Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024– Este miércoles, la Cámara de Diputados activó formalmente el proceso para la eliminación de siete órganos autónomos constitucionales, marcando el inicio de la fase final de la reforma que promueve la simplificación de la estructura del Estado mexicano. El dictamen aprobado en agosto pasado por la legislatura anterior, y cuya discusión y votación se espera para el próximo martes o miércoles, es el paso decisivo en la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Reforma de Simplificación Orgánica: Argumentos y objetivos
La iniciativa, conocida como la Reforma de Simplificación Orgánica, busca transferir las funciones de estos organismos autónomos a dependencias del gobierno central bajo el control del Poder Ejecutivo. Según sus promotores, como la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, esta medida tiene como objetivo reducir los costos operativos, eliminar redundancias y hacer más eficiente la administración pública. Sin embargo, esta propuesta también ha generado un amplio rechazo de sectores clave de la sociedad, especialmente organizaciones de derechos humanos, académicos y defensores de la transparencia, quienes consideran que la desaparición de estos órganos pone en riesgo la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos fundamentales.
Críticas y preocupaciones sobre la reforma
Los opositores a la reforma advierten que la desaparición de estos organismos autónomos representa un retroceso significativo en áreas críticas como la competencia económica, el acceso a la información pública, y la protección de los derechos ciudadanos, como la privacidad y el manejo de datos personales. La eliminación del INAI, por ejemplo, ha sido especialmente polémica, ya que podría limitar el acceso de la sociedad a información clave sobre el funcionamiento del gobierno, afectando el derecho a la transparencia.
Además, la desaparición de la Cofece y el IFT ha generado preocupación sobre el posible aumento de monopolios en sectores estratégicos como telecomunicaciones y energía, lo que podría afectar la competitividad del mercado y los intereses de los consumidores. La pérdida de la independencia del Coneval, encargado de medir la pobreza y evaluar políticas públicas, también ha suscitado alarmas entre especialistas que consideran fundamental su función para la formulación de políticas basadas en evidencia y evaluación.
Posibles acciones legales y reacción de la oposición
De ser aprobada, la reforma pasaría a un proceso de desmantelamiento de estos organismos autónomos, transfiriendo sus funciones a diversas dependencias del Ejecutivo. Los críticos de la reforma anticipan que se podrían presentar amparos y otras acciones legales para frenar esta medida. Además, algunos partidos de oposición ya han comenzado a evaluar la posibilidad de presentar iniciativas alternativas que propongan reformar, pero no eliminar, los órganos autónomos.
Impacto en la estructura del Estado y el debate sobre la gobernanza democrática
La desaparición de estos órganos autónomos podría alterar profundamente la estructura institucional de México, cambiando el equilibrio de poder entre los distintos poderes del Estado. En este contexto, el debate sobre la reforma ha puesto de manifiesto la tensión entre la eficiencia administrativa y la necesidad de garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas e independencia en las instituciones gubernamentales.
La discusión en la Cámara de Diputados será clave para determinar el rumbo de esta reforma, que no solo afecta a las instituciones en cuestión, sino que también plantea un desafío a la democracia y la gobernanza en México. Los próximos días podrían marcar un punto de inflexión en el papel del Estado y su relación con la sociedad civil, redefiniendo el futuro de la administración pública y el respeto a los derechos fundamentales. 14-11-2024
