El alumbrado que dejó al
erario en tinieblas
El apagón no fue de luminarias: fue de hacienda
Opinión | Rodolfo Herrera Charolet
En política hay avisos que se archivan como
trámite y facturas que llegan años después. El 8 de agosto de 2003 varios
diputados de la LV Legislatura —José Rodolfo Herrera Charolet, de Convergencia;
Jesús Edgar Alonso Cañete y Odón Abad Sidar Fierro, del PRD; Armando Pascual
Herrera Guzmán, del PT; Carlos Manuel Meza Viveros, Javier López Zavala,
Alejandro Armenta Mier, Humberto Vázquez Arroyo, Gregorio Raúl Flores Rosas y
Jorge Arnulfo Camacho Foglia, del PRI— presentamos ante el Auditor General del
Órgano de Fiscalización Superior una denuncia contra el entonces presidente
municipal Luis Paredes Moctezuma. No pedíamos un titular de un día. Pedíamos
que se investigara un título de concesión firmado el 22 de enero de ese año a
favor de Mexicana de Mantenimiento de Alumbrado, S.A. de C.V., por quince años,
sobre infraestructura de luminarias y semáforos.
Este caso no apagó la calle. Apagó la hacienda:
un contrato largo, un capital mínimo y una salida que la ciudad terminó
pagando.
Firmamos juntos legisladores de cuatro partidos.
Eso, en Puebla, ya era noticia: no era la disciplina de una fracción, era una
coincidencia incómoda sobre el erario. Decíamos, con la Constitución en la mano
y no con un mitin, que el acto mezclaba figuras jurídicas, se había adjudicado
de manera directa después de una invitación declarada desierta, no acreditaba
con claridad la voluntad del Cabildo y omitía lo esencial de una concesión:
contraprestación al municipio, reversión de bienes y competencia real. El
artículo 28 prohíbe prácticas que cierren el mercado; el 134 ordena que el
gasto público se ejerza con eficiencia, transparencia e imparcialidad. El 104
de la Constitución local reserva al municipio servicios que no se improvisan en
un despacho.
Se nos contestó, como suele ocurrir, que éramos
opositores. Lo éramos. También éramos diputados con la obligación de vigilar.
La ironía ligera del caso es que el documento no insultaba: citaba doctrina,
fechas y cláusulas. Advertía que un servicio cotidiano —la luz de la calle, el
semáforo en la esquina— se estaba convirtiendo en un privilegio privado de
largo plazo. Quince años no caben en un trienio. Quien firma así no administra:
hipoteca.
Lo que el título municipal no decía —y el Cabildo
debió exigir antes de firmar— ya constaba en escritura. Mexicana de
Mantenimiento de Alumbrado se constituyó el 25 de noviembre de 2002 ante el
notario 13 del Distrito Federal, Ignacio Soto Sobreyra y Silva, por escritura
45,582. El primer testimonio se inscribió el 6 de diciembre de 2002 en el folio
mercantil 297,871 del Registro Público de Comercio. Capital mínimo fijo: 50 mil
pesos. Variable: ilimitado. Ese mismo 6 de diciembre la asamblea reformó el objeto
social e incluyó, de manera expresa, semáforos y servicios de alumbrado
concesionados.
El mapa de la propiedad quedó asentado el 10 de
abril de 2003 y se protocolizó el 20 de mayo ante el mismo notario, acta
46,915, volumen 734. Citélum, S.A., representada por Alejandra Parrodi,
aparecía con 49,999 acciones de la serie I y 989,000 de la serie II.
Mantenimiento y Obras de Servicios Eléctricos Catalanes, S.A., representada por
Juan Carlos Serra y Daniel A. Del Río, aparecía con una acción de la serie
fija. Subtotal del capital fijo: 50 mil pesos. Una acción. Un peso. La parte
variable no sustituye a la fija cuando de lo que se trata es de sostener una
concesión de quince años: esa parte fija era de 50 mil pesos. Con esa
ingeniería se recibió el contrato sobre la luz de una ciudad. Una concesión de
largo plazo entregada a una sociedad de 50 mil pesos en la porción fija no es
modernización: es un título que nació desproporcionado. Si el Ayuntamiento
firmó, si el procedimiento se declaró desierto y diez días después se adjudicó
en directo, y si el órgano colegiado no detuvo el acto, el daño no fue un
accidente de redacción. Fue el resultado de un procedimiento que no resistió el
primer examen serio.
El tiempo, que no milita en ningún partido, se
encargó del resto. Enrique Doger Guerrero heredó el contrato. En abril de 2005
el Cabildo declaró inexistente aquella concesión por irregularidades en el
procedimiento de origen y la administración municipal la canceló. Salir no fue
un acto gratuito de voluntad política. La empresa recibió una indemnización de
poco más de 35.6 millones de pesos, con cargo al erario, para dar por terminado
lo que se había presentado como un acto de modernización.
