La extraña muerte del fiscal anticorrupción de Puebla
La crisis que enfrenta el gobierno de Puebla por la muerte de quien fuera su fiscal anticorrupción y coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción, Rubén Alberto Curiel Tejeda, es una crisis de credibilidad y desconfianza institucional.
Este presunto suicidio y la versión oficiosa de que Alberto Curiel se quitó la vida por una supuesta relación extramarital que le habría descubierto su esposa han puesto en evidencia la escasa o nula credibilidad de la Fiscalía de Puebla.
No tengo elementos fehacientes para refutar que el fallecimiento del fiscal anticorrupción, la noche del jueves o la mañana del viernes en el sótano 3 del estacionamiento del Centro Integral de Servicios (CIS), haya obedecido a una muerta autoinfligida.
Pero hay cuestiones que merecen una explicación: hay cámaras de vigilancia o no en ese estacionamiento, de dónde salió el arma de fuego que éste supuestamente usó, por qué ningún policía de ese lugar —que debe ser uno de los más vigilados— oyó la detonación pese a tratarse de una escuadra 380, qué revela la autopsia.
Mi desconfianza en la versión oficial y la supuesta infidelidad de él se basa en testimonios de subordinados suyos en la Secretaría Anticorrupción, de un abogado penalista que lo visitó y le obsequió un libro y éste a su vez le anunció la presentación de un texto suyo en el transcurso de la próxima semana, y de amigos que sostienen que éste era un hombre mentalmente sano y sin problemas de depresión.
La muerte de Alberto Curiel debe esclarecerse con evidencias contundentes y pruebas científicas que despejen cualquier duda fundada, sin descartar aquellas hipótesis vinculadas a su labor como fiscal anticorrupción, a su distanciamiento con la fiscal Idamis Pastor Betancourt por carpetas iniciadas contra funcionarios traídos por ésta del Estado de México y del Consejo de la Judicatura acusados de corrupción, y a las causas por las cuales habría salido de la FGE para ser nombrado coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción.
Si el gobierno del estado de verdad quiere esclarecer esta lamentable pérdida y recuperar la confianza ciudadana, quizás debería atender las voces de familiares y amigos del exfiscal anticorrupción que piden que el caso sea atraído e investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), y que sea esta instancia la que despeje todas las dudas en torno a la misteriosa muerte de Rubén Alberto Curiel.
No sólo por tratarse de un funcionario sin aparentes trastornos mentales, un académico con seis maestrías y dos doctorados apreciado por sus alumnos y pares, y un profesionista comprometido con la legalidad, los derechos humanos y el combate a la corrupción.
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A propósito.
Cuál es el estatus que guardan las carpetas de investigación que se iniciaron en la Fiscalía Anticorrupción en contra de funcionarios de la FGE acusados de abuso de autoridad y de extorsionar al empresario Javier Milián Mora, familiares y socios.
Dichas carpetas se habrían integrado cuando Rubén Alberto Curiel estuvo como encargado de la Fiscalía Anticorrupción.
Hasta donde se sabe entre los funcionarios involucrados en éstas figuraban Luis Antonio León Delgadillo, quien fue Fiscal Especializado de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), Miguel Islas López y Jorge Malvaez Rodríguez, quienes se desempeñaron como titular y coordinador de Investigación de la Fiscalía de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todos ellos oriundos del Estado de México.
De estos tres se sabe que al menos Jorge Malvaez tiene una orden de aprehensión dictada por un juez de control de Cholula por delitos contra la administración y procuración de justicia, y que éste ha promovido al menos cuatro amparos dentro de los expedientes 189/2026 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México; 326/2026 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México; 450/2026 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México; y 686/2026 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Puebla.
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Otra cuestión que puso al descubierto la muerte de Rubén Alberto Curiel en el estacionamiento del CIS es la ineficacia de la empresa de seguridad contratada para labores de vigilancia.
Los policías auxiliares de la empresa nunca oyeron el disparo con el que se habría quedado la vida el exfiscal anticorrupción durante la noche del jueves 24 de septiembre.
Hasta donde se sabe el cuerpo del extinto funcionario dentro de su camioneta y con un tiro en la cabeza no fue descubierto por el personal de seguridad, sino por empleados de intendencia o la Secretaría Anticorrupción.
La empresa privada de Seguridad contratada para el CIS opera con agentes subcontratados de la Policía Auxiliar. ¿Raro, no? ¿Por qué usar un intermediario, cuando el gobierno podría contratar directamente a la Policía Auxiliar?
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