Salida de Alejandro Ramírez Ulloa de la Policía Auxiliar de Puebla: Un paso en el combate a la corrupción impulsado por el gobierno estatal
En un contexto de fortalecimiento institucional y erradicación de prácticas irregulares, el gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ha dado un paso significativo en su política de cero tolerancia a la corrupción. Tras casi ocho meses de señalamientos y procesos administrativos, Alejandro Ramírez Ulloa ha dejado definitivamente su cargo como director operativo de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana (conocida como Policía Auxiliar de Puebla). Esta corporación, creada en 1958, presta servicios de vigilancia y custodia a entidades paraestatales, fideicomisos no empresariales y no financieros, contribuyendo de manera sustancial a los ingresos del estado.Evolución de los ingresos reportados y su relevancia económicaLa Policía Auxiliar ha demostrado un crecimiento sostenido en sus operaciones, reflejado en sus finanzas públicas. Según datos oficiales, en 2024 la corporación reportó ingresos por 716 millones de pesos, un incremento respecto a los 694 millones de pesos registrados en 2023. Para 2025, se proyecta una cifra de 810 millones de pesos, lo que representa un aumento anual aproximado del 13%. Estos recursos provienen principalmente de contratos de servicios de seguridad prestados a diversos sectores, lo que posiciona a la Policía Auxiliar como una entidad clave para la economía estatal y el apoyo a la protección ciudadana.Este crecimiento financiero subraya la importancia estratégica de la corporación en el ecosistema de seguridad de Puebla, alineándose con los objetivos del gobierno estatal de profesionalizar y transparentar las instituciones públicas. Sin embargo, el manejo adecuado de estos fondos es esencial para mantener la confianza ciudadana y cumplir con las normativas fiscales, como las establecidas en la Ley de Ingresos del estado.Señalamientos de irregularidades y el rol del gobierno en su resoluciónA lo largo de 2025, Ramírez Ulloa ha enfrentado múltiples acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, incluyendo la solicitud de "moches" a aspirantes para ingresar a la corporación, la venta de plazas por hasta 30 mil pesos, la renta irregular de armas y la no distribución de beneficios como tarjetas de despensa autorizadas por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes. Estas denuncias, ampliamente difundidas en medios y redes sociales, llevaron a su primera destitución en febrero de 2025, anunciada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como parte de las instrucciones directas del gobernador Armenta para combatir frontalmente la corrupción.A pesar de intentos de reincorporación —como su ratificación temporal en agosto de 2025, según reportes de la SSP—, el director general de la Policía Auxiliar, César Castellanos Galdámez, solicitó su renuncia el 3 de septiembre de 2025, tras la circulación de imágenes que lo mostraban aún en funciones. La salida definitiva ocurrió el 18 de septiembre, marcando la tercera y concluyente "caída" de Ulloa en la institución. El gobierno estatal ha enfatizado que esta medida no responde a persecuciones políticas, sino a una reestructuración necesaria para garantizar la transparencia y el cumplimiento de controles de confianza.En este marco, se han identificado posibles irregularidades adicionales, como cobros no reportados en efectivo por servicios intangibles —estimados en alrededor de 20 mil pesos mensuales por guardia armado— que no se integran a las proyecciones de la Ley de Ingresos. Ejemplos incluyen el despliegue de personal en comercios específicos, como un negocio de venta de bacalao en la 29 Oriente, el terrapuerto Paseo Destino, un establecimiento de pollo al mayoreo y una empresa de materiales pétreos junto al Periférico Ecológico. Aunque se reporta fatiga laboral y permanencia en bases, la realidad operativa indica turnos en sitios privados, lo que podría implicar desvíos de recursos públicos. La SSP ha anunciado revisiones exhaustivas a la cadena de mando, incluyendo direcciones operativa, administrativa y jurídica, para esclarecer estos hechos y evitar futuros abusos.Compromiso del gobierno estatal con la transparencia y la investigaciónLa administración de Alejandro Armenta ha reiterado su compromiso con la Cuarta Transformación, priorizando la erradicación de prácticas ilegales en todas las dependencias. En comunicados oficiales, la SSP ha destacado que "ningún servidor público estará por encima de este eje fundamental", y se espera el anuncio de un nuevo director en los próximos días para asegurar la continuidad de los servicios sin interrupciones. Además, el gobierno ha impulsado iniciativas como la Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción (ENCIPC 2025), vigente hasta julio de 2025, para recopilar opiniones anónimas y mejorar la rendición de cuentas.Esta salida representa una oportunidad para investigar a fondo las operaciones de la Policía Auxiliar, especialmente en lo que respecta a contratos con comercios y empresas que dependen de sus servicios. El gobernador Armenta ha advertido públicamente que no habrá impunidad, como en casos recientes de detenciones de elementos por extorsión en el Centro Histórico. Elementos de la corporación han expresado inconformidades internas, incluyendo amenazas y monitoreo en grupos de WhatsApp, lo que refuerza la necesidad de una auditoría integral.En resumen, la destitución de Ramírez Ulloa no solo cierra un capítulo de presuntas irregularidades, sino que fortalece la imagen de un gobierno proactivo en el combate a la corrupción. Mientras los servicios de la Policía Auxiliar continúan operando con normalidad, se espera que las investigaciones en curso garanticen una mayor transparencia y eficiencia, beneficiando tanto al estado como a la ciudadanía que confía en estas instituciones para su seguridad.
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