Juana N. recibe 60 años de prisión por secuestro agravado en Tehuacán
Juana N. fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado en el municipio de Tehuacán. La Fiscalía General del Estado acreditó su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida en 2019. El caso inició cuando la víctima fue vista por última vez el 30 de mayo de ese año al acudir a una institución bancaria en la plaza comercial Paseo Tehuacán. Posteriormente, el 12 de julio, los familiares comenzaron a recibir mensajes en los que se exigía medio millón de pesos a cambio de la liberación de la persona.Ante las demandas, la familia entregó 300 mil pesos con el propósito de salvaguardar la integridad de la víctima. De manera paralela, las diligencias de investigación permitieron identificar a Juana N. como una de las participantes en el secuestro. Con los elementos recabados, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 9 de septiembre de 2019. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó las evidencias que sustentaron la responsabilidad de la acusada en los hechos.El Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio el 28 de mayo de 2026. En la audiencia celebrada el 4 de junio de 2026 se impuso la pena de 60 años de prisión, así como una multa superior a los 422 mil pesos. Los derechos de la víctima quedaron a salvo para reclamar la reparación del daño material y moral correspondiente.Este proceso judicial abarca desde la desaparición inicial hasta la resolución definitiva del caso, con un periodo de casi siete años entre la detención y la sentencia. Las autoridades ministeriales llevaron a cabo diversas diligencias para integrar la carpeta de investigación, lo que permitió acreditar la participación de Juana N. en la privación de la libertad y la exigencia de recursos económicos. El caso forma parte de los procedimientos penales resueltos en el municipio de Tehuacán en relación con delitos de alto impacto.Las instancias judiciales concluyeron el procedimiento con la imposición de la sanción establecida en la ley para este tipo de conductas. La sentencia se dictó tras el desahogo de las pruebas en el juicio oral, donde se evaluaron los elementos presentados por la Fiscalía. Con esta resolución, se cierra una etapa del caso iniciado en 2019, mientras permanecen vigentes las acciones orientadas a la reparación integral del daño a la víctima y sus familiares.
