Un velo de misterio envuelve dos asuntos importantes relacionados con la seguridad pública y el equipamiento de las policías estatales y municipales: uno es la compra de las mil patrullas que el gobierno del estado arrendó durante 27 meses a la empresa Lumo Financiera del Centro SA de CV, y otro es la licitación que lanzó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado para el arrendamiento de otras mil patrullas.
19 de agosto de 2022
Por el primer arrendamiento la Secretaría de Planeación y Finanzas, a cargo de María Teresa Castro Corro, pagó a la financiera domiciliada en el Estado de México, la cantidad de 1 mil 387 millones de pesos, lo que significa que la renta de cada patrulla —tipo Pick Up 4×2, con doble cabina para 5 pasajeros— tuvo un costo de 1.3 millones de pesos.
Si esas camionetas se hubieran adquirido nuevas y ya adaptadas como patrullas, habrían costado entre 674 mil 119 pesos y 879 mil 125 pesos, a precios de diciembre de 2019. El precio varía en función del equipo.
Si este arrendamiento puro resultó un pésimo negocio para el gobierno del estado, el que se pretende hacer ahora con la compra de estas unidades parece un vil atraco a los poblanos por parte de la financiera y algunos funcionarios estatales coludidos.
Lumo Financiera pretende vender como seminuevas, ofreciendo una reparación y un cambio de llantas por los siguientes dos años, unidades con equipo que jamás ha funcionado adecuadamente, como las cámaras body cam que operan con una tarjeta sim y un chip integrado, las cámaras de 360 grados colocadas en la parte superior de la cabina, o las pantallas con palanca tipo joystick situadas en el tablero.
De las mil patrullas, algunas están en óptimas o buenas condiciones, pero son las menos, como las entregadas a directores, subdirectores y coordinadores de la Policía (25), las que están destinadas a la protección de funcionarios autorizados por Casa Aguayo (14) y al cuidado del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sus casas y algunas oficinas.
De las 548 que estuvieron involucradas en operativos y acciones policiales, así como en patrullamientos diarios, 318 son las que actualmente están en servicio, pero la mayoría, con más de 100 mil kilómetros recorridos.
Se sabe que 72 están actualmente en diferentes talleres o corralones, pero que el número de las que han sufrido algún golpe o desperfecto por impacto suman más de 84; también que 16 están prestadas indebidamente a distintos municipios, y que un número similar tienen problemas por golpes y reparaciones menores.
También se sabe que de las 548 patrullas que sí fueron destinadas a labores policiacas, por lo menos 100 han requerido de reparaciones mayores en sus motores, suspensión, cajas de velocidades y rótulas.
Las unidades que actualmente están siendo reparadas o recibiendo algún tipo de mantenimiento o compostura se reparten en diferentes talleres, como los de Reyes Huerta, uno de las cuales se localiza a espaldas del Issstep, en los denominados EPS, ubicados al final de la Recta a Cholula en ambos sentidos, y otro más en la 18 Poniente 1307, en el barrio de El Tamborcito.
Este es el parque vehicular que el gobierno del estado pretende adquirir a Lumo Financiera del Centro.
Sobre la licitación para el segundo arrendamiento de mil nuevas patrullas, no ha trascendido mucho, pese a que el fallo tuvo que haberse comunicado el lunes a partir de las 17 horas.
Tanto la Secretaría de Planeación y Finanzas, que estuvo detrás de la licitación GESAL-197-287/2022, como la Secretaría de Seguridad Pública, que supuestamente hizo el requerimiento de mil nuevas patrullas en arrendamiento, no han informado qué empresa ganó el concurso, a cuánto ascenderá este contrato por dos años, y cómo se van a distribuir o asignar estas unidades, es decir, cuántas se quedarán en la Policía Estatal y cuántas serán enviados a los municipios de la entidad y bajo qué figura legal o modalidad.
Lo único que se conoce, y por fuentes extraoficiales, es que la licitación nacional fue ganada por Casanova Vallejo o Casanova Rent, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, y que el vínculo de éstos con la secretaria de Finanzas del estado, María Teresa Castro, es un exfuncionario priísta que fue director general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, llamado José María Tapia Franco.
Sí, el mismo que el columnista Mario Maldonado ventiló en su columna de El Universal del pasado 8 de agosto.
Lo más preocupante de estas dos operaciones, que en conjunto podrían sumar unos 3 mil millones de pesos, es que nadie las cuestiona, pese a las evidentes irregularidades u opacidades que encierran en un tema sensible, como es la seguridad pública, que en Puebla sigue deteriorándose a pesar la compra y el arrendamiento de miles de patrullas.
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