del Sur, tras encontrarse faltante de válvulas Stent y de Aorta, mismas que habrían sido colocadas a pacientes particulares. Irregularidad que fue solapada por autoridades del gobierno del Estado.

Seguir información >>> https://eprensa.blogspot.com/2024/11/medico-goza-de-impunidad-por-corrupcion.html

La Señora Piña: Una mamita de cuidado

  

La señora Piña una mamita de cuidado

·        Sin conocerse sus ingresos adquirió propiedades por más de 12 mdp en tres años.

Susana Piña Prieto Madre de Mario Gerardo Riestra Piña habría adquirido propiedades en el Caribe mexicano por más de 12 millones de pesos, por conducto del corredor inmobiliario en Quintana Roo, Luis Adrián Ibarra Ortega vinculado  en supuestos nexos con el cártel del rumano Florián Tudor alias El Tiburón; líder de la mafia rumana en el Pacífico, actualmente privado de su libertad  en el penal de máxima seguridad del Altiplano; acusado por delitos de delincuencia organizada, trata de personas, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Documentado por medios informativos locales.

A la señora Piña Prieto y a Mario Riestra se les relaciona con las empresas Motor Puebla S.A. de C.V., Unión de Productores Gastronómicos de Puebla y ABNB Servicios, S.A. de C.V., cuyas empresas no reportaron ingresos suficientes para adquirir las propiedades indicadas en dicho periodo. Ni tampoco se relaciona en sus declaraciones patrimoniales individuales.

Mario Riestra Piña y Rafael Guzmán Hernández, constituyeron el 24 de agosto de 2018 la empresa ABNB Servicios, S.A. de C.V. mediante instrumento 19437 Vol. 187 FME: N-2018075401 de la Notaría Pública de Puebla a cargo del Lic. Miguel Ángel Tejeda Ortega, con un capital social de $500,000.00 con partes accionarias iguales. Empresa con 85 giros comerciales distintos, representada legalmente por su Administrador Único, Rafael Guzmán Hernández y Comisario Juan Carlos Torres Villegas.

 

Adquisición de predios

Susana Piña Prieto en el año 2021 inició la adquisición de predios en el Caribe mexicano en la que habría intervenido Luis Adrián Ibarra Ortega.

En 2021 mediante Instrumento 1743, Volumen 13, Tomo “A”, folios 12072 al 12080, de la Notaría Pública número 28 Lic. Jaun Macari Jorge, el predio de 1200 metros cuadrados, Ubicado en el Lote 1-07, Manzana 79, Supermanzana 248, en Isla Mujeres, por un monto de 3.7 millones de pesos, folio 405922, del Registro Público de la Propiedad (RPP) de Quintana Roo.

En 2022 por 2.8 millones de pesos, un terreno de 1064 metros cuadrados ubicado en el Lote 1-07, Manzana 51, Supermanzana 107 en el municipio de Benito Juárez, (Cancún) como consta en el folio 423599, del RPP de Quintana Roo.  Escritura pública 457 Notario Público Lic. Luis Enrique Fierro Sosa.

En enero de 2023 por 3.1 millones un predio de 1000 metros cuadrados ubicado en Lote 7-03, Manzana 85, Supermanzana 248, Isla Mujeres; Folio 459070 RPP Quintana Roo. Instrumento 5808, volumen 33, Tomo C, de la Notaría 93 Lic. Jorge Julián Pereyra Escudero.

En mayo 2023 por 2.5 millones un predio de 899 metros cuadrados ubicado en Región 33, lote 001-2, Manzana 20, Playa del Carmen, Quintana Roo; Folio 71560 RPP Quintana Roo.

 

Empresario asociado a la “mafia rumana”

Luis Adrián Ibarra Ortega representante legal de Administradora de Playas S de RL de CV y otras trece empresas, fue implicado en el presunto desvío de recursos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en Quintana Roo, que encabezó Laura Lynn Fernández Piña en la administración 2016-2021 y que llegó al gobierno a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e incluyó a su líder nacional Jorge Emilio González Martínez, según investigación de la UIF y de la FGR.

Ibarra Ortega derivado de sus actividades empresariales sospechosas fue involucrado, al igual que Florián Tudor “El Tiburón”, en el “blanqueamiento de capitales” al transferir dinero ilícito a Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumania, así como delitos cibernéticos, lavado de dinero, explotación sexual, extorsión. Ambos relacionados con Remberto Estrada Barba, alias Rembi, quien fungió como presidente municipal de Benito Juárez de 2016 a 2018 y quien también fue diputado federal por PRI-Verde-Alianza

Ibarra Ortega también se vincula con Oscar Benito Talavera Cuevas, socio de otras tres empresas, además de la que ambos son socios. Quien también es investigado por la UIF y la FGR por sus presuntos vínculos y actos de corrupción de  Laura Lynn Fernández Piña.

