Fauna Política
Por Rodolfo Herrera Charolet
Dice un conocido refrán que cuando
el perro es bravo hasta a los de casa muerde; y parece que tal conseja es cierta.
Tal es el caso de Guillermo Jenkins, quien denunció de fraude a su papá (antes
de morir), mamá y hermanos en el año 2016, cuando tras un altercado familiar fue
expulsado de la Fundación y destituido de todos los consejos directivos de las
empresas.
Guillermo Jenkins Landa es hijo de
Guillermo Jenkins Anstead, (originalmente Guillermo Anstead) hijo adoptivo del
extinto y poderoso Whilliam Jenkins, porque había procreado únicamente hijas,
Jane y Tita, con su esposa Mary Street.
Roberto
Jenkins afirma que de agosto de 2013 a diciembre de 2014, funcionarios del
Gobierno de Puebla los trataron de “extorsionar” varias veces, en complicidad
con su hermano. Él menciona concretamente a Luis Maldonado Venegas, en ese
momento Secretario General de Gobierno de la administración de Rafael Moreno
Valle Rosas, ambos ya muertos.
No
resulta ocioso hacer un paréntesis, Luis Maldonado Venegas fue asesor de Rafael
Moreno Valle Rosas, cuando fue Secretario de Finanzas del Estado en el año
2002, cuando fungía como gobernador Melquiades Morales Flores. Del año 2008 a
2010 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia (Movimiento
Ciudadano) partido del que renunció en el año 2014 para incorporarse al Partido
de la Revolución Democrática (PRD) hasta su muerte en el año 2019. En el año
2009 invitó y autorizó la candidatura plurinominal del rector de la UDLA
Alejandro Gertz Manero, quien fungió como diputado en la legislatura 2009-2012.
La
primera extorsión, emanada supuestamente de Maldonado Venegas, en agosto de
2013, Guillermo Jenkins exigía la entrega del Colegio Americano de Puebla,
valorado en algo más de 30 millones de dólares, además de otros 36 millones
para su funcionamiento. Como una forma de solucionar el conflicto.
Meses
después, Roberto afirma que su hermano Guillermo hizo llegar más propuestas,
ahora agregaba el control de la UDLAP, universidad con un campus valuado en más
de 100 millones de dólares. En su defensa, Guillermo niega su autoría e
involucra a Maldonado, como una forma de solucionar el problema y una especie
de compensación por su expulsión de la fundación.
En
diciembre de 2014, el presidente de la fundación Jenkins Anstead, esposo de
Elodia De Landa, alarmado por la complicidad de su hijo Guillermo y el Gobierno
de Puebla, firmó un convenio de donación a otra fundación en donde no
participaba Guillermo, posteriormente mudo el domicilio de Aguascalientes a
Barbados y de esta a Panamá, en donde además cambió de nombre.
Según
Roberto y familia denunciada, aquel movimiento trataba de poner a salvo los
activos del instituto, ambicionados por el primogénito y por el Gobierno de
Puebla, entonces bajo el control de Rafael Moreno Valle Rosas, que en mayo de
2014 fue publicado el decreto de una iniciativa enviada al H. Congreso del
Estado que fue aprobada sin modificación alguna, la Ley de Instituciones de
Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
La
denuncia presentada por Guillermo, pretendía entre otros motivos, hacer valer
el nuevo ordenamiento legal que establece en su artículo 9 que “Una vez constituidas las Instituciones
conforme a esta Ley, no podrá revocarse la aportación de bienes o derechos
hecha por el fundador o fundadores, para constituir el patrimonio de aquéllas;
sin embargo, las Instituciones, previa
autorización de la Junta, podrán desincorporar su patrimonio cuando legalmente
proceda”. Lo cual no sucedió en la especie, al realizar su padre la
donación en diciembre de 2014.
Sin
embargo el nuevo ordenamiento es claro, al señalar en su tercero transitorio
que “Las Instituciones de Beneficencia
Privada que hubieran sido constituidas en forma previa a la entrada en vigor de
la presente Ley… sin perjuicio de que se encuentren obligadas a someterse a las
disposiciones de esta Ley y demás legislación aplicable”. Esto es así
porque no puede ser aplicable dicho ordenamiento de forma retroactiva en su
perjuicio, como lo establece el ordenamiento constitucional mexicano.
En
el anterior ordenamiento que regulaba las instituciones de beneficencia privada
únicamente establecía en su artículo 12 que “Una vez que las Instituciones queden definitivamente constituidas
conforme a lo dispuesto en esta Ley, la afectación de los bienes hecha por la o
las personas fundadoras para constituir el patrimonio de aquellas, será
irrevocable.” Pero es una ley decretada el 26 de junio de 1994 y la
fundación fue constituida varias décadas antes, en concreto William O. Jenkins
creó su fundación, de conformidad con la Ley de Beneficencia Privada para el Estado
de Puebla del 23 de febrero de 1900, publicada el 24 de ese mismo mes y año,
así como su Reglamento de fecha 28 de febrero de 1900.
Aplicando
a favor la disposición promulga en junio de 1994, su Artículo 43 establece que
“Las Instituciones de Beneficencia
Privada podrán hacer donativos a otras Instituciones similares, cuando sus
fondos se lo permitan, respetando siempre la voluntad de los fundadores de la
Institución donante y cumpliendo los demás requisitos que la presente Ley
establece”. Y que ocurrió en la especie, cuando el patriarca de los Jenkins
Landa, donó a una fundación similar, pero fuera del ámbito territorial poblano.
Toda vez que dicho ordenamiento no establece territorialidad.
La
parte demandada asegura que en 2014, con la nueva ley, las presiones del
Gobierno estatal por conducto de Maldonado, se sentían cada vez más intensas.
De acuerdo a Roberto, su madre y hermanas, la Junta para el Cuidado de las
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano que debe
mediar en conflictos en fundaciones, aliado a Guillermo y Gobierno del Estado. Esta
complicidad provocó que se agilizaran los trámites de escrituración y en
diciembre de 2014, el último inmueble había sido escriturado y la fundación se
trasladaba a Barbados, debiendo recordar que ya no se trataba de la Fundación
creada en Puebla, sino aquella que recibió el donativo en Aguascalientes.
Así
que sin posibilidades de tener como aliado al Gobierno del Estado y la remoción
de Maldonado de la Secretaría General de Gobierno, en 2016 Guillermo Jenkins De
Landa denunció a su papá, su mamá, sus hermanos y abogados; por fraude y
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para él, esa donación de los
bienes de la fundación era un delito y respondía a la lógica de su padre, que
se consideraba heredero del abuelo. Dos años después, la FGR en ese momento
llamada PGR decidió archivar la denuncia de Guillermo,” en virtud (como ya se
ha dicho antes) “el contrato de donación no es ilícito, ni tampoco los actos
relacionados”. Más aún, la Fiscalía señala que Guillermo ni siquiera podría ser
víctima de delito alguno, ya que él ni siquiera formaba parte del patronato de
la fundación en el momento de la donación. Dicho más simple, no era parte. No
obstante que Guillermo recurrió la decisión, sus intentos fracasaron.
Pero
no obstante sus constantes fracasos, Guillermo ve una nueva oportunidad de
vengarse de las decisiones de su padre (muerto) madre y hermanos, nuevas
autoridades con suficiente poder, para inclinar la balanza a su favor o de a
perdida, beneficiar a otros. Sin duda cuando el perro es bravo hasta los de
casa muerde.
¿O
no lo cree usted?
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