El escándalo Zdenko y el saqueo sistemático al erario público en Puebla
Rodolfo Herrera Charolet
Una vez más, el dolor de los enfermos más vulnerables se convierte en jugoso negocio para redes políticas recicladas del viejo régimen, en la que cambiar de color de la corbata o chaqueta, es una fachada que cubre las mismas mañas.
La empresa Zdenko SA de CV cobró al sistema de salud en Puebla y al IMSS-Bienestar hasta 32 mil pesos por sesión de hemodiálisis, cuando el precio comercial real oscila entre 800 y 1,500 pesos. Esto representa un sobrecosto de hasta 2,000%, un verdadero desfalco que, solo en contratos con la Secretaría de Salud estatal entre 2023 y 2024, generó más de 39.8 millones de pesos como sobreprecio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga desde 2023 por formar parte del llamado “Cártel de las Medicinas”, que se dice es una red ligada a la familia Madrazo y al portal Latinus que triangula recursos públicos hacia intereses políticos y mediáticos opositores.
Este caso no es un “error administrativo” ni un simple sobreprecio. Es un ejemplo brutal de cómo la corrupción organizada acapara el presupuesto destinado a salvar vidas para enriquecer a unos cuantos.
Entre 2023 y 2025, Zdenko recibió más de 109 millones de pesos solo en Puebla. La terminación de sus contratos en julio de 2025 dejó temporalmente sin tratamiento a cientos de pacientes renales crónicos (hasta 484 reportados), generando una crisis humanitaria en hospitales como Huauchinango, Ajalpan, Tehuacán, General del Norte, General del Sur y Niño Poblano. Mientras pacientes de escasos recursos enfrentaban interrupciones que ponían en riesgo su vida, millones fluían hacia bolsillos vinculados al priismo y a aparatos mediáticos que se autoproclaman “anticorrupción”.
El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, lo denunció sin empacho: “Esto es un desfalco y evidentemente un acto de corrupción”.
Antecedentes de una empresa mutante:
De la publicidad a la salud pública Zdenko SA de CV (RFC: ZDE1712186W7) se constituyó en 2017 en Nezahualcóyotl, Estado de México, como una firma dedicada a publicidad, capacitación y servicios administrativos. En marzo de 2020, en plena pandemia, “mutó” convenientemente su objeto social para incursionar en hemodiálisis, equipamiento médico, suministros dentales, anestesia, sanitización y otros servicios de salud.
Su domicilio actual está en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Los socios fundadores fueron Levin Schadsy Dolores Santiago, Adrián Camargo Zamudio y Marilú Rivas Gutiérrez.
Posteriormente, la totalidad de las acciones pasó a María del Rocío Santamarina Aguirre (administradora única y representante legal en contratos públicos) y Aldo Zamorano Palacios. Estos cambios accionarios, inscritos en el Registro Público de Comercio, coinciden con el cremiento de subcontrataciones en salud durante y después de la emergencia sanitaria.
La empresa presume certificaciones ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015, pero su verdadero activo parece ser el acceso privilegiado a licitaciones públicas.
En Puebla, Zdenko firmó contratos como el SSEP-DGG-ADJ-074/2023 y SSEP/DGG/GESAL-034-350/014/2024 con la Secretaría de Salud. Se comprometió a proporcionar entre 18 mil 455 y 46 mil 124 sesiones de hemodiálisis intrahospitalaria y móvil. Cobraba 2,340 pesos por sesión en 2023 y 2,378 en 2024, muy por encima del valor referencial de 1,500 pesos. En escenarios máximos, los pagos alcanzaron 37.9 mdp en 2023 (vs. 24.3 mdp comerciales, sobrecosto de 13.6 mdp) y hasta 71 mdp en 2024 (vs. 44.8 mdp, sobrecosto de 26.2 mdp). Total: sobrecostos mínimos de 15.9 mdp y máximos superiores a 39.8 mdp.
Sobrecostos brutales y crisis en la atención a pacientes renales
El escándalo explotó públicamente en junio de 2026, pero sus efectos se sintieron desde 2025. Una investigación de mercado del propio IMSS-Bienestar reveló que Zdenko cobraba hasta 2,200 pesos por sesión en contratos federales (200% más que competidores que ofrecen el servicio en 800 pesos) y, en casos extremos reportados, 32 mil pesos. Esto no solo infló el erario: generó un daño real a la salud pública.
En julio de 2025, al vencer el contrato sin renovación inmediata, la empresa suspendió servicios programados en varios hospitales poblanos. Solo mantuvo urgencias bajo prórroga extraordinaria. Cientos de pacientes con insuficiencia renal crónica —muchos de ellos de bajos recursos, dependientes de tres sesiones semanales para sobrevivir— enfrentaron traslados forzados, cancelaciones y angustia.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla ha detectado daños patrimoniales por 147.8 millones de pesos en la Secretaría de Salud en ejercicios recientes, parte de un patrón más amplio de opacidad en subrogaciones.
