De edil a imputado: Osvaldo Guzmán, el poder que golpea
Por José Herrera
El fuero ya no lo protege, pero la costumbre del poder persiste. Josué Osvaldo Guzmán, exalcalde de Tlacuilotepec, fue vinculado a proceso por violencia familiar tras ser denunciado por su expareja, la maestra Maricarmen Paredes, quien tuvo que alzar la voz no en una fiscalía, sino frente al mismísimo gobernador Alejandro Armenta, durante una gira de trabajo por Xicotepec.
Como suele suceder en los municipios de la Sierra Norte, donde las autoridades tienden a confundirse con cacicazgos locales, la justicia no se movió hasta que el señalamiento fue público, directo y cargado de vergüenza institucional. Fue entonces, y solo entonces, que la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta FGEP/CDE/FEIDVGGCM/XICO-I/001493/2025, y que Guzmán dejó de ser un “exfuncionario respetable” para convertirse en presunto agresor.
La audiencia se realizó en la Casa de Justicia de Huauchinango, donde un juez de control determinó que existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar. La medida cautelar es simbólica: firmar cada 15 días en el Cereso de Huauchinango. Ni prisión preventiva ni orden de restricción pública. Solo una firma quincenal para quien fue acusado de agresión física y psicológica contra una mujer que, además de víctima, es docente.
El silencio institucional y la denuncia en gira
Maricarmen, como muchas otras mujeres invisibilizadas en regiones donde el machismo tiene respaldo oficial, decidió romper el cerco de la indiferencia institucional. Lo hizo durante un evento público, delante del gobernador, donde las cámaras y micrófonos estaban listos para registrar discursos, no denuncias. Sin embargo, lo dijo claro: su expareja, el exedil, la había violentado. Y ningún juez, ministerio público o policía la había escuchado.
El caso no solo revela la dimensión personal del abuso, sino también la podredumbre estructural que permite que un exalcalde permanezca impune hasta que la denuncia se hace viral, hasta que el escándalo político pesa más que el dolor de la víctima.
De los aplausos a los tribunales
Guzmán, como muchos otros políticos locales, disfrutó del poder sin vigilancia. Fue alcalde, se le rodeó de escoltas, actos públicos y reverencias. Hoy, enfrenta una medida cautelar que no lo aleja del espacio público, ni le impide intimidar, ni repara el daño.
Mientras tanto, Maricarmen —como tantas otras mujeres en México— carga con el estigma de haber desafiado al poder, en un país donde denunciar a un hombre con influencias todavía es una forma de suicidio social.
La pregunta que flota en el aire es contundente: ¿habría llegado este caso a los tribunales si no fuera por la valentía de una mujer que le gritó al gobernador lo que los fiscales ignoraban?
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