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A medio año de que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) presumiera la clausura de dos tiraderos clandestinos en Santiago Miahutlán, la realidad vuelve a desmentir el discurso oficial. Los sellos fueron retirados, las camionetas volvieron a entrar, y la basura continúa cayendo —literalmente— sobre la tierra violada de un municipio que, entre humo tóxico y lixiviados, sobrevive a la indiferencia institucional.
Vecinos del Barrio San Miguel han documentado, con drones y grabaciones caseras, que los supuestos vertederos cerrados en diciembre de 2023 no solo siguen activos: han crecido. En un predio excavado, el flujo de vehículos que depositan residuos es constante, y a pesar de las denuncias y la visibilidad pública del caso, las autoridades han optado por mirar hacia otro lado.
Clausura de papel
Fue el 1 de diciembre del año pasado cuando, tras una serie de inspecciones por denuncias de quemas nocturnas, SMADSOT colocó los sellos de clausura en dos vertederos. La medida fue anunciada con bombo y platillo como parte de una “estrategia de recuperación ambiental”, pero en los hechos, la clausura fue apenas simbólica.
Según los testimonios recabados en la zona, los sellos duraron lo que tarda en secarse la tinta de un boletín de prensa. Los camiones volvieron a ingresar sin problema y la basura siguió amontonándose en los mismos puntos, a escasos metros de zonas habitadas. “Solo vinieron a tomarse la foto, y luego se olvidaron del pueblo”, afirma un residente que participa en las labores de limpieza comunitaria.
El Estado ausente, los ciudadanos responden
Ante el silencio de las autoridades municipales y estatales, los propios habitantes han tomado la iniciativa. Con palas, costales y tierra, los vecinos han empezado a cubrir los residuos para contener los olores y evitar el escurrimiento de lixiviados al subsuelo. No es una solución técnica ni definitiva, pero es lo único que tienen frente a una emergencia que no reconoce sellos ni discursos.
“Los olores son insoportables. Hay días que no se puede ni dormir”, denuncian los residentes, mientras señalan el terreno donde se observan capas de basura tapadas a medias, entre arbustos quemados y montículos de desechos orgánicos, plásticos y restos industriales.
El impacto ambiental no es menor. La filtración de líquidos tóxicos amenaza mantos freáticos, y la quema de residuos —particularmente en las madrugadas— lanza al aire gases contaminantes que ya han causado afectaciones respiratorias en niños y adultos mayores, según reportes médicos locales.
Una herencia de fuego y cenizas
El problema no es nuevo. Antes de la intervención de SMADSOT en 2023, el ayuntamiento de Miahutlán ya utilizaba estos terrenos como basureros improvisados. La estrategia de “tratamiento” era simple: quemar. Cada noche, columnas de humo oscuro se alzaban como recordatorio de un sistema de gestión de residuos completamente colapsado.
El cierre de los tiraderos, lejos de resolver el problema, lo desplazó. La recolección oficial ahora sufre retrasos de hasta dos semanas, y ante la falta de un plan integral de manejo de residuos, muchos ciudadanos no tienen otra opción que seguir depositando basura en predios abandonados o simplemente prenderle fuego, como en los viejos tiempos.
La complicidad institucional
La omisión es también una forma de complicidad. Ni la Secretaría de Medio Ambiente ni el Ayuntamiento de Miahutlán han ofrecido una solución de fondo. Los sellos se colocaron, sí, pero sin vigilancia ni seguimiento. Las denuncias de los vecinos han llegado hasta los escritorios de funcionarios estatales, pero hasta ahora, no hay ni sanciones, ni reubicación de los residuos, ni un sitio autorizado para la disposición final.
En Miahutlán, el Estado sigue sin aparecer, y mientras tanto, la tierra se sigue llenando de basura, humo y promesas rotas.
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