A más de 30 años de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, es innegable que la gestión del agua en México continúa siendo un desafío mayúsculo. La legislación, que en su momento fue diseñada con el fin de regular y administrar los recursos hídricos del país, ha quedado rezagada frente a las problemáticas actuales. A lo largo de tres décadas, han surgido una serie de distorsiones en la política hídrica, que han derivado en una serie de problemas graves: el “huachicoleo” del agua, la sobreconcesión de ríos y acuíferos, y una gestión ineficiente que pone en peligro tanto los recursos hídricos como la estabilidad social y económica del país.
Uno de los problemas más alarmantes es la sobreexplotación de los recursos hídricos. A pesar de que el agua es un bien público y un derecho humano fundamental, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó concesiones sin el respaldo técnico adecuado, lo que ha llevado a una sobreconcesión de ríos, arroyos, presas y acuíferos. Esto ha creado un círculo vicioso en el que las aguas superficiales y subterráneas de muchas regiones están siendo agotadas sin consideración por la capacidad de renovación de estos recursos.
El "huachicoleo" del agua: un problema creciente
El "huachicoleo del agua" —una forma de extracción ilegal y no regulada del agua para fines privados, como la agricultura y la industria— se ha convertido en una de las problemáticas más graves y visibles de la gestión hídrica en México. Este fenómeno, en el que grandes cantidades de agua son sustraídas de manera ilegal de ríos y pozos sin el registro o la supervisión de las autoridades, agrava aún más la escasez del recurso en muchas zonas del país. Si bien el gobierno ha reconocido el problema, los esfuerzos por erradicar este delito han sido insuficientes, lo que ha provocado que se mantenga un desorden que afecta principalmente a las zonas rurales y agrícolas, donde los usuarios legítimos sufren las consecuencias de la falta de agua.
El gran acuerdo por la sostenibilidad hídrica: una propuesta necesaria
Ante este escenario, el gobierno federal ha anunciado la creación de un "gran acuerdo para el manejo del agua", una iniciativa que busca corregir las distorsiones del pasado y promover una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Este acuerdo no solo implicará la implementación de reformas legales y la creación de políticas públicas más estrictas, sino también un esfuerzo por parte de todos los sectores sociales, desde agricultores hasta comunidades urbanas, para encontrar soluciones que beneficien a todos.
Este proyecto es bien recibido, pero se deben abordar primero las regiones más críticas. La frontera norte de México, donde la situación es particularmente caótica, representa uno de los puntos más vulnerables de la gestión hídrica del país. En esta región, el desorden no solo afecta a los usuarios mexicanos, especialmente a los agricultores de Tamaulipas, sino que también podría generar un conflicto diplomático con Estados Unidos.
El tratado internacional y los riesgos de incumplir compromisos
México y Estados Unidos comparten dos de los ríos más importantes de América del Norte: el Río Colorado y el Río Bravo (o Grande). Ambos ríos son fundamentales para la agricultura y el suministro de agua en ambos países. A través de negociaciones exitosas a lo largo del siglo XX, México logró un tratado internacional que le otorga el derecho a recibir más agua de la que le devuelve a Estados Unidos. Según este tratado, México recibe más de cuatro veces el agua que le reintegra a su vecino del norte.
El incumplimiento de este acuerdo por parte de México podría tener repercusiones gravísimas, tanto en términos diplomáticos como económicos. En particular, los agricultores en el estado de Texas podrían verse afectados por la escasez de agua, lo que podría derivar en demandas por daños. Más allá de la esfera económica, este incumplimiento podría generar un conflicto internacional, poniendo en riesgo el tratado y generando consecuencias impredecibles para las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Río Colorado, con una longitud total de 2,334 km, se extiende en su mayoría por territorio estadounidense (2,140 km), con solo 27 km en territorio mexicano y 160 km atravesando Baja California. El Río Bravo, por su parte, tiene una longitud de 3,050 km, de los cuales 1,032 km se encuentran en Estados Unidos y los 2,018 km restantes forman la frontera entre ambos países.
Conclusiones y necesidad de un enfoque integral
Es imperativo que México adopte una estrategia más eficaz y sostenible para la gestión del agua. El caos actual, alimentado por la sobreconcesión, el "huachicoleo" y la falta de control, exige que las autoridades tomen medidas decisivas para garantizar el acceso al agua como un derecho humano, promoviendo su uso eficiente y equilibrado. El gran acuerdo anunciado por el gobierno federal puede ser un paso hacia la solución de este grave problema, pero debe comenzar por las áreas más críticas, como la frontera norte, donde la situación ya representa un riesgo para la seguridad hídrica y para la estabilidad internacional.
Es fundamental que México mantenga sus compromisos internacionales en cuanto al manejo de los recursos hídricos, especialmente en relación con los tratados con Estados Unidos. La cooperación entre ambos países y la adopción de políticas hídricas sostenibles serán claves para asegurar que el agua continúe siendo un recurso compartido y accesible para las generaciones futuras. 14-11-2024
