La Subsecretaria de Prevención de la Violencia y Discriminación de las Mujeres en Puebla: Un Caso de Ineficacia y Abusos Internos que Contradice su Mandato
Puebla, Puebla, 26 de agosto de 2025 – En un contexto de creciente alarma por la violencia de género en México, donde Puebla registra tasas elevadas de feminicidios y discriminación sistemática contra las mujeres, la gestión de Araceli Caselín Espinoza como Subsecretaria de Prevención de la Violencia y Discriminación de las Mujeres en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Puebla se revela como un ejemplo paradigmático de contradicción institucional. Nombrada en un cargo destinado a erradicar precisamente esos males sociales, Caselín Espinoza ha sido señalada por prácticas que fomentan el hostigamiento, la exclusión y el abuso de poder, tanto hacia el personal subordinado como hacia el público atendido. Esta situación, documentada en quejas formales ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y en protestas públicas, pone en evidencia un patrón de inexperiencia y autoritarismo que socava los objetivos de la dependencia, exacerbando la crisis humanitaria que se supone debe combatir.Antecedentes y Trayectoria Profesional: De Militante a Funcionaria con CuestionamientosAraceli Caselín Espinoza, de 52 años, asumió su rol actual en mayo de 2025 tras un breve y controvertido paso por la jefatura del Departamento del Adulto Mayor en la Casa del Abue, un centro gerontológico emblemático en Puebla. Su trayectoria previa se centra en su militancia fundacional en Morena, partido en el poder en el estado bajo la gubernatura de Alejandro Armenta Mier. Caselín Espinoza fue una de las primeras en respaldar las aspiraciones de Armenta a la gubernatura a finales de 2023, lo que parece haber sido su principal mérito para escalar en la administración pública. Sin embargo, su formación académica reciente –se tituló como licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2024– no ha compensado la aparente falta de experiencia en políticas públicas de género, derechos humanos o gestión administrativa. Antes de su incursión en el servicio público, su perfil se limitaba a roles partidistas, sin evidencia de contribuciones significativas en la prevención de la violencia o la atención a víctimas, áreas críticas en un estado donde, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla acumuló al menos 150 feminicidios en 2024, con una tendencia al alza en 2025.Este ascenso político, en detrimento de competencias técnicas, refleja un patrón preocupante en la designación de cargos sensibles: priorizar lealtades partidarias sobre expertise, lo que ha resultado en una gestión ineficaz que no solo falla en su propósito, sino que reproduce las dinámicas de discriminación y abuso que debe combatir.Quejas Recurrentes: De Malos Tratos en la Casa del Abue a Denuncias Formales en la CDH PueblaLos problemas con Caselín Espinoza datan de febrero de 2025, cuando usuarios de la Casa del Abue –principalmente adultos mayores– presentaron quejas directas al gobernador Armenta Mier por negarles acceso a las instalaciones para ensayar bailes y coreografías destinadas a la Feria de Puebla. Estas restricciones, justificadas vagamente por "falta de espacio" o "ruido excesivo", obligaron a los afectados a practicar en parques públicos, exponiéndolos a condiciones precarias que agravaron su salud y vulnerabilidad. Las protestas escalaron en mayo de 2025, cuando alrededor de 100 adultos mayores bloquearon la Avenida 11 Norte frente al centro, exigiendo su destitución por "malos tratos, decisiones arbitrarias y trato despótico". Testimonios recopilados en mesas de diálogo con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Puebla) describen un ambiente de "puertas cerradas" y grabaciones no consentidas, violando la privacidad y dignidad de los usuarios. Como resultado, Caselín fue relevada de su jefatura el 19 de mayo y reubicada en la Secretaría de las Mujeres como subsecretaria, bajo la titular Yadira Lira Navarro –un traslado que, lejos de resolver el conflicto, trasladó sus prácticas problemáticas a un ámbito aún más sensible.En su nuevo puesto, los abusos no cesaron. Desde julio de 2025, la CDH Puebla ha recibido al menos dos denuncias formales contra Caselín Espinoza (expedientes iniciados el 16 y 22 de julio), por actos que incluyen despidos injustificados, amenazas de pérdida de empleo, hostigamiento laboral e intimidación sistemática. Una de las quejas, presentada por una trabajadora despedida, detalla exclusión y discrecionalidad en el manejo de personal, creando un "ambiente de temor y presión" que contradice el mandato de prevención de violencia. Otra denuncia, contra su colaboradora Paola Ramírez Serafín, revela órdenes para forzar firmas en actas administrativas bajo coacción, lo que implica un clima de violencia institucional. Documentos internos de la subsecretaría, firmados por múltiples empleados, enumeran irregularidades como presunción de respaldo directo del gobernador –usado como "blindaje" contra supervisiones– y violaciones a derechos humanos que ironía de los objetivos de la dependencia. Estas quejas, que ya suman más de una docena de testimonios, exigen investigaciones exhaustivas, restitución laboral y medidas