CALPAN, PUEBLA: TRES AÑOS DE SAQUEO MUNICIPAL, OPACIDAD Y SILENCIO
Por Rodolfo Herrera Charolet
CALPAN, PUEBLA. En las faldas del Popocatépetl, donde los paisajes rurales aún conservan el olor a alfalfa y maíz, la administración pública se ha convertido en un campo minado de irregularidades, desvíos de recursos y omisiones deliberadas. Lo que se inició como una sospecha en 2022 ha terminado por confirmarse: Calpan padece una crisis crónica de corrupción institucional, documentada por tres auditorías consecutivas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que, en conjunto, advierten un presunto daño a la Hacienda Pública superior a los 13 millones de pesos.
Ni los ayuntamientos, ni el Congreso del Estado, ni la Auditoría Superior del Estado han alzado la voz con claridad. Nadie ha sido inhabilitado, denunciado penalmente ni procesado. Lo que hay es silencio. Y en Calpan, el silencio también es cómplice.
Auditoría 2021: El año del desfalco mayor
En el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASE detectó cuatro pliegos de observaciones que suman un daño presunto por 6.8 millones de pesos.
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Irregularidades en cuenta pública (Pliego 01): $517 mil pesos sin respaldo documental.
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Diferencias entre CFDI y depósitos (Pliego 02): $1.84 millones no justificados.
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Inconsistencias contables (Pliego 03): más de medio millón de pesos.
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Manipulación de estados financieros (Pliego 04): $3.94 millones en discrepancias presupuestarias y programáticas.
El patrón es claro: se trata de una administración que ejecuta recursos sin control, con contabilidad ambigua y sin rendición de cuentas.
Auditoría 2022: El saqueo silencioso
El siguiente año no fue mejor. De hecho, profundizó el abismo. El informe del ejercicio fiscal 2022 revela ocho pliegos de observación y un presunto quebranto por $2,733,739.21 pesos.
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Proveedores fantasma y compras sin sustento: $80 mil pesos en adquisiciones sin acreditación legal.
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Ayudas sociales sin reglas de operación: más de $2.1 millones sin evidencia de beneficiarios, comprobantes o solicitudes.
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Gastos sin procedimientos de adjudicación: $118 mil pesos gastados en un jaripeo sin licitación, contrato o evidencia de prestación del servicio.
Aquí, la discrecionalidad no sólo es la norma, sino el modus operandi. El gasto público se dispersa entre eventos sin control, proveedores ficticios y cheques entregados “al portador” bajo el disfraz de ayuda social.
Auditoría 2023: Entre penales, ayudas opacas y convenios incumplidos
La última revisión, correspondiente a 2023 y reportada en mayo de 2024, muestra que el desorden no se ha corregido, sino institucionalizado. La ASE señala irregularidades por al menos $4,083,000 pesos, de las cuales destacan dos temas críticos:
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El abandono del convenio penitenciario: Calpan omitió aportar $685,146.10 pesos pactados con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el funcionamiento del penal de San Pedro Cholula. Esta omisión podría constituir una falta grave y está sujeta a una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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Gastos sin evidencia: ayudas sociales sin beneficiarios identificados, arrendamientos sin contratos, servicios generales sin comprobantes… el rosario de omisiones administrativas continúa.
¿Tres años de saqueo impune?
Sumados, los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 arrojan un presunto daño total de $13,646,506.15 pesos, cifra significativa para un municipio de apenas 20 mil habitantes, con ingresos propios limitados y una deuda social creciente.
Lo más grave no son sólo los montos, sino la inacción oficial:
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No hay procedimientos de sanción en curso.
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No se han emitido inhabilitaciones administrativas.
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No existe registro público de denuncias penales contra los responsables.
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No se ha emprendido ninguna acción legislativa por parte del Congreso del Estado.
Mientras tanto, las condiciones de vida en Calpan permanecen estancadas: caminos rurales en mal estado, colonias sin agua potable regular, seguridad deficiente y escasa obra pública.
¿Y ahora quién responde?
El OIC del municipio ha guardado silencio. La ASE, más allá de emitir pliegos y promociones, no ha hecho públicos los nombres de los responsables. Y el Congreso del Estado en la legislatura 2021-2024 parece haber optado por la indiferencia, pese a su facultad de llamar a cuentas al presidente municipal, al tesorero y a los funcionarios involucrados.
El saqueo en Calpan no se gritó. Se susurró. No fue con pistolas ni amenazas, sino con sellos oficiales y actas administrativas. Fue un saqueo sellado en papel, legitimado por la complicidad burocrática e invisibilizado por la indiferencia institucional.
Calpan no necesita otro informe. Necesita justicia.
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