Señalan a abogado por presunto fraude tras cobrar 115 mil pesos
20 de septiembre de 2026
Una denuncia por presunto fraude e incumplimiento de servicios profesionales fue hecha pública contra Jorge Sánchez Ricaño, a quien una mujer señala de haber recibido 115 mil pesos por concepto de honorarios para intervenir en el proceso penal de su esposo. De acuerdo con la información publicada por e-consulta, el contacto con el abogado comenzó el 23 de marzo en la Casa de Justicia de Puebla. La denunciante sostuvo que Sánchez Ricaño ofreció gestionar un cambio de medida cautelar y que, durante las conversaciones, habría referido cercanía con personas del ámbito público y de la Fiscalía General del Estado. La publicación señala que, después de resoluciones desfavorables y de que el abogado dejara el caso, el dinero entregado no habría sido reintegrado.
La información periodística también refiere que la mujer decidió hacer público su testimonio para solicitar la devolución de los recursos y deslindar responsabilidades, debido a que su esposo se encuentra en etapa de sentencia. Además de los 115 mil pesos señalados como honorarios, la denunciante mencionó gastos relacionados con alimentos para el abogado y su personal. La nota vincula estos señalamientos con la cercanía que Sánchez Ricaño habría manifestado tener con Alejandro Armenta Mier; sin embargo, la publicación no presenta elementos que acrediten que el gobernador haya participado en la contratación, recibido recursos o intervenido en el procedimiento judicial. El señalamiento de fraude corresponde a la versión de la denunciante y deberá determinarse, en su caso, mediante las instancias competentes.
Como antecedente, e-consulta señala que Sánchez Ricaño difundió en diciembre de 2025 la obtención de un reconocimiento Honoris Causa relacionado con su actividad profesional y la defensa de derechos humanos. La publicación también recupera un señalamiento previo realizado por Raúl Andrade Osorio, quien atribuyó su detención, mientras representaba a una víctima de violencia vicaria e intrafamiliar, a un posible tráfico de influencias relacionado con Sánchez Ricaño, abogado del presunto agresor en aquel asunto. De manera independiente, información publicada en febrero de 2025 documentó que Jorge Sánchez Ricaño estuvo entre las personas que acreditaron los requisitos para continuar en el proceso de selección del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Los distintos señalamientos citados constituyen antecedentes y versiones públicas y no equivalen, por sí mismos, a una determinación de responsabilidad penal.
