Este lunes, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la salida de Gustavo Gaytán Alcaraz de la dirección del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), con lo que se pone fin a una gestión de 11 años marcada por la opacidad, la complacencia con la empresa concesionaria y una profunda crisis en el servicio de agua.
Durante más de una década, Gaytán Alcaraz operó en contubernio con Héctor Durán Díaz, ex director de Concesiones Integrales, periodo que es recordado como la "década negra" del agua en Puebla. En esos años se acumularon más de 26 mil quejas por cobros excesivos y deficiencias en el servicio, además de 636 amparos promovidos por usuarios contra cobros ilegales y cortes arbitrarios del suministro.
La remoción de Gaytán marca el cierre de toda una era. El ex funcionario logró mantenerse en el cargo durante cinco administraciones estatales: desde los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, pasando por el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, hasta las gestiones de Luis Miguel Barbosa y Sergio Salomón.
Lejos de fungir como garante del derecho humano al agua, Gustavo Gaytán fue severamente cuestionado por actuar como un muro de contención a favor de los intereses de la empresa concesionaria. La complicidad con Héctor Durán se tradujo en una política de sanciones prácticamente inexistente: en siete años, el Soapap apenas impuso 2.28 millones de pesos en multas, una cifra irrisoria que equivale a sólo el 0.11% de los ingresos anuales de la empresa, mientras miles de familias padecían cortes ilegales y un servicio deficiente.
Colapso financiero y operativo
Uno de los mayores agravios al patrimonio de los poblanos fue la omisión sistemática en el cobro de las contraprestaciones. Investigaciones de EPrensa revelan que Agua de Puebla entregó al Soapap apenas 852 millones de pesos de los más de 2 mil millones que debía cubrir por concepto del 5% de sus ingresos. Gaytán Alcaraz permitió que la concesionaria incumpliera cerca del 60% de sus obligaciones financieras, al tiempo que el sistema de distribución entraba en un franco deterioro.
En el plano técnico, su gestión deja una red hidráulica obsoleta, con pérdidas de hasta el 42% del agua por fugas y una infraestructura con más de medio siglo de antigüedad. El propio ex director reconoció ante el Congreso del Estado que la eficiencia física del sistema es de apenas 58%, situación que obliga a más de 700 colonias a recibir agua solo dos días por semana, en clara violación al mínimo de cuatro días establecido en el contrato de concesión.
Simulación en saneamiento y crisis ambiental
El fracaso en el saneamiento de aguas residuales constituye otro de los capítulos más oscuros de esta administración. A pesar de que los usuarios pagan puntualmente este concepto en sus recibos, las plantas de tratamiento operan a una fracción de su capacidad, convirtiendo el saneamiento en una mera simulación administrativa. Esta negligencia ha expuesto a más de 30 mil personas que habitan en las riberas del río Atoyac a niveles críticos de contaminación y a un mayor riesgo de enfermedades graves.
A ello se suma la ausencia de Gaytán Alcaraz en los conflictos sociales derivados de la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Su incapacidad para mediar con comunidades de la periferia metropolitana, como San Miguel Xoxtla y Cuautlancingo, provocó la paralización de obras estratégicas y derivó en denuncias ante instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación sistemática al derecho humano al agua.
Relevo institucional y nueva fiscalización
Frente a este escenario de abandono y opacidad, el gobernador Alejandro Armenta anunció que Josefina Morales Guerrero asumirá la dirección del Soapap con la encomienda de sanear las finanzas del organismo. Al informar sobre el relevo, el mandatario señaló en rueda de prensa:
"Nuestra compañera Josefina, que hizo un gran trabajo en Finanzas, va a ser la nueva directora del Soapap. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema del agua en Puebla".
La llegada de la ex secretaria de Finanzas anticipa una etapa de fiscalización estricta sobre los 2 mil 12 millones de pesos que la empresa concesionaria asegura haber invertido. El gobierno estatal ya analiza la posibilidad de adquirir hasta el 75% de las acciones de Concesiones Integrales si persisten los incumplimientos, lo que podría representar una salida definitiva al fracaso que significó la privatización del servicio en 2014.
Con la salida de Gustavo Gaytán Alcaraz se desmantela el último gran reducto del morenovallismo dentro de la administración estatal. Esta transición abre la puerta a una revisión integral de las cláusulas leoninas del contrato y a la eventual revocación del título de concesión, sin las indemnizaciones millonarias que durante 11 años funcionaron como un mecanismo de presión para perpetuar la impunidad hídrica en Puebla.