 

Escándalos de corrupción

Sin embargo los escándalos de corrupción del “Clan Riestra Piña” no son nuevos, en septiembre de 2020, el entonces diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla propuso un punto de acuerdo para investigar a Rodrigo Riestra Piña quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, tras el enfrentamiento y destitución de su titular Julio Cesar Lorenzini Rangel que regresó a su curul federal, tras nueve meses de desempeño. Escándalo de sobrecostos en adquisiciones de la dependencia, comisiones y otras regularidades llevaron a enfrentar investigaciones del órgano fiscalizador, cuando aún Rodrigo Riestra se desempeñaba como subsecretario.

Durante el morenovallismo, Mario Riestra Piña se desempeñó como Secretario General del Ayuntamiento de Puebla y su hermana Susana Riestra Piña como Secretaría de Desarrollo Social. Razón por la cual Gabriel Biestro solicitó a la Fiscalía Especializada que investigara a los funcionarios de la administración pública estatal y municipal en los periodos comprendidos entre febrero de 2011 y diciembre de 2018.

En su punto de acuerdo, Biestro sostuvo que durante el morenovallismo, se realizaron intentos patrimonialistas de utilizar el dinero del erario público como si fuese patrimonio personal de una “banda de ladrones”. Los entonces funcionarios del “Clan Riestra Piña” utilizaron al gobierno como fachada para un grupo del crimen organizado, que perpetraron fraudes al erario, como los terrenos del parque Flor del Bosque y la zona Audi, donde actuó uno de los hermanos.

“Todos sus actos fueron con miras en negocios personales, las adquisiciones de medicamentos, para la seguridad pública, los sistemas operadores del transporte, las obras faraónicas, léase el Museo Internacional Barroco, la Rueda, hasta las convenciones y espectáculos fueron con el único objeto de robarle el dinero al pueblo y eso no puede ni debe quedar impune”, afirmó Biestro.

En defensa del “Clan Riestra Piña” el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez, propuso el 14 de octubre de 2019 que el punto de acuerdo regresara a estudio, hasta que existan denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras su defensa realizada, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Francisco José Romero Serrano, un año después, el 30 de octubre de 2020 presentó la denuncia[1], pero en contra del diputado por actos de corrupción y uso de Empresas que Facturaron Operaciones Simuladas y no había comprobado más de 62 millones de pesos, durante su administración 2014-2018, como presidente municipal de Huejotzingo. Esta denuncia lo llevó a abandonar su curul, para escapar de la acción de la justicia y preparar su defensa.

Durante el morenovallismo las Empresas que Facturaron Operaciones Simuladas, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, del 1 de febrero de 2011 al 31 de julio de 2019, fue por un monto superior a 485 millones ($485,935,814.26), importe que no incluye los desfalcos perpetrados en los gobiernos municipales, otras dependencias del gobierno del Estado y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que motivó al Auditor Superior a presentar las denuncias correspondientes.

Red empresarial Ibarra Ortega

La Red empresarial creada por Luis Adrián Ibarra Ortega, con la cual Susana Piña Prieto madre del “Clan Riestra Piña” estableció contacto y realizó negocios, no es distinta a las Redes empresariales que utilizaron EFOS para cometer fraudes fiscales en territorio poblano, con similar “modus operandi” y “errores” operativos. Impunidad cotidiana durante el morenovallismo.

Las catorce empresas que integran la Red Ibarra Ortega, sin incluir a las empresas de la Red Tudor, en la que es socio Luis Adrián Ibarra Ortega son:

1.- ADMINISTRADORA DE PLAYAS, S. DE R.L. DE C.V.

2.- ADMINREST DEL PUERTO S DE R.L. DE C.V.

3.- ALIADOS SAJUA, S. DE R.L. DE C.V.    

4.- ARRENDADORA TURISTICA SOL Y ARENA, S.A. DE C.V.

5.- BARLOVENTO 21 S DE R.L. DE C.V.

6.- COMERCIALIZADORA LIMPIX, S. DE R.L. DE C.V.

7.- DOCK&FOOD CARIBBEAN, S.A. DE C.V.

8.- LA ROCA 33, S. DE R.L. DE C.V.

