Señalamientos por adeudos y embargos alcanzan a los hermanos Rivera Nava
21 de septiembre de 2026
Lorenzo Rivera Nava y su hermano Víctor Rivera Nava fueron señalados por particulares por presuntos adeudos derivados de préstamos que, según los testimonios publicados, superarían en conjunto los 50 millones de pesos. Las personas consultadas sostienen que parte de los recursos habría sido solicitada durante los procesos electorales de 2021 y 2024, mediante acuerdos personales y, en algunos casos, bajo ofrecimientos relacionados con futuros negocios o contratos. La información difundida señala que varios préstamos inicialmente se realizaron mediante acuerdos verbales y que posteriormente, ante la falta de pago reclamada por los acreedores, se habrían ofrecido propiedades como garantía. Los señalamientos corresponden a testimonios de particulares y deben distinguirse de las determinaciones emitidas dentro de procedimientos judiciales.
En el caso de Víctor Alfonso Rivera Nava, la información publicada refiere la existencia de medidas judiciales sobre parte de su patrimonio. Entre ellas se encuentran la retención precautoria de recursos disponibles en cuentas bancarias y el embargo de distintos inmuebles. Se mencionan una propiedad en Villas de Zavaleta, San Andrés Cholula; los predios denominados Cañada Grande, ubicado en Rinconada de Chignahuapan, y Nanamanchi, en Tecoyuca, además de otro inmueble localizado en Chignahuapan. La resolución referida también contempla anotaciones ante autoridades registrales de Chignahuapan, Cholula y Los Cabos, Baja California Sur. Por separado, algunos acreedores entrevistados señalaron que determinadas propiedades entregadas como garantía habrían tenido avalúos inferiores a los valores inicialmente manifestados, por lo que no habrían resultado suficientes para cubrir los montos reclamados.
Los señalamientos publicados también incluyen referencias a contratos otorgados durante la administración municipal 2021-2024 a empresas presuntamente relacionadas con integrantes de la familia Rivera Nava, asunto distinto de los procedimientos civiles relacionados con los adeudos. Asimismo, se reportan observaciones por 21.01 millones de pesos correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2024 de Chignahuapan. Los testimonios recopilados incluyen además acusaciones sobre presuntas amenazas después de que algunos acreedores solicitaron la devolución de sus recursos. Estas afirmaciones corresponden a las personas entrevistadas y requieren, para determinar eventuales responsabilidades, de las resoluciones de las autoridades competentes. La existencia de embargos o medidas precautorias acredita la actuación de una autoridad judicial respecto de determinados reclamos patrimoniales, pero por sí misma no constituye una sentencia que permita atribuir responsabilidad penal por fraude.
