Denuncia Contra Integrantes del Consejo de la Judicatura por Supuestas Irregularidades en Caso Penal
Pedro Antonio Martínez Hernández enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por posibles delitos de abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, junto con el juez Amadeo Fuentes Añorve y la magistrada Araceli Cabido Villard. La querella fue presentada por los abogados defensores de Manuel Forcelledo Nader y admitida el 26 de mayo por la fiscal Idamis Pastor Betancourt. En el documento se describen actuaciones que habrían buscado revocar la medida de prisión domiciliaria otorgada a Manuel Forcelledo Nader por la encargada del Juzgado Segundo de lo Penal, Angélica Rodríguez Zamora, en audiencia del 12 de mayo.Los abogados acusan a los tres integrantes del Consejo de la Judicatura de alterar el expediente del juicio penal. Según la denuncia, se cambiaron constancias, oficios dirigidos al Centro de Reinserción Social de Puebla y al subsecretario de Centros Penitenciarios, así como resolutivos que incluían la liberación inmediata de Manuel Forcelledo Nader. También se menciona la suplantación de sellos del juzgado. Manuel Forcelledo Nader cumple una sentencia de 76 años por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en enero de 2014. La querella señala que, tras la difusión del caso en medios, se modificaron las actuaciones para atribuirlas al titular del Juzgado Segundo de lo Penal, Enrique Romero Razo.La denuncia también fue presentada ante el Órgano Interno de Control del Poder Judicial. En ella se cuestiona la capacidad de los miembros del Consejo de la Judicatura para salvaguardar la legalidad en el Poder Judicial de Puebla cuando se les atribuyen acciones que transgreden normativas al alterar expedientes y desaparecer resoluciones y oficios. La presentación se realizó a pesar de que la titular del Órgano Interno de Control, Isidora Rubí Joven, enfrenta amenazas y hostigamiento laboral atribuido a Pedro Antonio Martínez Hernández.Este procedimiento se suma a cuestionamientos previos sobre el nombramiento de Pedro Antonio Martínez Hernández como presidente del Consejo de la Judicatura. Las versiones circuladas en torno al caso incluyen posibles pagos para la liberación de Manuel Forcelledo Nader que, al trascender públicamente, habrían motivado cambios en las constancias del expediente. Las autoridades judiciales y fiscales ahora deben procesar la denuncia y determinar si procede la investigación formal de los hechos señalados. El caso mantiene atención en el ámbito jurídico estatal por las implicaciones que tiene en la operación del Consejo de la Judicatura y en la integridad de los expedientes penales.