9.- MARINA PUERTO DE ABRIGO DE ISLA MUJERES, S.A. DE C.V.

10.- OPEHOTELEROS BOUTIQUE S.R.L. C.V.

11.- PLUS COMFORT SERVICE, S.A. DE C.V.

12.- PRODUCCIÓN RURAL DE QUINTANA ROO, S.P.R. DE R.L. de C.V.

13.- TRANSPORTADORA TURISTICA SOL Y ARENA, S.A. DE C.V.

14.- TRAVEL AND INCENTIVE MANAGEMENT, S.A. DE C.V.

 

Testaferros y amigos

Bruno Lee Taveira Da Costa Pechir candidato suplente de Mario Riestra Piña a la presidencia municipal de Puebla es socio de diversas empresas, relacionadas con la industria restaurantera, entre ellas:

1.- ALTOS TERMINADOS PRIMARIOS S.P.R DE R.I.

2.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAGER, S.A. DE C.V.

3.- TAGERS IN DA HOUSE, S.A. DE C.V.

4.- XOCHIPILI HERBOLARY GLOBAL SOLUTIONS S.A. DE C. V.

 

Bruno Lee Taveira Da Costa Pechir

1.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAGER, S.A. DE C.V.

Los hermanos Jorge Alan y Jordi Andrés González Vázquez, son socios de:

1.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAGER, S.A. DE C.V.

2.- TAGERS IN DA HOUSE, S.A. DE C.V.

 

Conclusión:

En toda la trama de las denuncias sobre corrupción y actos presuntamente ilegales, el “Clan Riestra Piña” no sale bien librado, en especial cuando se documenta (al menos periodísticamente) los millonarios negocios de doña mamita Piña. Hechos que en ocasión quedan impunes, gracias a la complicidad, corrupción y redes de poder.

¿O no lo cree usted?

 

---

[1] https://twitter.com/aud_francisco/status/1322350189248741381?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1322350189248741381%7Ctwgr%5Eda0b360d2f7c49ed3cda93689fc4e96bc284fb68%7Ctwcon%5Es1 

Detecta ASF irregularidades en cuenta pública

  Pagos excesivos, deducciones improcedentes, falta de coincidencia entre documentación comprobatoria y lo gastado, y pagos posteriores a la fecha de baja de trabajadores son algunas irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que ocasionaron un probable quebranto hasta por 2 mil 478 millones 851 mil 400 pesos en 2021, durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.

De acuerdo con la tercera entrega del Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta Pública 2021, el probable daño o perjuicio a la hacienda pública por el monto antes mencionado se ocasionó a las participaciones federales para las entidades federativas.

En el monto más alto, por 723 millones 647 mil pesos, la observación de la ASF es para que el gobierno de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria dio información de adquisiciones, arrendamientos y servicios que no coincide con lo informado en el reporte del destino del gasto.

El segundo monto más elevado presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 593 millones 458 mil 828 pesos por realizar pagos excesivos a 29,580 trabajadores.

Además, se detectaron irregularidades en 350 millones 643 mil 836 pesos en recursos de las participaciones federales a entidades federativas de los que se ignora su destino o, en su caso, la permanencia del monto en las cuentas bancarias donde se administraron las participaciones federales.

Existen también irregularidades por 10 millones 139 mil 363 pesos porque el gobierno del estado realizó pagos a mil 494 trabajadores que excedieron los montos en el tabulador autorizado; y por 826 mil 802 pesos por realizar pagos a 92 trabajadores después de la fecha de baja.

Además, la ASF presumió un probable daño por 142 millones 178 mil 245 pesos porque no la administración estatal no acredita la entrega respecto de los contratos CAD/01/FEBDGA/2021, SSP-SDIAP-C-009/2021, DABS/GESAIL-008/SA/138/2021, DABS/GESAIL-008/SA/139/2021, DABS/GESAIL-008/SA/137/2021, DABS/GESAL-002/SSP/004/2021, DABS/GESAL-180/SSEP/341/2020 y al expediente "varios", correspondiente a Gastos de Operación.

También se detectó el pago a mil 762 trabajadores que ya no laboraban en la administración barbosista, por un monto que asciende a 45 millones 258 mil 455 pesos; y el pago de 46 millones 852 mil 58 pesos a mil 854 trabajadores que dejaron de laborar para el gobierno del estado meses antes.

En un comunicado, el gobierno del estado que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que “la administración estatal dará atención dentro de los plazos establecidos por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para presentar la información y realizar las aclaraciones correspondientes, toda vez que las observaciones no son definitivas”.

22 de febrero de 2023