POLITICA

Estabilidad confirmada en la presidencia de la Comisión de Derechos HumanosEl presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, descartó cualquier modificación en la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, actualmente a cargo de Rosa Isela Sánchez Soya. Esta posición responde a críticas emitidas por la bancada del Partido Acción Nacional, que señaló opacidad en el desempeño de la titular al no comparecer de manera presencial ante el Pleno legislativo. Gaspar Ramírez enfatizó que la remoción de un funcionario en organismos autónomos no puede sujetarse a posicionamientos políticos, sino exclusivamente a procedimientos legales establecidos. La presidenta de la CDH cumplió con la entrega de su informe de labores por escrito en los plazos previstos por la normativa vigente, lo que satisface los requisitos formales. Durante la sesión de la Comisión Permanente del 19 de diciembre de 2025, no existía posibilidad de una comparecencia improvisada, ya que esta requiere un acuerdo previo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, consensuado por todas las representaciones partidistas.Las críticas del PAN incluyeron exigencias para que la titular rindiera cuentas directamente ante el Pleno, pese a que el informe ya había sido presentado meses antes conforme a derecho. Estudios de la Universidad Iberoamericana Puebla señalaron una baja emisión de recomendaciones durante 2025, aunque este elemento no constituye causal jurídica para un cese. La facultad para convocar a comparecencia recae en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por el diputado Roberto Zataráin Leal. El Congreso mantiene su compromiso con la legalidad, evitando acciones motivadas por presiones externas sin fundamento sólido, con el fin de preservar la estabilidad de los organismos autónomos y su independencia frente a coyunturas políticas.Designación inminente del titular de la Auditoría Superior del EstadoEl Congreso del Estado programó para el 15 de enero de 2026 la definición del titular de la Auditoría Superior del Estado, tras la conclusión de entrevistas a los once aspirantes registrados. Estas sesiones se llevarán a cabo los días 13 y 14 de enero, como parte de un proceso que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, calificó como prioritario para fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas en la entidad. La selección se realiza con base en un análisis documental previo de los perfiles, ajustado a la convocatoria emitida por el Legislativo, garantizando transparencia y apego a la legalidad. El objetivo central es incorporar un perfil técnico independiente, ajeno a influencias partidistas, capaz de supervisar el ejercicio del gasto público en dependencias estatales y ayuntamientos.Esta designación, originalmente prevista para diciembre de 2025, se pospuso para permitir una evaluación exhaustiva, sin emitir nueva convocatoria. La entrada en funciones del nuevo auditor busca proporcionar certeza ciudadana sobre la vigilancia de recursos públicos, tanto federales como estatales, en un contexto de exigencia por mayor eficacia institucional. El proceso subraya la necesidad de un titular con capacidad técnica para asegurar el Estado de derecho, libre de intereses externos que pudieran comprometer la objetividad en la revisión de cuentas públicas.Agenda legislativa pendiente al arranque de 2026El Congreso del Estado inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias de 2026 con una serie de tareas acumuladas, entre las que destacan la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado, la armonización de la reforma judicial para la elección popular de jueces y magistrados, la elaboración de la Ley de Revocación de Mandato y la programación de comparecencias del gabinete ejecutivo. La votación para el auditor, con once perfiles en competencia, se fijó para el 15 de enero tras entrevistas programadas en días previos, luego de una suspensión de un mes decidida en diciembre de 2025. La reforma al Poder Judicial requiere adecuar leyes secundarias antes de marzo de 2026, alineándose con la iniciativa federal que establece la elección por voto popular de autoridades judiciales locales a partir de 2027.Adicionalmente, se analizará la Ley de Revocación de Mandato con base en la legislación federal, definiendo requisitos como porcentajes de firmas, plazos y procedimientos organizativos para ejercer este mecanismo de participación ciudadana respecto al titular del Ejecutivo estatal. Las comparecencias incluirán a integrantes del gabinete y a la fiscal general del Estado, Idamis Pastor, enfocadas en evaluar el desempeño de dependencias, el uso de recursos públicos y avances en procuración de justicia tras el primer Informe de Gobierno del gobernador Alejandro Armenta. Esta agenda responde a una demanda social por mayor transparencia y eficacia en las instituciones públicas.6 enero 2026