Crónicas de Corrupción (XVIII): La corrupción del poder judicial: un sistema colapsado
Por Carlos Charis
15 de junio de 2025
El poder judicial en Puebla, al igual que en muchas otras partes del país, ha sido testigo de una creciente desconfianza por parte de la sociedad. A lo largo de los años, la percepción de que el sistema judicial está plagado de corrupción y compromisos políticos ha alcanzado niveles alarmantes. Los casos de impunidad, la influencia de actores políticos y los favores judiciales a aquellos con poder económico han hecho que el acceso a la justicia sea un lujo que solo unos pocos pueden permitirse, mientras que los ciudadanos de a pie continúan viendo cómo sus derechos son pisoteados sin remedio.
En los últimos meses, diversas filtraciones y denuncias de irregularidades en sentencias han puesto en evidencia las debilidades del sistema. Jueces, magistrados y funcionarios judiciales han sido imputados por aceptar sobornos, manipular procesos y favorecer a personas influyentes a cambio de favores o dinero. Este fenómeno ha dejado claro que, en Puebla, el sistema de justicia se ha convertido en una máquina de favores donde el dinero y la influencia política pesan más que la ley.
La compra de sentencias
Uno de los casos más escandalosos se dio a conocer a principios de 2025, cuando se filtraron documentos que revelaban una red de compra de sentencias dentro del poder judicial del estado. Según las investigaciones, ciertos abogados y funcionarios judiciales tenían pactos secretos con empresas poderosas y políticos locales, a quienes se les garantizaba sentencias favorables a cambio de millonarias sumas de dinero.
El caso más emblemático de esta red de corrupción involucró a una importante empresa constructora, que estaba involucrada en un litigio por la expropiación de terrenos en San Pedro Cholula. A pesar de que los documentos legales eran claros y el derecho favorecía a los habitantes afectados por la expropiación, el caso fue resuelto a favor de la constructora gracias a sobornos millonarios entregados a jueces y magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla.
El modus operandi de esta red consistía en retrasar los juicios judiciales hasta que las partes interesadas pagaran sumas exorbitantes de dinero a los involucrados. Una vez realizados los pagos, los jueces se encargaban de favorecer a la parte que había hecho el soborno, a menudo mediante fallos injustos que alteraban el curso de los litigios.
La impunidad de los grandes criminales
Otro ejemplo claro de la corrupción dentro del poder judicial es la impunidad que protege a grandes criminales y líderes de cárteles que siguen gozando de libertad a pesar de contar con múltiples cargos en su contra. Muchos de estos individuos tienen contactos dentro del sistema judicial que les permiten manipular el resultado de sus procesos, pagar por su libertad o obtener sentencias benévolas.
Uno de los casos más sonados fue el de Roberto "El Gato" Ramírez, un líder criminal vinculado a la delincuencia organizada en el estado. A pesar de ser capturado en varias ocasiones por diversos delitos, sus sentencias fueron reducidas o anuladas en la mayoría de los casos debido a la intervención de jueces corruptos. Se sabe que El Gato tenía una red de contactos dentro del poder judicial que incluía a abogados y jueces que lo ayudaban a manipular las pruebas en su contra y hacer que los procesos judiciales se dilataran o se desestimaran.
En 2023, El Gato fue arrestado nuevamente por tráfico de drogas y lavado de dinero, pero un juez del Tribunal de Apelación falló a su favor, argumentando que la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado no era suficiente para probar su culpabilidad. La sentencia fue dictada en menos de 24 horas, lo que generó sospechas inmediatas de que hubo un pago de sobornos para obtener esa resolución.
La influencia política en las decisiones judiciales
El sistema judicial también ha sido cautivo de los intereses políticos, donde muchos de los casos más sensibles son manipulados en favor de los grupos de poder. El PRI, PAN y otros partidos políticos han utilizado su influencia para asegurar que los jueces que controlan sus casos sean afines a sus intereses.
Un ejemplo claro de esto fue el caso de Fernando de la Fuente, un exfuncionario del gobierno de Rafael Moreno Valle, quien fue señalado por actos de corrupción durante su administración. A pesar de las evidencias en su contra, su juicio fue constantemente retrasado por decisiones judiciales que favorecían su libertad. Las presiones políticas y conexiones con figuras cercanas al exgobernador fueron clave para evitar que este caso fuera llevado a cabo de manera justa.
El riesgo para los derechos humanos
Una de las consecuencias más graves de esta situación es el daño directo a los derechos humanos de los ciudadanos de Puebla. Aquellos que no tienen los recursos para pagar sobornos o contratar abogados influyentes se ven obligados a aceptar fallos injustos que violan sus derechos fundamentales. Las víctimas de este sistema injusto son personas que no tienen la capacidad de presionar o sobornar a los jueces, y por ello quedan atrapadas en un ciclo de impunidad y desigualdad.
Los casos de despojo de tierras, violencia de género y corrupción política que afectan a la mayoría de los ciudadanos son frecuentemente archivados o ignorados por un sistema judicial que está más preocupado por los intereses de los poderosos que por garantizar justicia.
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