precautorias, y han escalado a solicitudes de intervención al gobernador Armenta y a la titular Lira Navarro. La CDH Puebla, en su rol de garante, ha iniciado procedimientos para verificar estas violaciones, destacando cómo tales prácticas perpetúan la discriminación que la subsecretaría debe erradicar.Adicionalmente, incidentes menores pero reveladores, como obligar a su chofer y asistente a pagar multas de tránsito por estacionar su camioneta Chevrolet blanca en zonas reservadas para discapacitados o carga/descarga frente a las oficinas de la Secretaría en 2 Sur 902, ilustran un patrón de abuso de autoridad que se extiende al ámbito personal y logístico.Gestión Presupuestal Ineficaz: Recursos Subejercidos en un Contexto de CrisisLa ineficacia de Caselín Espinoza se agrava en la esfera financiera. Para el ejercicio fiscal 2025, la Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación de las Mujeres –junto con dos direcciones adscritas– recibió un presupuesto de 41.5 millones de pesos, equivalente al 43% del total de la Secretaría de las Mujeres (aproximadamente 96.5 millones de pesos en total, según la Ley de Egresos del Estado de Puebla). De los 19.5 millones de pesos etiquetados directamente a su oficina para el primer semestre, el 75% permanece sin ejercerse, lo que genera un riesgo inminente de devolución a la Federación o pérdida de fondos, en un momento en que Puebla enfrenta una alerta de violencia de género activa desde 2019 y un incremento del 15% en casos de discriminación reportados en 2025.Entre los rubros más vulnerables destacan:
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Urbano Noticias, las quejas exhiben una serie de agravios cometidos contra trabajadoras de la dependencia, que violentan sus derechos humanos, acciones que se contraponen a los objetivos centrales de dicha secretaria: busca prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y atender a la víctimas.
El 16 de julio la Dirección de Quejas y Orientación recibió una queja dirigida a la titular de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, firmada por Cynthia Rodríguez Zepeda, quien narró que el 15 de julio del años en curso, se le solicitó su renuncia como analista por honorario de la Subdirección de Prevención Estratégica, bajo el argumento de que hubo un recorte presupuestal que impedía que siguiera laborando en la secretaría.
La quejosa explica que, los argumentos para su baja fueron una mentira, pues al día siguiente se incorporó a otra persona para cubrir la plaza, por intervención de A.E.R.M., funcionaria cercana a Caselín, y que asegura tener respaldo de varias personas que la hacen ser “intocable”.
Rodíguez Zepeda considera que estos hechos vulneraron gravemente sus derechos laborales, así como el de otras personas trabajadoras de la dependencia ya que advirtió que “hay represalías extrainstitucionales”, además de “practicas que configuran un ambiente de hostigamiento laboral y discriminación institucional”, usurpación de funciones, difusión de rumores y descalificaciones, exclsuivón deliberada, amenazas verbales de despido, vigilancia desmedida y trato preferencial.
La quejosa exige que la CDH Puebla haga una investigación y se le restituya en su puesto de trabajo, que se emitan medidas precautorias y se revise el actuar de Araceli Caselín.
Respecto a la queja formulada por Claudia Bobadilla Eslava, el 22 de julio se solicita a la intervención de la CDH Puebla por actos y omisiones cometidos por Paola Ramírez Serafín, jefa del Departamento de Atención a Mujeres con alto Nivel de Riesgo de la Dirección de Atención a Mujeres Víctima.
La promovente afirma que la funcionaria obligó a dos de sus compañera a firmar un acta administrativa en su contra, bajo una serie de amenazas, entre ellas la pérdida de empleo.
Dijo que su superiora tuvo un comportamiento autoritario y prepotente, con ella, además de que la obligó a estar en una habitación sin su teléfono celular y sin la posibilidad de defenderse de varios señalamientos sin prueba alguna, entre ellos incumplimiento en rondines, maltrato a usuarios y uso indebido de índole sexual de espacios en el “Refugio”. Debido al hostigamiento sistemático, dijo que tomó la decisión de firmar la renuncia que se le sugirió el 17 de junio.
“Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se lleve a cabo una investigación exhaustiva y diligente respecto a las conductas de la servidora pública mencionada, en virtud de que su actuación constituyó actos de violencia institucional, abuso de poder, y una grave vulneración de mis derechos humanos”.
Trabajadores y trabajadoras afirman que hay más casos de violaciones a derechos humanos.Es pertinente mencionar que además de estas dos quejas formuladas en julio de 2025, existe un carta dirigida a medios de comunicación firmadas por trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaria de Prevención de la Violenia y la Discriminación, quienes enlista una serie de irregularidades laborales y violaciones a los derechos humanos dentro de la institución.
“Las denuncias internas apuntan directamente a la gestión de la subsecretaría Araceli Caselín Espinoza, a quien se le atribuyen prácticas de exclusión, hostigamiento, intimidación y discrecionalidad en el manejo de personal”.
