Cabildo de Acatlán aprueba solicitud de revocación de mandato
En el municipio de Acatlán, los integrantes del cabildo llevaron a cabo una sesión ordinaria de tres horas y dos extraordinarias durante las cuales se aprobó por mayoría de votos solicitar ante el Congreso de Puebla la revocación de mandato de Guadalupe Lucero Bárcenas. La iniciativa surgió a partir de diversas inconformidades relacionadas con el ejercicio del cargo y con el funcionamiento de áreas como seguridad pública y tránsito municipal.
La regidora de Grupos Vulnerables, Juliana Jiménez, presentó la propuesta y expuso argumentos que incluyeron la existencia de un bloqueo por parte del ayuntamiento, una brecha salarial entre los regidores y la alcaldesa, así como presunto abuso de autoridad contra trabajadores a quienes se habría obligado a asistir a un evento público. También mencionó el cobro no regulado de carga y descarga en zonas del municipio por parte de elementos de seguridad pública. Jiménez solicitó que el síndico municipal convoque a una reunión con integrantes del cabildo, autoridades auxiliares e inspectores para elaborar el documento formal que se remitirá al Gobierno del Estado y al Congreso local.
Guadalupe Lucero Bárcenas respondió a las observaciones y solicitó que se presenten pruebas sobre el presunto abuso de autoridad. Además, señaló la percepción económica mensual de 50 mil pesos que recibe la regidora y los préstamos otorgados por tesorería, lo que consideró contradictorio con la afirmación de bloqueo. Tras el intercambio de posiciones, la iniciativa se sometió a consideración y fue aprobada, lo que derivó en la decisión de preparar la documentación correspondiente para su envío a las instancias estatales.
Este proceso refleja el mecanismo previsto en la legislación para la revocación de mandato en el ámbito municipal, donde el cabildo actúa como órgano colegiado para plantear la solicitud ante el Congreso. La sesión registró votación con mayoría a favor, un voto en contra y una abstención, según reportes difundidos. El desarrollo del caso dependerá ahora de los tiempos y procedimientos que establezca el Congreso de Puebla para analizar la petición presentada por el municipio de Acatlán.
La regidora de Grupos Vulnerables, Juliana Jiménez, presentó la propuesta y expuso argumentos que incluyeron la existencia de un bloqueo por parte del ayuntamiento, una brecha salarial entre los regidores y la alcaldesa, así como presunto abuso de autoridad contra trabajadores a quienes se habría obligado a asistir a un evento público. También mencionó el cobro no regulado de carga y descarga en zonas del municipio por parte de elementos de seguridad pública. Jiménez solicitó que el síndico municipal convoque a una reunión con integrantes del cabildo, autoridades auxiliares e inspectores para elaborar el documento formal que se remitirá al Gobierno del Estado y al Congreso local.
Guadalupe Lucero Bárcenas respondió a las observaciones y solicitó que se presenten pruebas sobre el presunto abuso de autoridad. Además, señaló la percepción económica mensual de 50 mil pesos que recibe la regidora y los préstamos otorgados por tesorería, lo que consideró contradictorio con la afirmación de bloqueo. Tras el intercambio de posiciones, la iniciativa se sometió a consideración y fue aprobada, lo que derivó en la decisión de preparar la documentación correspondiente para su envío a las instancias estatales.
Este proceso refleja el mecanismo previsto en la legislación para la revocación de mandato en el ámbito municipal, donde el cabildo actúa como órgano colegiado para plantear la solicitud ante el Congreso. La sesión registró votación con mayoría a favor, un voto en contra y una abstención, según reportes difundidos. El desarrollo del caso dependerá ahora de los tiempos y procedimientos que establezca el Congreso de Puebla para analizar la petición presentada por el municipio de Acatlán.
