Aprobado en Comisiones concesión de paraderos

02 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa:En el vasto teatro de la legislación poblana, donde los hilos de la gobernanza se entretejen con la precisión de un telar ancestral. En el Congreso del Estado, se ha consumado un capítulo pivotal en la regulación del espacio urbano: la aprobación unánime en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la concesión por diez años del uso publicitario en los 401 parabuses que salpican las avenidas y bulevares de Puebla capital, como centinelas mudos de la movilidad cotidiana. Imagínese la escena matutina de este 2 de diciembre de 2025, con el sol filtrándose a través de las vidrieras del salón legislativo, iluminando pilas de expedientes que narran no solo cifras y cláusulas, sino la evolución de una ciudad que busca ordenar su caos visual mediante un pacto entre lo comercial y lo público. Este proceso, nacido de la necesidad imperiosa de disciplinar los mensajes publicitarios que antes flotaban en un limbo de improvisaciones y litigios, representa un puente entre el mandato efímero del Ayuntamiento actual y un horizonte decenal de estabilidad fiscal, donde cada paradero —esos refugios efímeros para el peatón fatigado— se transforma en un lienzo regulado para anuncios que, en lugar de invadir, dialogan con el pulso urbano. La decisión, tomada con el peso de la deliberación colectiva, no es un mero visto bueno administrativo; es el preludio a una licitación que desplegará su ritual competitivo, atrayendo a oferentes con visiones de innovación publicitaria, mientras el tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, emerge como el narrador principal, tejiendo con palabras medidas la promesa de un ecosistema donde la limpieza, el pago puntual y la sanción inexorable se erigen como pilares inquebrantables de la concesión. Así, en este ballet descriptivo de la política local, Puebla se proyecta hacia un futuro donde los parabuses no son solo estructuras de metal y vidrio, sino vectores de ingresos ordenados que nutren las arcas municipales sin menoscabo de la estética colectiva. ***Orígenes de la Iniciativa: El Acuerdo del Cabildo y el Turno LegislativoRetroceda en el tapiz temporal al 14 de agosto de 2025, cuando el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, reunido en la penumbra solemne de su sala capitular con el aroma a madera antigua impregnando el aire, aprobó por consenso una moción que marcaría el inicio de este periplo legislativo: la solicitud formal al Congreso del Estado para autorizar la concesión de diez años en el uso publicitario de los 401 parabuses diseminados por la urbe como guardianes del tránsito peatonal. Este acto, descriptivo en su meticulosidad, no surgió de un vacío impulsivo, sino de un diagnóstico profundo de las fisuras en la gestión previa de estos espacios —anuncios clandestinos que proliferaban como maleza en aceras, generando disputas legales y fugas fiscales que erosionaban la confianza pública—. La moción, redactada con cláusulas que revocaban disposiciones contradictorias de gestiones pasadas, elevó la petición al Ejecutivo estatal, quien, fiel al guion constitucional, la remitió al Congreso al constatar que el lapso de la concesión —un decenio que trasciende el ciclo electoral municipal— demandaba la validación de un órgano superior para blindarla contra caprichos administrativos. Así se desplegó el proceso: un expediente que viajó de la alcaldía al palacio de gobierno y de allí a los pasillos del Legislativo, donde fue recibido como un pergamino ancestral, listo para ser escudriñado en comisiones que, como cirujanos precisos, diseccionarían sus implicaciones financieras y urbanísticas, asegurando que la concesión no fuera un mero contrato efímero, sino un instrumento perdurable para la modernización de la publicidad callejera en una capital que anhela equilibrar comercio y civismo. ***La Sesión Decisiva en la Comisión de Hacienda: Un Ritual de DeliberaciónEvóquese el pulso rítmico de la sesión del 2 de diciembre en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, un enclave legislativo donde el eco de voces expertas resuena contra muros adornados con emblemas republicanos, y el tic-tac de relojes invisibles mide el avance inexorable de la agenda pública. Bajo la presidencia rotativa de diputados que navegan las corrientes fiscales con la pericia de timoneles en mares turbulentos, se convocó a los legisladores para someter a votación la iniciativa ayuntamental, un documento que detalla con pinceladas administrativas la distribución geográfica de los 401 parabuses —desde los bulliciosos cruces de la zona histórica hasta los flujos vehiculares de las periferias industriales—. El tesorero municipal, Héctor Romay González Cobián, ascendió al podio con la gravedad de un orador clásico, desplegando un discurso que pintaba vívidamente los beneficios: una regulación que erradica la anarquía publicitaria, canalizando ingresos estables hacia presupuestos municipales para pavimentar calles o iluminar plazas. La deliberación, un diálogo descriptivo entre interrogantes sobre rentabilidad proyectada y salvaguardas ambientales, fluyó sin disonancias notables, culminando en una aprobación unánime que selló el dictamen con firmas que, como rúbricas en un tratado, avalaron el avance. Este momento procesal, cargado de la tensión sutil de un veredicto inminente, no solo validó la propuesta, sino que delineó el contorno de un marco contractual donde el concesionario futuro —aún sin rostro, pero con obligaciones talladas en piedra— se comprometerá a preservar la integridad de estos mobiliarios urbanos, transformando potenciales focos de desorden en baluartes de eficiencia económica. ***Condiciones de la Concesión: Un Tapiz de Obligaciones y SancionesAdéntrese en el corazón contractual de esta concesión, un documento en gestación que se vislumbra como un códice detallado, donde cada cláusula se erige como un hilo en la red de responsabilidades que atarán al operador seleccionado en un abrazo inexorable de accountability. Una vez que el pleno congressional infunda vida a este dictamen, se desatará la licitación —un concurso público que convocará a empresas publicitarias con el llamado estridente de edictos en gaceta oficial—, culminando en la emisión de un título de concesión que no será un mero salvoconducto, sino un evangelio de deberes: el mantenimiento impecable de los parabuses, libres de grafitis o mugre acumulada por lluvias torrenciales, con inspecciones periódicas que funcionarán como ojos vigilantes del Ayuntamiento. Financieramente, el tapiz se tiñe de promesas de pagos puntuales —cuotas mensuales o anuales que fluirán hacia las arcas municipales como un río ordenado—, respaldadas por garantías bancarias que disuadirá dilaciones. Y en las sombras de este idilio contractual acechan las sanciones, descritas por Romay con la precisión de un cartógrafo de penalidades: multas escalonadas por incumplimientos menores, como retrasos en transferencias, que escalarán a suspensiones temporales o revocaciones definitivas por negligencias graves, como la permisión de anuncios que violen normativas éticas o urbanas. Este entramado no es abstracto; es un proceso vivo, donde el concesionario, una vez ungido, navegará un mar de auditorías y reportes trimestrales, asegurando que los 401 parabuses —testigos silenciosos de esperas bajo el sol abrasador o la llovizna invernal— se conviertan en generadores de prosperidad regulada, tejiendo armonía entre el brillo comercial y la serenidad cívica de Puebla. ***Implicaciones Urbanas y Fiscales: Hacia un Horizonte de Orden PúblicoContemple el panorama más amplio que se dibuja desde esta aprobación, un horizonte donde los parabuses de Puebla capital trascienden su rol utilitario para convertirse en ejes de una transformación urbana sutil pero profunda, inyectando vitalidad fiscal en un ecosistema municipal que lidia con deudas heredadas y demandas crecientes de infraestructura. Descriptivamente, imagine las avenidas transformadas: anuncios luminosos que, en lugar de competir caóticamente, se alinean en un coro armónico de mensajes que promueven desde campañas de salud pública hasta ofertas comerciales, todo bajo el yugo de una concesión que promete ingresos recurrentes —potencialmente millones de pesos anuales, aunque cifras precisas aún se cuecen en el horno de la licitación— para financiar proyectos que alivien el congestionamiento vial o embellecen plazas olvidadas. Procesalmente, esta medida fortalece la autonomía local al blindar la concesión contra vaivenes electorales, asegurando continuidad en una ciudad donde la publicidad ha sido históricamente un campo minado de litigios entre vendedores ambulantes y autoridades. Las implicaciones se extienden como ondas en un estanque: un modelo replicable para otras urbes poblanas, donde la regulación publicitaria se erige como antídoto contra la contaminación visual, fomentando una estética urbana que dialogue con el patrimonio colonial sin ahogarlo en neones invasivos. En este lienzo prospectivo, la concesión no es fin, sino catalizador de un proceso mayor de modernización, donde Puebla, con sus 401 guardianes de asfalto, avanza hacia un equilibrio delicado entre lucro y legado, guiada por la brújula inquebrantable de la legalidad. ***Próximos Pasos: Del Pleno al Altar de la LicitaciónMire hacia adelante en el río procesal de esta iniciativa, donde el dictamen de la comisión, aún tibio con la tinta fresca de la aprobación, emprende su peregrinaje final hacia el Pleno del Congreso del Estado, un coliseo legislativo donde diputados de todas las bancadas convergerá en sesiones que podrían extenderse bajo luces perpetuas hasta forjar el consenso definitivo. Una vez ratificado —un acto que se vislumbra inminente, dado el respaldo unánime previo—, el Ayuntamiento desatará la maquinaria de la licitación pública, un ritual competitivo que se anunciará con bandos digitales y convocatorias impresas, invitando a postores a presentar propuestas que detallen no solo ofertas económicas, sino planes innovadores de sostenibilidad publicitaria, como paneles solares en paraderos o campañas inclusivas para audiencias diversas. El proceso culminará en la adjudicación y emisión del título de concesión, un documento solemne que, como un juramento notarial, detalla sanciones por incumplimientos —desde multas por suciedad acumulada hasta cláusulas de rescisión por pagos morosos—, todo bajo la supervisión de veedores independientes que velarán por la transparencia. En este epílogo descriptivo, el camino se bifurca hacia la ejecución: el operador ungido asumirá las riendas en un plazo de 60 días, iniciando una era de auditorías regulares que medirán el pulso de cumplimiento, asegurando que los parabuses de Puebla no solo cobijan esperas, sino que ilustran un modelo de gobernanza donde el proceso legislativo, con su meticulosa cadencia, siembra semillas de orden perdurable en el suelo fértil de la capital angelopolitana. ***Redacción