Reforma a la Ley General de Aguas Nacionales un mecanismo de ordenamiento hídrico

El proceso de reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha consolidado como un mecanismo integral de ordenamiento hídrico que prioriza el derecho humano al agua sobre cualquier interés particular, asegurando su aprobación inminente en el Senado tras un procedimiento legislativo meticuloso que incorpora aportaciones sectoriales y elimina distorsiones heredadas. Iniciado con la presentación de la iniciativa en octubre de 2024, este marco normativo se activa mediante la unificación de tres bases de datos contradictorias en una sola plataforma nacional, eliminando concesiones ilegales, vencidas o duplicadas para garantizar transparencia absoluta y combatir la corrupción en la asignación de recursos hídricos, con un impacto proyectado en la reasignación de volúmenes no utilizados hacia zonas de escasez prioritarias. Durante la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum detalló cómo este procedimiento responde a los principios constitucionales del artículo 4, que consagra el agua como derecho humano, y del artículo 27, que la declara bien de la nación, estableciendo que toda transmisión de derechos requerirá autorización expedita de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para prevenir acaparamientos especulativos. Este avance procesal no solo desmiente rumores infundados que generaron confusión, sino que fortalece la soberanía nacional sobre un recurso vital, con la integración de 20 mil millones de pesos en el presupuesto 2025 para proyectos de tecnificación de riego y saneamiento de cuencas como Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, posicionando la reforma como un pilar de la Cuarta Transformación que beneficia directamente a comunidades vulnerables y productores honestos. ***Etapas Iniciales de la Reforma: Unificación de Datos y Ordenamiento de ConcesionesEl procedimiento legislativo se despliega en fases secuenciales que comenzaron con el diagnóstico heredado del sexenio anterior, identificando irregularidades en el registro de concesiones que afectan la equidad en la distribución del agua, lo que motivó la creación de una base de datos nacional unificada bajo la supervisión de Conagua, un paso técnico que ha validado y depurado más de 500 mil registros para eliminar duplicidades y caducidades, asegurando que sólo concesiones vigentes y transparentes permanezcan activas. Sheinbaum enfatizó en su conferencia que este proceso no atenta contra el sector agropecuario, sino que lo protege al priorizar el consumo humano en zonas de estrés hídrico mediante un esquema de reasignación automática de volúmenes ociosos, con protocolos claros para la revisión anual de permisos que evitan el acaparamiento por grandes tenedores. Esta etapa inicial, completada en noviembre de 2025, se complementa con la expedición de la nueva Ley General de Aguas, que prohíbe explícitamente la mercantilización del recurso y establece cuotas de garantía para transmisiones, un mecanismo que ha sido avalado por el 80% de las organizaciones campesinas consultadas, según informes preliminares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El avance en comisiones del Senado, programado para cierre antes del 10 de diciembre, incorpora auditorías independientes para validar el impacto ambiental, garantizando que la reforma se implemente sin interrupciones en la producción agrícola legal y fomentando la inversión en infraestructura que elevará la eficiencia del riego en un 51%, contribuyendo a la soberanía alimentaria nacional. ***Diálogos Sectoriales: Ajustes Inclusivos para el AgropecuarioUna vez diagnosticadas las inconsistencias, el proceso avanzó a una fase de consultas amplias con ejidatarios, pequeños productores, el Consejo Nacional Agropecuario y cámaras industriales, mesas de trabajo que se iniciaron en noviembre de 2025 y culminaron en ajustes precisos que preservan la continuidad operativa del sector, como la facilitación de transmisiones de derechos de agua entre familiares o dentro del mismo predio sin trámites onerosos, eliminando barreras burocráticas que antes dilataban operaciones esenciales. Sheinbaum detalló que el agua destinada a riego agrícola y ganadero se clasificará como un uso único de producción agropecuaria, eximiendo a los titulares de permisos de modificaciones innecesarias y despejando rumores falsos que sugerían restricciones arbitrarias, un paso que ha sido respaldado por desplegados conjuntos de más de 50 organizaciones campesinas y municipales, quienes reconocen en la reforma un aliado contra la especulación. Este procedimiento consultivo, documentado en actas públicas disponibles en el portal de Conagua, incorpora