05 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa:Vinculación por abuso sexual en XicotepecEn el ámbito de la administración municipal que enfrenta escrutinio por irregularidades personales, el proceso contra el exdelegado de una comunidad en Xicotepec se inicia con la denuncia de una ciudadana que alega haber sufrido abuso sexual durante su gestión, un incidente que, según los relatos iniciales, ocurrió en el ejercicio de sus funciones oficiales y derivó en una querella formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla el pasado mes de noviembre. Este paso preliminar, respaldado por evidencias preliminares como testimonios y registros temporales, activa la intervención inmediata de autoridades judiciales que, tras una audiencia inicial, determinan la procedencia de la imputación, vinculandolo a proceso penal con la medida cautelar de presentación periódica para evitar riesgos de fuga o influencia en testigos. La formalización de cargos establece un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual se recabarán pruebas periciales y se garantizará el resguardo de la víctima, marcando así el avance hacia una resolución que podría implicar penas de hasta ocho años de prisión si se confirma la culpabilidad, en un contexto que resalta la vulnerabilidad de roles públicos ante denuncias de este tipo. Acusación de despojo contra directivo en XicotepecDentro del entramado de disputas territoriales que caracterizan la gestión de recursos en zonas rurales, el proceso en contra del director jurídico del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Xicotepec (Smadsot) arranca con la interposición de una demanda por despojo presentada por un grupo de ejidatarios que reclaman la invasión ilegal de terrenos comunales destinados a la expansión de infraestructura hidráulica, un acto presuntamente orquestado en 2024 para adjudicar parcelas sin autorización legal. Este mecanismo se despliega mediante la notificación oficial de la querella ante el Ministerio Público, donde se detallan irregularidades en la documentación y el uso de maquinaria municipal para el cercado de áreas protegidas, impulsando una fase de inspección ocular y peritajes catastrales que confirman la afectación de al menos cinco hectáreas. La imputación provisional impone la obligación de comparecencia y la suspensión temporal de sus funciones administrativas, extendiendo el procedimiento hacia una audiencia de formulación de imputación programada para las próximas semanas, con potenciales sanciones que incluyen restitución de bienes y multas equivalentes al valor agraviado, subrayando la necesidad de transparencia en proyectos de servicios públicos. Traslado custodiado para ex edil en ZapotitlánEn el ciclo de responsabilidades penales que intersecta con eventos familiares ineludibles, el proceso para el ex edil de Zapotitlán Palmas, detenido por presuntos desvíos de fondos durante su mandato, incorpora un permiso humanitario que permite su traslado custodiado al funeral de su padre, fallecido el 3 de diciembre de 2025 en su localidad natal, un arreglo coordinado entre la Fiscalía y el centro penitenciario para equilibrar el duelo con la seguridad procesal. Este intermedio, autorizado tras una solicitud urgente presentada por su defensa, se ejecuta bajo estricta vigilancia de elementos policiales que lo escoltan desde el penal de la región hasta el velorio, limitando su permanencia a cuatro horas y prohibiendo cualquier contacto no supervisado, todo ello sin alterar el avance de su expediente principal que acumula cargos por peculado y abuso de autoridad. La concesión de este derecho, regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, cierra temporalmente el aislamiento carcelario pero reafirma las restricciones impuestas, proyectando la continuación de audiencias pendientes que podrían derivar en sentencia condenatoria, en un recordatorio de cómo las contingencias personales no detienen el curso inexorable de la justicia. Denuncias de extorsión en penal de TehuacánFrente a las dinámicas de control interno que permean los sistemas correccionales, el proceso de denuncia en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán se activa con las declaraciones de un grupo de internos que exponen un esquema sistemático de extorsión y abusos perpetrados por custodios y líderes carcelarios, revelando cobros mensuales de hasta mil pesos por "protección" y restricciones arbitrarias a visitas y alimentos, prácticas que se han intensificado desde inicios de 2025. Este desahogo colectivo, canalizado a través de una visita de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla el 2 de diciembre, detalla incidentes de golpizas selectivas y aislamiento punitivo por incumplimientos, impulsando la apertura de una carpeta de investigación que involucra a al menos ocho elementos del personal penitenciario bajo sospecha de colusión con redes delictivas externas. La respuesta inmediata incluye la rotación de guardias y el despliegue de inspecciones sorpresa, extendiendo el procedimiento hacia auditorías independientes y audiencias protectoras para las víctimas, con miras a reformas estructurales que mitiguen la corrupción endémica y garanticen condiciones dignas, transformando así las voces oprimidas en catalizador para un cambio institucional profundo.
RedacciónImagen de referencia y archivo
RedacciónImagen de referencia y archivo
