Investigación en la ASE Puebla: Presuntas Irregularidades en la Gestión de Amanda Gómez Nava Revelan Posibles Desvíos y Opacidad Financiera Puebla, Puebla, 30 de agosto de 2025 – En un nuevo escán

 Investigación en la ASE Puebla: Presuntas Irregularidades en la Gestión de Amanda Gómez Nava Revelan Posibles Desvíos y Opacidad Financiera

Puebla, Puebla, 30 de agosto de 2025 – En un nuevo escándalo que sacude al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ASE) de Puebla, la Unidad Técnica de la Comisión de Control y Vigilancia del Congreso local ha iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de la ex auditora general Amanda Gómez Nava. Las acusaciones principales giran en torno a la adquisición de una camioneta blindada con un sobrecosto millonario y la adjudicación directa de un contrato para servicios de alimentos, ambos sin procesos de licitación pública en 2023. La diputada Norma Pimentel Méndez, presidenta de la Comisión de Control y Vigilancia, reveló estos detalles el 29 de agosto, destacando que la indagatoria también involucra a cinco directores clave del ASE. Este caso, que podría derivar en denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), subraya las tensiones en la fiscalización de recursos públicos en Puebla bajo la administración anterior de Morena.Antecedentes de Amanda Gómez Nava: De la Contraloría a un Cargo ControvertidoAmanda Gómez Nava, de 45 años, asumió el cargo de auditora superior del estado en noviembre de 2021, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta (2018-2024), quien falleció en diciembre de 2024. Previamente, se desempeñó como contralora estatal desde 2019, un puesto clave en la vigilancia de la administración pública. Su nombramiento generó controversia desde el principio: durante el proceso de selección por la Comisión de Vigilancia del Congreso, un video viral la mostró incapaz de responder con precisión preguntas técnicas sobre auditoría y fiscalización, lo que fue ampliamente criticado en redes sociales y medios locales como un ejemplo de "cuotas políticas" en lugar de mérito profesional.Bajo su gestión, el ASE fue responsable de revisar el uso de miles de millones de pesos en el presupuesto estatal, pero ahora enfrenta escrutinio por su propia administración interna. Gómez Nava dejó el cargo en enero de 2025, tras el relevo gubernamental con la llegada de Alejandro Armenta Mier al poder, y ha mantenido un perfil bajo desde entonces. Fuentes cercanas al Congreso indican que su salida fue discreta, pero las auditorías internas revelaron anomalías que ahora se investigan a fondo.Detalles de las Irregularidades: Adjudicaciones Directas y Sospechas de SobrepreciosLa investigación, iniciada por la Unidad Técnica de la ASE a solicitud de la Comisión de Control y Vigilancia, se centra en dos contratos adjudicados directamente en 2023, sin licitación pública, lo que viola principios de transparencia establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Según la diputada Pimentel, estos procedimientos "resultan cuestionables dada la magnitud de los montos" y podrían implicar sobreprecios y favoritismo.

• Compra de la Camioneta Blindada: En 2023, el ASE adquirió una camioneta blindada por un monto de 2 millones 897 mil 680 pesos mediante adjudicación directa. El vehículo, supuestamente destinado a labores de seguridad para auditores en campo, fue comprado a un proveedor no especificado públicamente. Análisis preliminares de la Unidad Técnica detectaron un sobrecosto estimado en al menos 20-30% por encima del valor de mercado para modelos similares blindados (como una Ford Lobo o Chevrolet Silverado con nivel de blindaje IIIA), según cotizaciones de mercado consultadas por el Congreso. Esta adquisición se justifica por "necesidades operativas urgentes", pero carece de justificación detallada ni comparativos de precios, lo que levanta sospechas de colusión con proveedores afines.
• Contrato de Servicios de Alimentos: Paralelamente, se adjudicó un contrato por 984 mil 971 pesos para la provisión de servicios de alimentos durante eventos y capacitaciones del ASE. También por vía directa, este servicio fue otorgado a una empresa no identificada en los documentos públicos iniciales. La diputada Pimentel señaló posibles sobreprecios en los costos unitarios de comidas y catering, comparados con tarifas estándar en Puebla (alrededor de 150-200 pesos por persona para eventos institucionales). El contrato abarcó un período de varios meses en 2023, coincidiendo con picos de actividad auditora post-pandemia.

La indagatoria se extiende a cinco directores del ASE, cuyas identidades no han sido reveladas por respeto al debido proceso, pero se presume que incluyen responsables de las áreas de adquisiciones, finanzas y operaciones. Estos funcionarios habrían avalado las decisiones administrativas ahora en tela de juicio. "Se detectaron posibles sobreprecios y falta de competencia en los procesos", enfatizó Pimentel durante una rueda de prensa el 29 de agosto, donde presentó evidencia preliminar como facturas y órdenes de compra.Cronología del Caso: De las Denuncias Iniciales a la Posible Acción PenalEl proceso investigativo comenzó en julio de 2025, tras revisiones rutinarias del presupuesto 2023 del ASE por la nueva administración. La Comisión de Control y Vigilancia, presidida por Norma Pimentel (de Acción Nacional), solicitó a la Unidad Técnica un análisis detallado el 15 de agosto. Los hallazgos preliminares se dieron a conocer el 29 de agosto, coincidiendo con el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso.

• Julio 2025: Auditoría interna detecta anomalías en el ejercicio fiscal 2023.
• 15 de agosto: Solicitud formal de investigación por la Comisión.
• 29 de agosto: Anuncio público por Pimentel; se estima que los resultados finales estarán listos en una semana.
• Próximos pasos: Si se confirman las irregularidades graves, se presentará denuncia penal ante la FGE por posibles delitos como peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones públicas (artículos 217 y 223 del Código Penal de Puebla). Alternativamente, se impondrán sanciones administrativas, como inhabilitación de por vida para cargos públicos o la recuperación de los montos defraudados mediante embargo de bienes.

Pimentel subrayó que el objetivo es "esclarecer el destino de los recursos públicos y garantizar la transparencia", en un contexto donde el ASE ha sido criticado por su lentitud en auditar cuentas del gobierno de Barbosa, que acumulan deudas pendientes por más de 10 mil millones de pesos.Implicaciones Más Amplias: Un Desafío a la Transparencia en PueblaLa investigación a Amanda Gómez Nava no solo cuestiona su gestión personal, sino que expone vulnerabilidades en el sistema de fiscalización estatal. El ASE, como ente autónomo, debería ser modelo de probidad, pero este caso revela cómo adjudicaciones directas –permitidas solo en emergencias– se usan para evadir controles. Expertos en derecho administrativo estiman que, si se confirman los sobreprecios, el daño al erario podría superar los 800 mil pesos solo en estos dos contratos.La FGE y el Congreso han sido instados a actuar con celeridad, mientras Pimentel invita a la ciudadanía a reportar irregularidades similares vía el portal de denuncias del Congreso. En un Puebla marcado por transiciones políticas turbulentas, este proceso podría marcar un precedente para la auditoría, o convertirse en otro capítulo de impunidad si no avanza. La sociedad civil espera resultados concretos en los próximos días, en un recordatorio de que la vigilancia debe comenzar en casa.