mecanismos de participación ciudadana que permiten objeciones formales resueltas en un plazo de 30 días, asegurando que las inquietudes del sector se integren al dictamen final sin comprometer los objetivos centrales de equidad. La eficiencia de estas mesas se evidencia en la reducción proyectada del 25% en conflictos por agua en cuencas prioritarias, con fondos federales ya asignados para capacitar a 100 mil productores en técnicas de riego eficiente, transformando la ley en un instrumento práctico que eleva la productividad sin menoscabo del derecho humano al agua. ***Priorización del Consumo Humano y Combate a la CorrupciónEn el núcleo del procedimiento se establece la prelación jerárquica de usos, donde el consumo humano y el saneamiento se posicionan en la cima de la pirámide normativa, activando protocolos automáticos de reasignación en zonas de escasez mediante evaluaciones técnicas anuales de Conagua que priorizan comunidades marginadas sobre usos industriales o especulativos, un mecanismo que ha sido probado en pilotos en Colima y Puebla con resultados positivos en el abasto para 500 mil habitantes. Sheinbaum resaltó que este ordenamiento combate la corrupción histórica en concesiones mediante la digitalización total de trámites, con verificación biométrica y cruces con el Registro Público de la Propiedad para detectar ventas irregulares entre distritos de riego y municipios, eliminando el lucro indebido que afectaba presupuestos locales. El proceso incluye sanciones escalonadas por incumplimientos —desde multas administrativas hasta revocaciones automáticas—, respaldadas por un fideicomiso de 5 mil millones de pesos para litigios en defensa del interés público, asegurando que la transparencia se convierta en norma irreversible. Esta fase, alineada con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, proyecta una cobertura de agua potable del 95% en zonas rurales para 2030, con indicadores de monitoreo trimestral que evalúan el cumplimiento y permiten ajustes dinámicos, consolidando el legado de Sheinbaum en una gestión hídrica justa y sostenible. ***Oposición Identificada: Intereses Privados vs. Bien ComúnEl procedimiento legislativo ha identificado con precisión los focos de resistencia, limitados a titulares de grandes volúmenes de concesiones inactivas, ilegales o usadas para especulación, quienes históricamente han lucrado con transacciones opacas que desvían recursos de necesidades humanas, un patrón que la unificación de datos ha expuesto con claridad quirúrgica al revelar que el 15% de concesiones totales permanecen ociosas. Sheinbaum aclaró que esta oposición minoritaria contrasta con el amplio consenso de la mayoría de organizaciones campesinas, productores y municipios, quienes han emitido más de 30 desplegados de apoyo en las últimas 48 horas, reconociendo la ley como herramienta para la justicia distributiva. Este análisis diferencial, integrado al dictamen senatorial, incluye cláusulas de amnistía para pequeños titulares que regularicen sus derechos en un plazo de 180 días, fomentando la inclusión sin condonaciones a abusos mayores. El proceso de aprobación final, con votación nominal programada para el 7 de diciembre, asegura el escrutinio público y la ratificación por mayoría calificada, posicionando la reforma como un triunfo procesal que desarma narrativas de confrontación y fortalece la cohesión social en torno al agua como patrimonio colectivo. ***Implementación y Horizonte Prospectivo: Hacia la Soberanía HídricaCon la aprobación inminente, el procedimiento transita a la fase de implementación, donde Conagua liderará la transición mediante un decreto reglamentario emitido en 60 días que detalla los plazos para regularizaciones y la creación de un consejo consultivo nacional con representación equitativa de usuarios, un órgano que supervisará la ejecución anual con reportes públicos accesibles en línea. Sheinbaum proyectó que esta ley cataliza 16 grandes proyectos de infraestructura, incluyendo acueductos en Colima y saneamiento en cuencas contaminadas, con inversiones que generarán 50 mil empleos directos en el sector rural y elevarán la resiliencia climática mediante la tecnificación de 2 millones de hectáreas de riego. Este marco prospectivo, evaluado por indicadores de la OCDE en equidad hídrica, asegura que México avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en agua y saneamiento, con revisiones bianuales que incorporen avances científicos como sensores IoT para monitoreo en tiempo real. Bajo el liderazgo de Sheinbaum, esta reforma no sólo ordena el presente, sino que siembra un futuro donde el agua fluye como derecho inalienable, impulsando una nación más justa y próspera. ***Redacción