Concesión MMA

 En agosto de 2003, un grupo de diputados de cuatro partidos distintos cruzó las líneas de la disciplina parlamentaria para hacer algo poco habitual en la política poblana de esos años: firmar juntos, con nombre y apellido, una denuncia formal contra el presidente municipal de Puebla. No era un desplegado simbólico ni una rueda de prensa de un solo día. Era un escrito de más de cien páginas dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el que acusaban a Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma de haber entregado, el 22 de enero de ese mismo año, un título de concesión que —según ellos— lesionaba el patrimonio municipal, simulaba un acto jurídico y cerraba la competencia en un servicio esencial: el alumbrado público.

Al frente de esa oposición aparece José Rodolfo Herrera Charolet, diputado de Convergencia. Lo acompañan Jesús Edgar Alonso Cañete y Odón Abad Sidar Fierro, del PRD; Armando Pascual Herrera Guzmán, del Partido del Trabajo; y un bloque priista encabezado por Carlos Manuel Meza Viveros, Javier López Zavala, Alejandro Armenta Mier, Humberto Vázquez Arroyo, Gregorio Raúl Flores Rosas y Jorge Arnulfo Camacho Foglia. En la foja final también quedan las rúbricas de Armando Pascual Pereira Guerra y de otros legisladores de la Quincuagésima Quinta Legislatura. El domicilio procesal que señalaron no era el Palacio Legislativo: era una privada de la 29 Oriente, en la colonia El Mirador. Querían que el escrito se leyera como lo que era: una acción de diputados que, desde distintos partidos, se presentaban como fiscales ciudadanos del erario.

El impacto mediático de aquel documento no residía solo en el lenguaje jurídico. Residía en la coalición. En 2003, Puebla vivía la administración panista de Paredes, un alcalde que había llegado con el discurso del cambio y que, para la oposición, gobernaba con el mismo estilo que Vicente Fox en la federación: obras emblemáticas inconclusas, cifras contradictorias y contratos que la mayoría opositora del Congreso consideraba opacos. Que Convergencia, PRD, PT y PRI coincidieran en un mismo libelo contra el edil convertía la denuncia en noticia de contraste: no era “el PRI contra el PAN”, era un frente legislativo que decía estar defendiendo la hacienda municipal frente a un particular nacional —y, según el propio texto, con posibles beneficios para empresas extranjeras ligadas al negocio de la iluminación.

Los hechos que relatan son precisos. El 22 de enero de 2003, el Ayuntamiento, representado por Paredes, otorgó un título de concesión a Mexicana de Mantenimiento de Alumbrado, S.A. El plazo era de quince años. El objeto, según los diputados, no era una concesión clásica de servicio público de alumbrado, sino una figura híbrida que incluía uso, aprovechamiento, conservación, modernización y “gestión de trámites” sobre la infraestructura de luminarias y, de manera especialmente grave para ellos, sobre semáforos. Eso último era el corazón político del ataque. El tránsito, argumentaron, no es concesionable en los términos del artículo 104, fracción III, de la Constitución local. Al meter los semáforos en el paquete, el presidente municipal —escribieron— estaba concediendo de manera simulada un contrato de prestación de servicios y, de paso, un pedazo del servicio de vialidad.

La cronología del procedimiento les sirvió de munición. Según el escrito, el 7 de enero de 2003 se desahogó una invitación a cuando menos tres personas; las propuestas “no cumplían con los requerimientos”. Diez días después, el 17 de enero, se adjudicó de manera directa a la misma empresa “por ser la que presentó la mejor opción”. El 22 se firmó el título. Para los denunciantes, esa secuencia no era eficiencia administrativa: era la prueba de que se había declarado desierto un procedimiento para luego entregar el negocio sin competencia real. Invocaron el artículo 28 constitucional —prohibición de monopolios y prácticas monopólicas— y el 134 —compras públicas con eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad—. Dijeron que una adjudicación por vías no legales “impedía a los interesados participar” y que Citelum, empresa que aparece en el análisis del título como responsable material de la ejecución, ni siquiera se adhería de forma expresa al acto ni había sido aprobada por el Cabildo.

Ahí está el segundo golpe político: el Cabildo. Los diputados sostuvieron que la decisión última sobre una concesión de esa magnitud no podía ser un acto unipersonal del presidente municipal. Citaron la Ley Orgánica Municipal y el Código Fiscal y Presupuestario de Puebla. La facultad de gobernar del Ayuntamiento, afirmaron, es indelegable. Sin acuerdo colegiado claro, el título nacía viciado. No era un tecnicismo de abogados: era la acusación de que Paredes había gobernado como si el Cabildo fuera un trámite.