También se señala que hay diversos testimonios que relatan un “ambiente laboral marcado por el temor y la presión”. La Subsecretaria he hecho afirmaciones públicas donde presume de un respaldo directo del gobernador, lo que ha sido interpretado como una forma de blindaje frente a cualquier tipo de supervisión o queja formal”, señala el documento.
Derivado de todo lo anterior se solicita a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira, así como al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, tomar medidas ante la situación que guarda la dependencia.
- 3.44 millones de pesos para el Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género: Fondos destinados a albergues que atienden a mujeres en riesgo inminente, pero subutilizados por falta de planificación operativa.
- 3.37 millones de pesos del Subsidio para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Recursos para campañas de sensibilización y protocolos de atención, que no se han desplegado pese a la urgencia en municipios como Puebla capital y Tehuacán.
- 1.73 millones de pesos para contratación de personal de mayo a diciembre: Ineficiencia en la dotación de equipo humano capacitado, agravando la sobrecarga en servicios existentes.
- 1.68 millones de pesos para acciones de alerta de género en municipios de alta incidencia: Fondos para intervenciones locales en zonas críticas como la Sierra Norte y la Mixteca, que permanecen inactivos, dejando desprotegidas a comunidades vulnerables.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Urbano Noticias, las quejas exhiben una serie de agravios cometidos contra trabajadoras de la dependencia, que violentan sus derechos humanos, acciones que se contraponen a los objetivos centrales de dicha secretaria: busca prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y atender a la víctimas.
El 16 de julio la Dirección de Quejas y Orientación recibió una queja dirigida a la titular de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, firmada por Cynthia Rodríguez Zepeda, quien narró que el 15 de julio del años en curso, se le solicitó su renuncia como analista por honorario de la Subdirección de Prevención Estratégica, bajo el argumento de que hubo un recorte presupuestal que impedía que siguiera laborando en la secretaría.
La quejosa explica que, los argumentos para su baja fueron una mentira, pues al día siguiente se incorporó a otra persona para cubrir la plaza, por intervención de A.E.R.M., funcionaria cercana a Caselín, y que asegura tener respaldo de varias personas que la hacen ser “intocable”.
Rodíguez Zepeda considera que estos hechos vulneraron gravemente sus derechos laborales, así como el de otras personas trabajadoras de la dependencia ya que advirtió que “hay represalías extrainstitucionales”, además de “practicas que configuran un ambiente de hostigamiento laboral y discriminación institucional”, usurpación de funciones, difusión de rumores y descalificaciones, exclsuivón deliberada, amenazas verbales de despido, vigilancia desmedida y trato preferencial.
La quejosa exige que la CDH Puebla haga una investigación y se le restituya en su puesto de trabajo, que se emitan medidas precautorias y se revise el actuar de Araceli Caselín.
Respecto a la queja formulada por Claudia Bobadilla Eslava, el 22 de julio se solicita a la intervención de la CDH Puebla por actos y omisiones cometidos por Paola Ramírez Serafín, jefa del Departamento de Atención a Mujeres con alto Nivel de Riesgo de la Dirección de Atención a Mujeres Víctima.
La promovente afirma que la funcionaria obligó a dos de sus compañera a firmar un acta administrativa en su contra, bajo una serie de amenazas, entre ellas la pérdida de empleo.
Dijo que su superiora tuvo un comportamiento autoritario y prepotente, con ella, además de que la obligó a estar en una habitación sin su teléfono celular y sin la posibilidad de defenderse de varios señalamientos sin prueba alguna, entre ellos incumplimiento en rondines, maltrato a usuarios y uso indebido de índole sexual de espacios en el “Refugio”. Debido al hostigamiento sistemático, dijo que tomó la decisión de firmar la renuncia que se le sugirió el 17 de junio.
“Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se lleve a cabo una investigación exhaustiva y diligente respecto a las conductas de la servidora pública mencionada, en virtud de que su actuación constituyó actos de violencia institucional, abuso de poder, y una grave vulneración de mis derechos humanos”.
Trabajadores y trabajadoras afirman que hay más casos de violaciones a derechos humanos.Es pertinente mencionar que además de estas dos quejas formuladas en julio de 2025, existe un carta dirigida a medios de comunicación firmadas por trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaria de Prevención de la Violenia y la Discriminación, quienes enlista una serie de irregularidades laborales y violaciones a los derechos humanos dentro de la institución.
“Las denuncias internas apuntan directamente a la gestión de la subsecretaría Araceli Caselín Espinoza, a quien se le atribuyen prácticas de exclusión, hostigamiento, intimidación y discrecionalidad en el manejo de personal”.
También se señala que hay diversos testimonios que relatan un “ambiente laboral marcado por el temor y la presión”. La Subsecretaria he hecho afirmaciones públicas donde presume de un respaldo directo del gobernador, lo que ha sido interpretado como una forma de blindaje frente a cualquier tipo de supervisión o queja formal”, señala el documento.
Derivado de todo lo anterior se solicita a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira, así como al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, tomar medidas ante la situación que guarda la dependencia.
