El derecho a decidir en la cuerda floja: el nuevo rostro de la Corte frente a un Congreso que traiciona.
La resistencia institucional no es nueva, pero el reciente voto del Congreso de Guanajuato en contra de la despenalización ha marcado un parteaguas, no sólo por el simbolismo político del estado, gobernado por el PAN desde hace más de tres décadas, sino por el momento: una transición en la Suprema Corte y un nuevo Congreso federal que arrastra los pies en la agenda feminista.
El rechazo legislativo guanajuatense fue consumado con el voto “arrepentido” de la diputada del PVEM, Itzel Mendo, quien una semana antes había apoyado la iniciativa. La escena, más que anecdótica, revela la profundidad de los intereses políticos que han convertido el derecho a decidir en moneda electoral de cambio.
Un Congreso de espaldas a las mujeres
Aunque Morena y sus aliados presumieron durante cinco años el discurso de transformación, los hechos demuestran que la agenda por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fue dejada de lado. La mayoría legislativa no se tradujo en reformas sustanciales al Código Penal Federal ni en cambios efectivos en la Ley General de Salud.
Ni la senadora Malú Micher ni la diputada Julieta Vences —referentes feministas de la 4T— lograron impulsar una reforma integral. Mientras tanto, el PAN, con su línea ideológica férrea, se anotó una victoria política y simbólica al sostener la penalización en Guanajuato, defendiendo —dijeron sus legisladores— “la vida desde la concepción como promesa de campaña”.
Incluso la gobernadora electa, Libia García Muñoz Ledo, quien durante la contienda aseguró que respetaría el derecho de las mujeres a decidir, terminó plegándose a la narrativa oficialista de su partido: “seré respetuosa de lo que determine el Congreso”.
La Corte: entre lo que fue y lo que vendrá
El desenlace inmediato no estará en los congresos estatales ni en el federal, sino nuevamente en la Suprema Corte, que entrará en una nueva etapa con ministros electos en urnas —una propuesta impulsada por el presidente López Obrador y avalada por la mayoría legislativa.
La diputada de MC, Sandra Pedroza, ya anunció que interpondrá un amparo contra la decisión del Congreso de Guanajuato. Pero la incertidumbre crece, pues los nuevos integrantes del máximo tribunal serán quienes definan si la sentencia de 2021 sigue siendo vinculante o si los nuevos criterios se desdibujan bajo una Corte más dócil, más política, menos jurídica.
La paradoja es brutal: la defensa del derecho a decidir podría quedar en manos de una Corte surgida de una elección popular contaminada de intereses partidistas.
Retrocesos bajo el velo de la autonomía
El caso de Aguascalientes también es ilustrativo. En un primer momento, el Congreso estatal aceptó el criterio de la Corte, despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Sin embargo, en 2023, sin consulta pública y con mayoría panista, se modificó el código penal para reducir el plazo a seis semanas, restableciendo penas de cárcel. Todo esto, sin consecuencias políticas ni jurídicas visibles.
Desde el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Francisco Cué advierte: “El argumento de que los criterios de la Corte no obligan a los estados es una interpretación tramposa que permite continuar criminalizando a las mujeres”.
Lo cierto es que, pese a la jurisprudencia, la realidad sigue siendo profundamente desigual. En la mitad del país, las mujeres pueden abortar legalmente hasta la semana 12. En la otra mitad, pueden ser encarceladas, estigmatizadas y forzadas a parir.
¿Un nuevo oscurantismo político?
La regresión también es cultural. En el Congreso de Guanajuato, representantes religiosos rezaron durante la sesión, con rosarios en mano y cantos litúrgicos que rompieron la laicidad del Estado. “Sólo faltó que celebraran misa ahí adentro”, ironizó la senadora Micher.
En el fondo, lo que está en juego no es sólo el derecho a abortar. Es la autonomía corporal de las mujeres, el sentido mismo del Estado laico y la credibilidad del discurso progresista que en 2018 prometía una transformación que no ha llegado.
La senadora Malú Micher y activistas de diversas organizaciones advierten que, tras la marea verde de 2020, la ola feminista entró en un punto muerto. Hay movilización social, pero el músculo institucional se ha atrofiado.
¿Y ahora qué?
El panorama no es alentador. La mayoría de las iniciativas para despenalizar el aborto a nivel federal siguen congeladas. La Comisión de Justicia de San Lázaro no ha emitido un solo dictamen favorable, y el impulso que hubo en la LXIV Legislatura se evaporó en la LXV.
Lo que parecía una primavera, se ha convertido en una larga espera. Y en esa espera, las mujeres siguen enfrentando cárcel, estigmas y muerte por abortos inseguros.
El desenlace de los nuevos amparos podría marcar una ruta de esperanza. O confirmar que el derecho a decidir ha sido desplazado por los cálculos políticos de una clase gobernante que prefiere la complacencia con el conservadurismo antes que el compromiso con la igualdad.
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