Granja de criptomonedas en Tlaola habría generado 4.5 millones de pesos mensuales
20 de septiembre de 2026
La granja de criptomonedas localizada en Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, habría generado ingresos estimados en 4.5 millones de pesos mensuales, de acuerdo con información difundida a partir de fuentes vinculadas con la investigación federal. El inmueble fue intervenido durante operativos en los que participaron autoridades federales y estatales. En un cateo posterior fueron asegurados 1,032 equipos destinados a la criptominería, además de infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Las investigaciones se concentran en determinar la forma en que la instalación obtenía la energía necesaria para mantener en operación los equipos y establecer si existieron conexiones irregulares a la red eléctrica. La minería de criptomonedas no constituye por sí misma una actividad ilícita; las indagatorias se relacionan con el presunto aprovechamiento no autorizado de energía eléctrica.
La información publicada señala a Miguel Márquez Ríos, Martín Esparza y Román Olvera García dentro de las líneas de investigación relacionadas con la operación de instalaciones de criptominería en la región. Los señalamientos difundidos tienen carácter de información periodística y deberán ser determinados por las autoridades ministeriales competentes. También se ha informado sobre la existencia de investigaciones relacionadas con el uso no autorizado de la red eléctrica. El caso de Tlaola se suma a antecedentes registrados en Juan Galindo, donde anteriormente fueron detectadas instalaciones destinadas a actividades similares. En la zona existe además un conflicto histórico relacionado con el suministro y cobro de energía eléctrica posterior a la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer quiénes administraban, financiaban y operaban la infraestructura asegurada. También deberá precisarse mediante peritajes el consumo eléctrico de las instalaciones, el tiempo durante el cual permanecieron en funcionamiento y el origen de los recursos empleados para adquirir los equipos. La cifra de 4.5 millones de pesos mensuales corresponde a una estimación difundida periodísticamente y no a un monto oficialmente determinado mediante resolución judicial. Las investigaciones oficiales se concentran hasta ahora en el presunto robo de energía eléctrica, mientras que autoridades estatales han señalado que corresponde a las instancias ministeriales establecer responsabilidades individuales. El procedimiento continúa abierto y los señalamientos contra personas determinadas no equivalen a una declaración de culpabilidad.
