Baches el cajero automático de autoridades corruptas

En los oscuros callejones del poder municipal en Puebla, donde las promesas de calles transitables se ahogan en el fango de la corrupción sistemática, el bacheo no es un servicio público: es un mecanismo descarado de robo organizado. Millones de pesos del erario desaparecen cada año en contratos ficticios, parches de gravilla que duran menos que una tormenta y empresas fantasma que se evaporan tras el pago, dejando a los ciudadanos con vialidades destrozadas, accidentes diarios y el cinismo como único patrimonio. Rodolfo Herrera Charolet, periodista e investigador que ha dedicado décadas a destapar cloacas de impunidad, y hoy Coordinador General Especializado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, lo ha dicho sin rodeos: hay que meter el bisturí en las auditorías municipales, porque mientras no se audite con dientes afilados, el bacheo seguirá siendo el negocio más rentable del ayuntamiento.Lo que se vende como mantenimiento vial es, en realidad, un esquema de lavado y desvío sofisticado. Empresas ligadas a funcionarios o a sus testaferros ganan contratos por cientos de millones sin maquinaria propia, sin personal calificado y, en muchos casos, sin domicilio real. Se esparce gravilla suelta sobre el hoyo, se toma la foto de rigor, se factura como si se hubiera colocado asfalto compactado de alta calidad, y al día siguiente el material se recoge para reutilizarlo en el siguiente "trabajo". El resultado: calles que siguen siendo trampas mortales, presupuestos inflados en un 30-40 % y fondos públicos que terminan en cuentas privadas o en paraísos fiscales. En 2025, solo en la capital y municipios conurbados como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, se asignaron más de 2 mil millones de pesos en obras viales, pero el 25 % de las vialidades intervenidas volvió a deteriorarse en menos de tres meses.La fiscalización es un chiste cruel. Contralorías municipales con personal insuficiente, sin tecnología de monitoreo y sin voluntad política realizan apenas el 20 % de las inspecciones obligatorias. La Auditoría Superior del Estado llega tarde, con informes que describen irregularidades pero rara vez terminan en sanciones penales. Las adjudicaciones directas se multiplican, las licitaciones se declaran desiertas para justificar asignaciones a dedo, y las empresas fantasma —registradas en domicilios abandonados o inexistentes— desaparecen tras cobrar. Este patrón no es error administrativo: es diseño. Un diseño que garantiza que el ciclo se repita: baches → contrato → simulación → cobro → baches peores → nuevo contrato.Las consecuencias son brutales y visibles. Cada año, el mal estado de las vialidades genera pérdidas económicas por más de 500 millones de pesos solo en reparaciones vehiculares y tiempo perdido, sin contar los accidentes que dejan muertos y mutilados. Familias de bajos ingresos pagan el precio más alto: llantas reventadas, amortiguadores destruidos, traslados médicos de emergencia. Mientras tanto, el dinero que debería ir a escuelas, hospitales o pavimentaciones integrales se pierde en el bolsillo de unos pocos. La confianza en las instituciones se desploma: el 68 % de los poblanos considera que la corrupción en obras públicas es "muy alta", según mediciones recientes, y el hartazgo se traduce en protestas, demandas y abstencionismo.Herrera Charolet insiste en una verdad incómoda: sin auditorías exhaustivas, independientes y con dientes, sin verificación física obligatoria de domicilios y maquinaria, sin bitácoras electrónicas en tiempo real y sin sanciones penales ejemplares, el bacheo seguirá siendo el cajero automático del ayuntamiento. La solución no está en más promesas ni en parches mediáticos. Está en desmantelar la red de complicidad que permite que el erario se convierta en botín privado. Mientras eso no ocurra, cada bache en Puebla no es un accidente del clima o del tráfico: es evidencia de un delito en curso.