Volkswagen: dos trienios de silencio fiscal en Cuautlancingo
Por José Herrera
Durante seis años, Volkswagen —la gigante automotriz alemana instalada con privilegios en suelo poblano— operó en Cuautlancingo como si la Constitución fuera una sugerencia y el fisco, un rumor lejano. Dos trienios, dos administraciones municipales —la de Guadalupe Daniel Hernández y la de Filomeno Sarmiento Torres— en las que la empresa no pagó lo que le correspondía. En 2018, ni un solo peso. En 2022, apenas cinco millones de pesos, como si su colosal huella industrial valiera lo mismo que una tiendita de esquina.
Todo ello gracias a un acuerdo “leonino” —palabras del propio alcalde Omar Muñoz Alfaro— que permitió a la firma alemana operar exenta de sus responsabilidades fiscales locales, en un pacto que se firmó, claro, sin cabildo, sin actas públicas y sin rubor.
“En mi trienio eso no pasará”, sentenció Muñoz, en lo que parece ser el acto más audaz —y oportuno políticamente— de su joven administración. El presidente municipal anunció un nuevo convenio con Volkswagen, mediante el cual la armadora pagará 68 millones de pesos por concepto de impuestos municipales, un ajuste que, de cumplirse, significaría multiplicar por trece lo que pagó en 2022 y romper con años de complicidad institucional.
Pero detrás del discurso de “transparencia” y “rendición de cuentas” hay mucho por aclarar. ¿Por qué dos administraciones municipales —una morenista y otra panista— decidieron exentar a la empresa más poderosa del estado de sus obligaciones fiscales? ¿A cambio de qué? ¿Quién autorizó esos convenios y por qué no se informó al Cabildo ni a la ciudadanía?
Muñoz Alfaro asegura que esta vez no se negociará “en lo oscurito”, y presume que ya informó a sus regidores del acuerdo, aunque reconoce que aún no se ha formalizado. También sostiene que Volkswagen “está completamente de acuerdo” con el nuevo convenio. Pero no hay actas, no hay contratos públicos, ni se conoce con precisión la fórmula para calcular los 68 millones pactados.
La historia sugiere que Cuautlancingo se convirtió en un paraíso fiscal para la empresa alemana por decisión de sus propios gobernantes, que prefirieron callar o transar en lugar de cobrar. Y ahora, en el marco de una creciente presión ciudadana por cuentas claras, el nuevo alcalde intenta capitalizar políticamente el cambio de rumbo.
Es válido y urgente que VW pague lo que debe. Pero igual de urgente es que se investigue qué ocurrió en las administraciones anteriores. ¿Por qué Filomeno Sarmiento firmó un contrato que benefició a la transnacional en detrimento del erario local? ¿Qué papel jugó la exalcaldesa Guadalupe Daniel? ¿Y cómo justificaron ante la Auditoría Superior del Estado esos ingresos omitidos?
En un municipio con rezagos en servicios públicos, con colonias sin agua potable y sin vialidades adecuadas, resulta insultante que una de las fábricas más productivas del país haya operado durante años bajo un manto de impunidad fiscal.
El alcalde Omar Muñoz ha dado un paso necesario, pero no suficiente. Porque la transparencia no es solo anunciar convenios, sino abrir los libros, ventilar los archivos y, si es necesario, exigir cuentas a quienes hicieron de Cuautlancingo un feudo al servicio de intereses privados.
El dinero que Volkswagen no pagó no desapareció. Se convirtió en baches, en drenajes colapsados, en escuelas sin mantenimiento. Se transformó en desigualdad.
Y eso, ningún convenio nuevo lo borra.
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