Las denuncias formales contra Vicente Sánchez Méndez
Vicente Sánchez Méndez ha enfrentado diversas denuncias formales interpuestas entre 2023 y 2025 por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y violencia institucional, tanto por parte de ciudadanos como por integrantes del propio Cabildo.
Entre los principales documentos y señalamientos destacan:
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Expediente CI-FGE/050422/2023, presentado ante la Fiscalía General del Estado por la regidora de Hacienda, Laura Xóchitl Juárez, por presunto desvío de recursos en la adjudicación de contratos de obra pública sin licitación. En el documento se anexan copias de tres facturas expedidas por empresas vinculadas a familiares del edil.
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Denuncia ante la ASE con folio 2024/654-AUD, en la cual se reporta la ausencia de comprobación en el gasto de más de 1.8 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2023. La Auditoría Superior del Estado confirmó que el municipio no entregó la totalidad de la cuenta pública ni atendió requerimientos posteriores.
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Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-PUE/2371/2024), presentada por la regidora de Equidad de Género, Blanca Romero Torres, quien denunció violencia política en razón de género y exclusión deliberada de las sesiones de comisiones municipales. En su queja adjuntó audios en los que se escucha al edil referirse a ella con expresiones degradantes y amenazas indirectas.
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Solicitud de juicio político ante el Congreso (folio recibido 2025/MP-045), impulsada por una coalición de ciudadanos, en la que se acusan al edil de enriquecimiento ilícito, nepotismo y “gobierno de compadres”. La solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación del Congreso, sin que hasta el momento se haya emitido dictamen.
Una administración fracturada desde 2023
El conflicto entre Sánchez Méndez y el Cabildo no es nuevo. Desde mediados de 2023, regidores comenzaron a documentar irregularidades y a exigir auditorías internas, sin éxito. En al menos tres ocasiones —según consta en las Actas de Cabildo 07/2023, 12/2023 y 02/2024— se pidió formalmente a la Contraloría Municipal una revisión especial de obras públicas, nómina y programas sociales, solicitudes que fueron ignoradas o minimizadas por la administración del edil.
Además, en enero de 2024 se intentó convocar a una sesión extraordinaria para discutir la posible solicitud de intervención del Congreso. Sin embargo, Sánchez Méndez canceló la sesión a última hora y ordenó el cierre del recinto municipal, según denunció la regidora Juárez Hernández en redes sociales.
Congreso, árbitro en medio del vacío legal
La resolución ahora está en manos del Congreso de Puebla. El órgano legislativo deberá analizar si el proceso iniciado por el Cabildo cumple con las condiciones jurídicas necesarias para proceder con la remoción definitiva. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ya ha recibido la documentación enviada por los regidores, incluidos audios, actas certificadas y copias de las denuncias formales.
Mientras tanto, Calpan permanece en un limbo institucional. El edil depuesto insiste en que sigue en funciones y ha ingresado un recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito en Puebla para frenar cualquier acto derivado de su presunta destitución. Por su parte, Bertín Bermeo despacha desde la Presidencia Municipal, con el respaldo de los regidores y la presión social de una comunidad dividida entre el hartazgo y la incertidumbre.