Ya cancelado el título, en 2007 la sociedad mudó
de nombre. El 12 de septiembre de ese año, por testimonio 7078 del notario de
Puebla Humberto Barbosa López, Mexicana de Mantenimiento de Alumbrado quedó
como Citelum México.
Ahí está el dato que debería cerrar el debate
sobre si “se exageró” en 2003. No se exageró: se anticipó. La ciudad pagó para
deshacer un negocio que, según la denuncia, nunca debió atarse de esa manera.
Treinta y cinco millones no son el costo de un poste; son el precio de la prisa
y de la vaguedad jurídica. Los denunciantes no cobramos esa factura. La cobró
el municipio porque el título se firmó antes de haber sido sostenido.
La historia no termina en la indemnización. Tras
la salida de MMA el Ayuntamiento asumió de forma provisional el servicio. Más
adelante volvieron a aparecer, con otro membrete, razones sociales del mismo
consorcio: Traffic Light y, de nuevo, Citelum México. Cada administración que
las contrató lo hizo por su propio convenio. El patrón no necesita sumas
ajenas: el alumbrado de Puebla regresó, una y otra vez, al universo empresarial
que en 2003 recibió quince años con 49,999 acciones fijas en Citélum, S.A., y
una sola acción en la socia catalana.
Conviene ser objetivos. Una denuncia no es una
sentencia. El escrito de 2003 imputó simulación de figura jurídica, menoscabo
al patrimonio y violaciones al marco de competencia; correspondía al órgano
fiscalizador y, en su caso, a otras autoridades, acreditar responsabilidades
individuales. Lo que sí quedó acreditado en los hechos posteriores —y ahora
también en el testimonio notarial— es lo más simple y lo más grave: el título
no sobrevivió el primer relevo de gobierno, nació de una empresa de capital fijo
irrisorio y su ruptura costó 35.6 millones de pesos al erario. Si el acto
hubiera sido impecable, no habría habido que declararlo inexistente ni
indemnizar para salir.
También conviene no convertir esto en nostalgia
de oposición. El problema no es que una empresa preste un servicio técnico. El
problema es cómo se otorga, por cuántos años, con qué capital real, con qué
contraprestación, con qué reversión de bienes y con qué posibilidad de que
otros compitan. Cuando el procedimiento se encoge, el mercado se cierra solo.
Cuando el Cabildo no decide con claridad, el presidente municipal gobierna como
si el colegio fuera un adorno. Cuando se mezcla alumbrado con semáforos, se toca
el tránsito, un ámbito que la Constitución local no entrega con la misma
holgura. El objeto social reformado en diciembre de 2002 ya hablaba de
semáforos; el título de enero de 2003 los metió en el paquete.
Hay quien dirá que 35.6 millones parecen una nota
al pie. Al erario no le importan las proporciones literarias. Cada peso que se
va en indemnizar un contrato mal nacido es un peso que no pavimenta, no ilumina
una junta auxiliar y no fortalece la hacienda que todos declaran defender en
campaña. La oposición de 2003 no pidió que Puebla se quedara a oscuras. Pidió
que la luz no se concesionara a oscuras.
No se trata de reabrir un expediente para saldar
cuentas personales. Se trata de recordar que los documentos existen, las fechas
existen, las actas notariales existen y las cifras existen. El 25 de noviembre
de 2002 se constituyó la sociedad. El 22 de enero de 2003 se firmó el título.
El 10 de abril se protocolizaron los poderes y la lista de acciones. El 8 de
agosto se denunció. En 2005 se pagaron 35.6 millones para desarmar lo firmado.
En 2007 la sociedad cambió de nombre ante notario. Después el servicio volvió a
contratarse, administración por administración, con empresas del mismo grupo.
Esa secuencia no pide interpretación. Pide método: advertir a tiempo sale más
barato que indemnizar tarde.
Puebla ha discutido durante veinte años el
alumbrado como si fuera un tema de focos. Es un tema de Estado municipal:
legalidad, competencia y patrimonio. Los diputados que firmamos aquella
denuncia no éramos profetas. Éramos, con todos nuestros defectos de fracción y
de época, legisladores que leyeron un contrato de quince años otorgado a una
empresa cuya serie fija era de un peso y 49,999, y preguntamos lo único que
debía preguntarse: ¿quién gana, ¿quién paga y quién responde? La ciudad ya
conoce la respuesta en pesos. Falta que la conozca, de una vez, en reglas que
no se vuelvan a firmar de prisa.
¿O no lo cree usted?
