“No llegaron por el adicto”: hallan asesinados a cuatro integrantes de un anexo en Veracruz..webp)
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Su último destino conocido: Comalapa, donde irían a recoger a un joven con problemas de consumo, a petición de sus familiares. Nunca llegaron.
Los cadáveres, con claras huellas de violencia, fueron localizados cinco días después y a más de 35 kilómetros de donde partieron. Entre las víctimas se encontraba Martín Cuahua Matlatécatl, de 48 años, responsable del anexo; junto a él, José Francisco Ixmatlahua Martínez (30), Luis Mario Ajactle Chimalhua (20) y Mercedes Abraham Cólotl, de apenas 17 años.
La tragedia ha dejado al descubierto el riesgo mortal que enfrentan quienes trabajan en la rehabilitación de adicciones en zonas marginadas, donde el abandono institucional es ley y donde los grupos criminales han convertido el tratamiento de adictos en una amenaza directa a sus intereses.
Una misión comunitaria, un crimen impune
En Zongolica, enclavado en la Sierra de Veracruz, los anexos como “Nimiztlazohotla” funcionan más por voluntad que por estructura. Son espacios de ayuda comunitaria, sin financiamiento público ni protección oficial, donde jóvenes y adultos tratan de sacar del infierno del consumo a quienes pueden, como pueden.
El día que salieron rumbo a Comalapa, los cuatro voluntarios del anexo cumplieron con lo que, para muchos en la región, es un acto de fe y solidaridad: acudir a un llamado de emergencia de una familia desesperada. Iban por un joven —presuntamente involucrado con consumo de cristal o marihuana— para ingresarlo al anexo. No regresaron.
Días después, sus familiares comenzaron a difundir fichas de búsqueda. Las autoridades, como suele ocurrir, reaccionaron tarde y mal. No hubo operativo, ni rastreo inmediato, ni recursos desplegados. Solo la espera. Y luego, la peor noticia.
Río de muerte, Estado ausente
El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la comunidad de Xúchiles, sobre la orilla del río Blanco. Vecinos reportaron olores fétidos y algo que parecía una lona enredada. Eran cuerpos. La identificación fue rápida: por la ropa, por las señas, por el dolor acumulado.
Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre líneas de investigación sólidas. Tampoco han respondido por qué no se activaron protocolos de búsqueda inmediata. En una zona donde los grupos delictivos controlan rutas, territorios y hasta tratamientos, el silencio oficial parece más un síntoma que una omisión.
Versiones extraoficiales apuntan a que la labor del anexo habría sido vista como una intromisión en una zona de control criminal, donde jóvenes consumidores también fungen como halcones, cobradores o distribuidores de estupefacientes. Recoger a uno de ellos, aunque fuera con consentimiento familiar, podría haber sido interpretado como una afrenta.
Tratamiento entre el abandono y la violencia
El caso no es aislado. En todo el país, miles de centros de rehabilitación, muchos informales o sin registro, funcionan sin garantías, sin apoyo y sin protección, pese a que enfrentan diariamente a estructuras de narcotráfico, consumo extremo y marginación. Son blancos fáciles.
Zongolica no es excepción. Con altos índices de pobreza, limitada presencia de instituciones de salud mental y consumo creciente entre adolescentes, los anexos se convierten en la única red de contención posible. Pero sin ley ni respaldo, son también objetivos vulnerables.
Mientras los cuerpos ya fueron entregados a sus familias para su sepultura, las preguntas siguen abiertas: ¿Quién los mató? ¿Por qué? ¿Dónde está el Estado cuando comunidades enteras asumen funciones que le corresponden?
Por ahora, solo queda el eco de una misión truncada y el peso de cuatro nombres que no debieron haber terminado en la orilla de un río. Iban a salvar a un joven. Los mataron antes de llegar.
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