Crónicas de Corrupción (XVI): La sombra de la impunidad: La corrupción en la Fiscalía General del Estado
Por Carlos Charis
4 de junio de 2025
En el laberinto de la corrupción que ha marcado a Puebla en los últimos años, uno de los actores más oscuros es, sin duda, la Fiscalía General del Estado (FGE). A pesar de su rol crucial como garante de la justicia y la ley, la FGE se ha visto envuelta en una serie de escándalos y encubrimientos que cuestionan gravemente su independencia y compromiso con la justicia. La impunidad que se extiende por el estado parece tener su origen precisamente en las entrañas de esta institución, que en lugar de perseguir delitos, los protege.
El encubrimiento de casos de alto perfil
Uno de los aspectos más inquietantes de la Fiscalía de Puebla es su trato hacia los casos de alto perfil, particularmente aquellos que involucran a figuras públicas o empresarios poderosos. Numerosos reportes señalan que casos como el de José Luis Calva Zepeda, conocido como el "Caníbal de la Guerrero", y el de Juan Francisco Patrón Sánchez, presunto líder de un cartel criminal, han sido manipulados o desvirtuados por la Fiscalía, debido a la presión de actores externos que buscan preservar el estatus quo.
El caso de Patrón Sánchez, que fue detenido en 2024 tras años de investigación, se ha convertido en una muestra evidente de desidia judicial. Según fuentes internas de la FGE, los testigos clave han sido amedrentados y sus declaraciones alteradas para evitar que el caso afecte a figuras con conexiones políticas en el estado. La intervención de la Fiscalía General ha sido fundamental para que las pruebas se diluyan y el proceso se alargue, con la intención de desgastar a las víctimas y testigos.
José Luis Pérez, un abogado defensor de víctimas de crimen organizado, comentó: "La Fiscalía tiene dos caras. Una, la pública, donde se dicen cosas muy bonitas; y otra, la interna, donde se negocian casos de alto impacto a cambio de favores y recursos."
La manipulación de la evidencia
Otro tema recurrente en las investigaciones sobre la FGE es la manipulación de pruebas. Un número significativo de casos ha revelado que las evidencias presentadas en tribunales, especialmente en casos de homicidios y desapariciones forzadas, han sido alteradas o incluso fabricadas. La falta de coherencia en los informes periciales, junto con contradicciones evidentes en los dictámenes de los peritos, ha hecho que muchas víctimas nunca vean justicia.
Los familiares de desaparecidos han denunciado sistemáticamente la falta de investigación seria y la filtración de información confidencial a medios y a las mismas organizaciones criminales que, en muchos casos, parecen tener más poder que las propias autoridades. El caso de María Guadalupe Sánchez, desaparecida en 2023, es solo uno de los ejemplos de cómo la Fiscalía no ha hecho nada más que rotular el caso como “no resuelto” sin realizar un esfuerzo genuino por dar con el paradero de la joven.
Isabel Sánchez, madre de la desaparecida, señaló: "Nos dicen que están investigando, pero nunca hemos visto avances reales. Lo único que hemos recibido son excusas y promesas vacías."
El pacto con el crimen organizado
Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la Fiscalía General del Estado es su presunta relación con cárteles de droga y grupos criminales. En múltiples ocasiones, la ASE ha detectado pagos sospechosos a funcionarios de la Fiscalía por parte de empresas vinculadas presumiblemente al crimen organizado. Ex funcionarios de la misma Fiscalía han revelado que durante años existió un pacto tácito entre los altos mandos de la FGE y los grupos del crimen organizado, quienes a cambio de impunidad, financiaban campañas y proyectos personales.
Recientemente, investigaciones periodísticas han sacado a la luz audios y mensajes que sugieren que fiscales de alto rango en Puebla recibían sobornos a cambio de proteger a líderes criminales. El caso Tehuacán fue uno de los más notorios, donde la detención de un líder local de un cartel fue retrasada por meses debido a las presiones políticas.
Ramón Jiménez, exfiscal de la región, declaró en una entrevista confidencial: "No es un secreto para nadie que la Fiscalía de Puebla ha sido el colchón de muchos grupos criminales. Los jefes de la Fiscalía tienen acuerdos secretos con el crimen organizado, y son ellos quienes dictan cómo se manejan los casos."
La falta de voluntad política para cambiar
A pesar de las múltiples denuncias, la falta de acción por parte del gobernador Céspedes y de los diputados locales ha sido notoria. A pesar de las exigencias de la sociedad civil, de periodistas y de organizaciones internacionales, la Fiscalía General del Estado ha permanecido inmutable ante las críticas, mostrando una total falta de voluntad política para reestructurarse y combatir la corrupción interna.
Los líderes del Congreso, que deberían ser los primeros en fiscalizar las acciones de la Fiscalía, se encuentran demasiado comprometidos con los intereses de la élite política y empresarial para tomar medidas significativas. El sistema de justicia en Puebla, por lo tanto, sigue siendo uno de los más corruptos y opacos del país.
La resistencia continúa
A pesar de estos obstáculos, diversas organizaciones de derechos humanos, abogados y ciudadanos siguen exigiendo la reforma del sistema de justicia en Puebla. Mientras tanto, la FGE sigue funcionando como un muro de contención que evita que la justicia llegue a las víctimas, protegiendo a aquellos con poder y dinero. La sociedad civil se mantiene firme en su lucha por la transparencia y el cambio, pero el camino sigue siendo arduo.
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