Hay constancia institucional de que cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM y de que obtuvo título y cédula profesional en 2003. Una revisión periodística de 2015 confirmó ese título y registró que reconoció no haber concluido una maestría que en algunos currículos aparecía como terminada. El sistema de la UNAM lo registra como profesor de la Facultad de Derecho desde 2016.
Ocupó la dirección de ProCDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera. En diciembre de 2018 fue nombrado subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo. Su permanencia fue breve: la propia Secretaría anunció el 12 de abril de 2019 la designación de un sustituto derivada de su renuncia.
Existe evidencia registral publicada de que en 2005 participó con José Benjamín Chow del Campo en la constitución de Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V. Él mismo reconoció esa sociedad y otra denominada Latinasia Travel Services, y ha sostenido que ambas dejaron de operar en 2010 y 2012. La existencia y el contenido de una denuncia que dice haber presentado en 2009 ante autoridades estadounidenses no aparecen verificados de forma independiente en las fuentes públicas citadas.
El folio mercantil de Grupo Comercial Merkasia, S.A. de C.V., en Hermosillo, documenta que el 27 de julio de 2009 quedó inscrito como accionista fundador con el 25 por ciento del capital fijo de 50 mil pesos. En el acto constitutivo no figura como administrador único. El objeto social comprende comercio exterior, operaciones ligadas a China y un catálogo amplio de actividades. El capital variable nació en ceros.
Consultas registrales asocian su nombre con otras razones sociales, entre ellas Euroasiático de México, Integradora de Servicios Latinoamericanos, Minerales Mexicanos Tepaktli y Hefeps & Levy. Esa coincidencia de nombre no acredita, por sí sola, acciones vigentes, control, operación actual ni un grupo económico único, salvo en los casos en que se revisó un acta concreta.
El Gobierno de Puebla sostiene que se presentó ante Sedetra como representante o socio de Vessel Housing y pidió tierra estatal para una planta industrial. La propia empresa negó esa representación o sociedad y descartó un proyecto de planta en México. En 2025, el entonces secretario Víctor Gabriel Chedraui reconoció que hubo gestiones formales y observaciones a un proyecto, incluso en relación con un predio de alrededor de 128 hectáreas. Nadie niega que hubo un intento de gestión; lo que el gobierno estatal niega es que existiera obligación de entregar suelo a un proyecto que, según su versión, no acreditó respaldo.
El 13 de septiembre de 2026 afirmó en X que Estados Unidos había cancelado la visa del gobernador Alejandro Armenta Mier. No se exhibió oficio, sello ni comunicación de autoridad estadounidense. El Gobierno de Puebla informó que no había recibido notificación del Departamento de Estado, de la Embajada ni de otra vía formal, y recordó que el otorgamiento o retiro de visas corresponde a Washington.
En su etapa en ProCDMX impulsó el Corredor Cultural Chapultepec, proyecto que fue rechazado en consulta ciudadana en 2015. Medios documentaron después una reclamación económica superior a 921 millones de pesos vinculada a la cancelación de la concesión. Esa cifra corresponde a una reclamación reportada, no a una sentencia que lo condene por sustracción de recursos ni a un daño patrimonial atribuido de forma individual y firme.
Está documentada la existencia de un litigio inmobiliario civil de larga data. Fuentes periodísticas y referencias judiciales citadas en el expediente hablan de una condena pecuniaria del orden de 1.5 millones de dólares y de un desalojo ejecutado en enero de 2023. También consta litigación conexa en Estados Unidos: un tribunal de apelaciones de Florida desechó sin perjuicio, el 31 de julio de 2024, una petición extraordinaria en un asunto entre las mismas partes.
En octubre de 2025 la Fiscalía de la Ciudad de México informó que existían dos órdenes de aprehensión, una por cuestiones de normatividad urbana y otra por amenazas y daño en propiedad ajena, y que hubo actuaciones de cooperación internacional. Una orden de aprehensión no es sentencia condenatoria. Él ha controvertido públicamente versiones sobre detención.
Órdenes judiciales estadounidenses citadas en el expediente confirman que el 22 de enero de 2026 se presentó una solicitud de concurso bajo el capítulo 13 en el Distrito Sur de California y que ese trámite produjo efectos procesales. El 16 de septiembre de 2026 un tribunal federal rechazó una solicitud de asistencia para obtener pruebas promovida por la contraparte de ese conflicto. Esos resolutivos acreditan procedimientos y resultados puntuales; no equivalen a una declaración de fraude concursal.
El 14 de abril de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), Casino Centenario y Diamante Casino. El comunicado oficial no lo nombra. La conexión documental que el expediente sí sostiene es una sociedad histórica anterior con José Benjamín Chow del Campo; no hay en las fuentes revisadas un tercer tramo que acredite intervención, beneficio, financiamiento o control suyo en las actividades sancionadas.
Lo que el mismo corte de investigación no da por acreditado incluye: que Vessel Housing lo reconociera como representante; que existiera notificación oficial de cancelación de visa; que hubiera denuncia formal, depósito o documento de una exigencia de un millón de dólares; que las sociedades de los años 2000 operaran hoy bajo su control; y que una relación empresarial antigua baste para imputarle las sanciones de 2026 contra empresas atribuidas a un exsocio.
