Denuncia de Alfredo Páez Cruz contra funcionarios de Transporte y Contraloría en PueblaAlfredo Páez Cruz, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los distritos de Xicotepec de Juárez y Tehuacán, presentó en junio de 2013 una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, radicada como averiguación previa MPF/2170/2013. En ella señaló a servidores públicos del gobierno estatal por violaciones sistemáticas a derechos humanos y laborales. Entre los señalados se encuentran Irma Patricia Leal Islas, en ese entonces titular de la Contraloría, Bernardo Huerta Coutolenc, secretario de Transportes, Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora de Análisis de Información de la Contraloría, José Francisco Balderas Picazo, director general jurídico de Transportes, y Alberto Zenteno Reyes, juez séptimo de lo penal.
Los hechos se originaron el 31 de mayo de 2012, cuando personal de la Contraloría y del Ministerio Público realizó un cateo en las oficinas delegacionales de Xicotepec de Juárez. Páez Cruz fue detenido bajo la imputación de haber vendido irregularmente dos calcomanías por sesenta pesos. Según la denuncia, esta actuación se trató de una retaliación por sus señalamientos previos sobre presuntas irregularidades en la administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, particularmente en compras directas de medicamentos sin licitación pública por cientos de millones de pesos.
El procedimiento derivó en reclusión temporal de Páez Cruz, quien obtuvo amparo federal confirmado por un tribunal colegiado al acreditarse violaciones a las garantías de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El caso fue llevado también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Páez Cruz invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sostuvo que la persecución se originó en su labor como consejero de la Junta Directiva del ISSSTEP y como delegado de la SCT, donde participó en mesas de diálogo con transportistas sobre concesiones, tarifas y operación del servicio público.
 En años posteriores, Páez Cruz interpuso recursos de transparencia y amparos relacionados con información sobre pagos por ampliación, modificación y otorgamiento de concesiones para el servicio público de transporte en el municipio de Puebla. Estas acciones mantienen el foco en la administración de recursos y concesiones en el sector movilidad.
En el contexto de administraciones panistas en Puebla, como la de Rafael Moreno Valle, se registraron cuestionamientos a la gestión en Transporte y Contraloría. Irma Patricia Leal Islas ocupó cargos como subsecretaria de Transportes, contralora y diputada federal durante ese periodo. Páez Cruz ha señalado en escritos públicos presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, extorsiones a transportistas y falta de investigación a denuncias por peculado y fraude en compras de medicamentos en el ISSSTEP, como el caso de supuestas adquisiciones fantasma por 25 millones de pesos atribuidas a exdirectivos.
 Estas denuncias no han tenido resolución definitiva pública reportada en los expedientes accesibles. Páez Cruz ha continuado como columnista en medios locales bajo el espacio “A Bote Pronto”, donde aborda temas de transparencia, poder judicial y administración pública. Su trayectoria incluye recursos ante el Instituto de Transparencia del Estado de Puebla para obtener documentos sobre pagos por concesiones de combis, autobuses y microbuses.
El expediente judicial y administrativo derivado de estos hechos ha permanecido como referencia en Puebla sobre denuncias de irregularidades en dependencias reguladoras del transporte y seguridad social de servidores públicos. No se registran denuncias recientes de Páez Cruz como líder de coaliciones transportistas contra secretarías de estado. Las tensiones en el sector transporte en la entidad incluyen temas recurrentes como concesiones, tarifas y operación del servicio. La actuación de Páez Cruz ilustra los procesos seguidos por exfuncionarios que exponen presuntas anomalías en la función pública durante periodos de gobiernos panistas en el estado.