Ramiro González Vieyra evade de nuevo a la justicia: finge enfermedad y frustra operativo de captura
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. En un episodio que ya parece guión repetido, Ramiro González Vieyra, presidente municipal con licencia de San Nicolás Buenos Aires, volvió a burlar a la justicia. Esta vez lo hizo sin correr ni esconderse: presentó un justificante médico y evitó comparecer ante un juez de control en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde lo esperaban agentes ministeriales con una orden de aprehensión activa.
La ausencia del mayor de los hermanos González Vieyra —conocidos en el argot político-regional como “los Uruvieles”— no sólo frustró el operativo planeado por la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que evidenció una vez más la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a personajes con poder político, redes familiares y asesoría jurídica sofisticada.
Según fuentes judiciales, la audiencia estaba programada desde hace días. El acusado había sido notificado formalmente. La Fiscalía esperaba que se presentara a rendir declaración, como parte de la carpeta abierta en su contra por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de venta y distribución, cargos que se desprenden de los cateos ejecutados el pasado 7 de marzo en la región.
Ese día, sus hermanos Giovanni y Uruviel fueron capturados; sin embargo, Ramiro escapó con ayuda de pobladores que bloquearon el paso a los ministeriales y armaron una especie de cerco comunitario para protegerlo. La imagen del edil prófugo, montado en una camioneta y saludando con soberbia, se convirtió en símbolo del colapso de autoridad.
Los amparos del miedo
Desde entonces, Ramiro González Vieyra ha sostenido su defensa legal a través de una batería de amparos interpuestos ante juzgados federales. Algunos buscan frenar su detención inmediata; otros intentan blindar a su círculo familiar: esposa, hijos y nietos. Abogados consultados aseguran que se trata de una estrategia jurídica que no sólo busca retrasar su detención, sino condicionar el proceso penal desde antes de su formalización.
No es menor el detalle: el edil con licencia mantiene recursos vigentes para proteger su patrimonio, su libertad personal y la de su familia, pese a estar acusado de delitos graves y con orden de aprehensión ejecutable.
Gobierno ausente y vacío de poder
En paralelo, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, reconoció recientemente que la licencia otorgada a Ramiro como alcalde de San Nicolás Buenos Aires está por vencer, lo que abre la puerta a que el Congreso del Estado nombre un Concejo Municipal que sustituya de manera definitiva al gobierno ausente.
La situación es similar a la que ya se resolvió con sus hermanos: los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma (Uruviel) y Tlachichuca (Giovanni) fueron disueltos, y en su lugar se instauraron gobiernos interinos mediante concejos aprobados por mayoría legislativa.
La diferencia es que en el caso de Ramiro, el Congreso aún no ha tomado medidas, a pesar de que se encuentra formalmente prófugo desde marzo y de que su administración está virtualmente paralizada. “No hay alcalde, no hay sesiones de cabildo, no hay decisiones públicas; el municipio está a la deriva”, señaló un funcionario local que pidió el anonimato.
Un sistema que protege al poder
El caso de los González Vieyra ilustra la persistente colusión entre estructuras del poder político y redes de protección criminal en Puebla, donde alcaldes pueden operar —y evadir la ley— durante años bajo el amparo de pactos tácitos, clientelismo y omisiones institucionales.
Ramiro, como sus hermanos, construyó un cacicazgo que combinó control territorial, manipulación de programas sociales y relaciones con actores del narcomenudeo local. Lo hizo sin contrapesos, protegido por partidos que lo arropaban según la coyuntura: PAN, PRI, Morena—según convenga al momento electoral.
Por ahora, su ausencia vuelve a ser tolerada. El “certificado médico” le dio al edil un día más de libertad, pero también un día más para replegarse y reorganizar su defensa. La Fiscalía guarda silencio sobre los detalles del operativo fallido y tampoco ha informado si el médico que firmó el justificante será investigado por encubrimiento.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más podrá Ramiro fingir estar enfermo, sin que el sistema admita estar podrido?
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