El escrito no se detiene en la forma. Va al dinero. Los legisladores afirmaron que el municipio dejó de percibir la contraprestación que, como derecho, debe pagar un particular por el otorgamiento de una concesión. El título, según su lectura, omite la palabra “explotación” en cláusulas clave, mezcla fundamentos pensados para bienes de dominio público con un servicio, y obliga al Ayuntamiento a otorgar una fianza a favor del concesionario: una garantía invertida. En un contrato o concesión bien diseñado, el particular garantiza al gobierno. Aquí, dijeron, el gobierno se amarraba a garantizar al particular. Añadieron que no se previó la reversión de los bienes al término de los quince años y que, por el contrario, se dejó abierta la posibilidad de que el municipio tuviera que comprar de manera onerosa lo que debió regresar al patrimonio público. También señalaron que se permitía ceder derechos y obligaciones “sin ninguna restricción”, lo que —en su tesis— abría la puerta a concentraciones contrarias al artículo 28.

El tono es el de una oposición que quiere parecer técnica y, al mismo tiempo, moral. Hablan de menoscabo al patrimonio, de afectación a los usuarios del alumbrado, de riesgo para la regularidad del servicio y de responsabilidades administrativas, políticas y, si procede, penales. En los petitorios piden al Auditor General que admita la denuncia, investigue, cuantifique daños, finque responsabilidades, promueva querellas y meta el caso en el programa anual de auditorías. No piden una disculpa. Piden cifras, sanciones y, si hay delito, Ministerio Público.

El valor mediático de esa oposición no es retrospectivo: estaba diseñado para la plaza pública de 2003. Herrera Charolet no firmaba solo como coordinador de una fracción pequeña. Firmaba como diputado que ya había confrontado a Paredes en el Congreso por papelería oficial, calidad de obra y cuentas públicas. Meza Viveros y López Zavala aportaban el peso del PRI. El PRD y el PT daban la cubierta de izquierda. Juntos podían decir que no defendían a un partido: defendían que el alumbrado de Puebla no se convirtiera en un coto de quince años entregado sin concurso limpio y sin contraprestación visible.

El documento, leído hoy, también muestra los límites de esa oposición. Es un escrito de denuncia, no una sentencia. Las afirmaciones sobre simulación, daño patrimonial y beneficios a particulares nacionales y extranjeros son tesis de los firmantes, no hechos judicialmente declarados en esas páginas. Pero precisamente por eso importa como pieza de combate político: revela cómo un grupo de legisladores decidió formalizar, con doctrina constitucional, citas de Serra Rojas y Pereznieto, y una cronología de enero de 2003, la idea de que el “cambio” panista en el municipio se estaba traduciendo en un contrato largo, opaco y, a su juicio, lesivo.

En el México de entonces, pocas cosas generaban más titulares que un alcalde de oposición acusado por diputados de varios partidos de malbaratar un servicio cotidiano. El alumbrado no es abstracto. Es la calle de noche, el semáforo en la Juárez, la factura que el municipio paga o deja de cobrar. Herrera Charolet y los demás firmantes apostaron a que esa materialidad —lámparas, semáforos, quince años, una empresa, un título firmado en 22 de enero— sería más elocuente que cualquier discurso de tribuna. Presentaron la denuncia el 8 de agosto de 2003 y la cerraron con la fórmula ritual: “Protesto lo necesario”. Lo que protestaban, en realidad, era que el gobierno municipal hubiera convertido un servicio público en un privilegio privado sin pasar, según ellos, por la competencia, por el Cabildo y por la caja de la ciudad.

El tiempo les dio, en lo esencial, la razón a los diputados que firmaron. La vaguedad jurídica del título —o la complicidad política que lo dejó correr— no se quedó en un debate de tribuna: se tradujo en una factura para el erario. Cuando Enrique Doger Guerrero llegó a la presidencia municipal (2005-2008) heredó el contrato de quince años que Paredes había entregado a Mexicana de Mantenimiento de Alumbrado. En abril de 2005 el Cabildo declaró inexistente aquella concesión por irregularidades en el procedimiento de origen y Doger la canceló de forma expresa. Salir del amarre no fue gratis. La empresa cobró una indemnización de poco más de 35.6 millones de pesos para dar por terminado el negocio que Herrera Charolet, Meza Viveros, López Zavala, Armenta Mier y el resto de los denunciantes habían intentado detener dos años antes ante el Órgano de Fiscalización Superior. 

Esa cifra —modesta frente a los miles de millones que el alumbrado concesionado movería después, pero enorme como precio de un acto que nació impugnado— es el costo concreto de no haber escuchado a tiempo a la oposición legislativa. Tras la salida de MMA, el municipio asumió de manera provisional el servicio y, más adelante, la operación pasó a Traffic Light, filial del mismo consorcio. La denuncia de agosto de 2003 no evitó el daño; lo anticipó. Los 35.6 millones fueron, en los hechos, la prueba tardía de que aquellos diputados no estaban fabricando un escándalo: estaban advirtiendo un contrato que, tarde o temprano, la ciudad tendría que pagar para deshacer.

Fuente de documentos originales: https://archive.org/details/concesion-de-alumbrado-mma-2003