Este esquema atenta directamente contra el derecho a la salud consagrado en la Constitución. Cada sesión inflada equivale a menos recursos para medicinas, personal médico o infraestructura. Mientras Zdenko facturaba millones, pacientes poblanos pagaban con su sufrimiento y, en casos extremos, con su vida.
La red del “Cártel de las Medicinas”: Triangulación, Madrazo y Latinus
Zdenko no opera sola. Forma parte del “Cártel de las Medicinas”, una red de 15 a 45 empresas del sector salud investigada por la UIF desde 2023.
Entre 2012 y 2023, esta estructura acumuló más de 300 mil millones de pesos en contratos públicos en al menos cinco entidades. La UIF detectó triangulación de recursos desde Zdenko hacia BCG Limited Consulting SA de CV y cuentas vinculadas al portal Latinus.
La red está encabezada por la familia del exgobernador priista Roberto Madrazo Pintado. Figuran Federico Madrazo Rojas (hijo), Alexis Nickin Gaxiola (yerno), Ximena Madrazo Rojas (hija) y operadores como Gerardo Calderón Gaxiola, primo de Nickin y gestor clave. Otras empresas asociadas incluyen Dicipa, Farmacéuticos Maypo, Diseño de Salud Integral, Medalfa, Grupo Fármacos Especializados y Citesco Solutions. La UIF vincula estos flujos a políticos del PRI y PVEM.
Latinus, que se presenta como paladín de la transparencia y crítico feroz de la 4T, aparece salpicado por estos negocios turbios. Mientras ataca al sistema de salud federal, empresas de su entorno presuntamente lucraban con sobrecostos pagados con dinero público. Esta conexión política-mediática explica la protección que Zdenko tuvo durante años pese a alertas tempranas.
Patrón sistémico de corrupción en la salud poblana
El caso Zdenko revela un patrón profundo en Puebla: contratos opacos bajo administraciones anteriores, pese a promesas de austeridad. La subrogación de servicios especializados (hemodiálisis, medicamentos, equipamiento) se convirtió en mecanismo para inflar precios y triangular recursos.
La Auditoría Superior y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno participan en las revisiones, pero la impunidad persiste. Pacientes crónicos, muchos en pobreza, son las principales víctimas. Interrupciones en tratamientos generan complicaciones cardiovasculares, hospitalizaciones caras y mortalidad evitable.
Mientras, el erario pierde decenas de millones que podrían destinarse a fortalecer hospitales públicos o adquirir insumos a precios reales.
Personas involucradas en el escándalo de corrupción
En el centro del escándalo destacan María del Rocío Santamarina Aguirre, administradora única de Zdenko y firmante de contratos públicos, y Aldo Zamorano Palacios, accionista principal. Ambos controlan la empresa tras los cambios accionarios post-2020.
En la red superior figuran Roberto Madrazo Pintado y su familia: Federico Madrazo Rojas, Alexis Nickin Gaxiola (vínculo directo con Zdenko vía Gerardo Calderón Gaxiola), Ximena Madrazo Rojas y allegados.
Funcionarios de la Secretaría de Salud de Puebla e IMSS-Bienestar que autorizaron los contratos pese a precios inflados también enfrentan escrutinio. La UIF y autoridades federales investigan posibles actos de tráfico de influencias, lavado de dinero y corrupción.
Implicaciones legales y exigencias de justicia
Este caso abre frentes penales graves: tráfico de influencias (artículos 212-214 Código Penal Federal), peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. La UIF puede congelar cuentas y embargar bienes.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Anticorrupción deben avanzar hacia sanciones ejemplares, incluyendo prisión para los responsables y recuperación total de los recursos desviados (al menos 39.8 mdp solo en sobrecostos poblanos).
Es motivo de exigencia:
La publicación inmediata del expediente UIF completo.
Auditoría integral de todos los contratos de Zdenko y la red en Puebla, Edomex y otras entidades.
Investigación penal contra Santamarina, Zamorano, los Madrazo y funcionarios cómplices.
Recuperación de recursos y reinversión directa en atención a pacientes.
Transparencia total en subrogaciones de salud: fin de la opacidad que favorece redes priistas recicladas.
La corrupción en salud no es un detalle. Es un crimen que mata por lucro. En Puebla, como en el país, las redes del viejo régimen siguen operando bajo nuevos disfraces, lucrando con el dolor ajeno mientras financian aparatos mediáticos opositores.
La sociedad exige resultados: cárcel, devolución del dinero y que el presupuesto público salve vidas, no enriquezca a corruptos. No más impunidad. La UIF y las autoridades tienen la palabra. México ya no tolera que la salud sea negocio de unos cuantos
¿O no lo cree usted?
