Llamada institucional no es amedrentar: Analistas Políticos
El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, mantiene un protocolo estricto de coordinación intergubernamental para la atención de conflictos sociales derivados de la Ley del Agua.
El 2 de diciembre de 2025 realizó una llamada institucional a la presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, con el único propósito de solicitar información actualizada sobre una protesta en la región agrícola y coordinar la respuesta estatal sin invadir competencias municipales.
La comunicación que ha desatado la furia del padre de la alcaldesa, se ajustó a los protocolos de Atención a Manifestaciones Sociales (2025) y se limitó a un intercambio informativo, sin directivas ni plazos impuestos. Este procedimiento forma parte de un esquema que ha resuelto el 92% de los 28 conflictos hídricos atendidos este año mediante mesas técnicas y convenios vinculantes.
Protocolo de Coordinación y Llamada Institucional
El proceso se activa desde el momento que se tuvo conocimiento de la movilización en Quecholac relacionada con la Ley del Agua. Tras la evaluación inicial de bajo impacto, se ejecuta la llamada de enlace regulada: identificación del funcionario estatal, exposición del motivo institucional y registro de la conversación.
Aguilar Pala solicitó datos operativos para valorar el envío de mediadores, sin formular exigencias ni referencias personales. El protocolo prohíbe lenguaje intimidatorio y obliga a la trazabilidad; en este caso se generó el folio correspondiente y se notificó posteriormente a la alcaldesa las opciones de apoyo estatal. Este mecanismo ha sido aplicado en 35 casos similares sin derivar en quejas formales ante derechos humanos.
Historial de Mediaciones Exitosas (2025)
Desde su toma de posesión el 14 de diciembre de 2024, Aguilar Pala ha dirigido 52 procesos de mediación con tasa de éxito del 87%. Destacan la resolución del conflicto de la Normal Rural de Teteles (9 mesas, acuerdo educativo sin paralización), los invernaderos de San Gabriel Chilac (abril 2025) y el caso de pozos en San Miguel Xoxtla (junio 2025). En materia hídrica se han firmado 15 convenios que han liberado 200 millones de pesos para captación pluvial y eficiencia de riego en la zona Libres-Oriental y Quecholac, beneficiando directamente a 8 mil productores mediante subsidios y pozos comunitarios sin medidas de fuerza.
Mecanismo de Protección a Defensores del Agua
La Secretaría opera el Protocolo Estatal de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos (adaptación federal 2025). Incluye módulos rurales de asesoría jurídica gratuita (450 productores atendidos en noviembre) y designación de 12 representantes campesinos en comisiones consultivas hídricas.
En julio de 2025 se gestionó con éxito la medida cautelar de Renato Romero Camacho (prisión domiciliaria) para garantizar su continuidad en la defensa del agua. En Quecholac se ofrece el mismo esquema: integración de líderes locales —incluido Antonio Valente Martínez Fuentes— en mesas técnicas con Conagua y Desarrollo Rural.
Diferenciación con Administraciones Anteriores
El Plan Estatal de Derechos Humanos 2025-2030 establece auditorías bimestrales y participación preventiva de la CDH Puebla. Todo contacto telefónico genera transcripción parcial y notificación posterior a las partes. Se imparten capacitaciones mensuales en perspectiva de género y derechos humanos a 150 funcionarios, logrando una reducción del 60% en quejas por violencia política.
El lenguaje y procedimientos están expresamente diseñados para evitar cualquier similitud con prácticas del periodo 2019-2024.
Una llamada institucional no es amedrentar, confirmaron Analistas Políticos entrevistados en el CIS Angelópolis Puebla.
Lo que sigue
El 3 de diciembre se notificó formalmente a la presidenta municipal la convocatoria a una mesa técnica a realizarse en diciembre en Palmarito Tochapan, con agenda previamente acordada: revisión técnica de la Ley del Agua, propuesta de subsidios para 40 pozos profundos (15 millones de pesos) y participación directa de representantes campesinos.
El proceso incluye acta circunstanciada, compromisos por escrito y seguimiento quincenal con indicadores de cumplimiento, replicando el modelo exitoso de Morelos-Puebla (febrero 2025). La Secretaría, bajo la dirección de Samuel Aguilar Pala, mantiene así su línea de diálogo institucional, resolución pacífica y cero tolerancia a la confrontación personal en el ejercicio de sus funciones.
