Calpan: Gobierno bajo la sombra de la opacidad y la corrupción
Por José Herrera
CALPAN, Pue.— En una administración marcada por la discrecionalidad y el silencio administrativo, el gobierno municipal de Calpan ha dejado en evidencia su renuencia a cumplir con los principios mínimos de transparencia y rendición de cuentas. A pesar de las obligaciones legales que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el Ayuntamiento ha hecho de la opacidad una práctica sistemática.
Entre 2021 y lo que va de 2024, el gobierno local apenas ha transparentado 49 contratos por la adquisición de bienes y servicios, un promedio raquítico de poco más de un contrato por mes, lo que contrasta radicalmente con la dinámica operativa de cualquier administración pública. El monto total que reflejan dichos contratos asciende a $51,013,257.56, una cifra significativa para un municipio de menos de 20 mil habitantes, pero que en términos de acceso público resulta apenas un asomo de lo que realmente se mueve en las finanzas municipales.
Más preocupante aún es que los documentos publicados no están acompañados de información esencial: ni se desglosan conceptos, ni se identifican proveedores, ni se especifican los mecanismos de adjudicación. El portal oficial de transparencia mantiene actualizaciones fragmentadas, fuera de tiempo y sin formatos accesibles, lo cual impide a los ciudadanos ejercer un verdadero escrutinio del gasto público.
Calpan, enclavado en las faldas del Popocatépetl y con una economía sustentada en la agricultura, vive hoy una contradicción: mientras las autoridades repiten el discurso de “progreso” y “gestión eficaz”, los habitantes carecen de servicios básicos dignos, y las denuncias por irregularidades administrativas comienzan a escalar. La falta de control interno y vigilancia ciudadana ha abonado a la sospecha de desvío de recursos, contrataciones simuladas y compadrazgos en la asignación de obra pública.
Fuentes al interior del propio Ayuntamiento, que por temor a represalias solicitan el anonimato, afirman que existe una red de proveedores vinculados con exfuncionarios, familiares de regidores y operadores políticos de la región, lo que explicaría la renuencia a transparentar más allá de lo mínimo indispensable.
A pesar de las alertas emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIPUE), y de los constantes exhortos de organismos civiles y académicos poblanos, el gobierno de Calpan ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones. A la fecha, no existe evidencia pública de procedimientos administrativos sancionadores por estas omisiones.
En un contexto donde el combate a la corrupción es una bandera común en los discursos oficiales, Calpan se convierte en un microcosmos del viejo régimen: un lugar donde las cuentas no cuadran, los contratos no se explican y la ley es letra muerta.
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