ASE detecta probable daño patrimonial superior a 21 millones de pesos en la cuenta pública 2024 del municipio de Chignahuapan, Puebla, y profundiza el historial de irregularidades documentales en administraciones previas.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) ha concluido su revisión de la cuenta pública 2024 del municipio de Chignahuapan con un probable daño patrimonial estimado en 21 millones 10 mil 123 pesos, según el informe individual de resultados entregado a finales de abril de 2026 a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso local. Esta cifra representa un incremento notable respecto a ejercicios anteriores: más de 9.1 millones de pesos en 2023 y alrededor de 7.7 millones en 2022, lo que evidencia un patrón recurrente de irregularidades que afectan la rendición de cuentas en este municipio de la Sierra Norte poblana. Las observaciones se centran principalmente en la falta de documentación justificativa, ausencia de auxiliares contables completos, pólizas sin respaldo adecuado y comprobantes inexistentes en rubros sensibles como remuneraciones al personal, adquisiciones de bienes y servicios, y gastos operativos. Estos hallazgos corresponden en gran medida a periodos de la administración encabezada por Lorenzo Rivera Nava, conocido como “Lenchito”, quien fungió como presidente municipal hasta 2024 y actualmente ocupa la secretaría general del PRI en Puebla. La situación deja al actual edil, Juan Rivera Trejo —primo de Lorenzo y conocido como “El Diablo”—, la responsabilidad de solventar estas observaciones para evitar mayores consecuencias patrimoniales y administrativas.El proceso de fiscalización iniciado por la ASE en mayo de 2025, apenas días después de la toma de protesta de Juan Rivera Trejo tras una elección extraordinaria ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló 18 observaciones concretas. Entre las más significativas destaca un pliego por 4 millones 268 mil 265 pesos en remuneraciones al personal de carácter permanente. En este rubro, el municipio presentó documentación incompleta que no acredita el apego al Presupuesto de Egresos ni al marco legal en materia de adjudicación, disciplina financiera y contabilidad gubernamental. Se omitió el auxiliar de mayor correspondiente al periodo del 1 de enero al 14 de octubre de 2024, lo que impidió verificar movimientos contables en la subcuenta de “sueldo base al personal de confianza”. Además, no se entregaron comprobantes que justificaran el uso de recursos fiscales para pagos de sueldos, y se detectaron ajustes que reducían saldos en nómina sin evidencia documental. Una segunda observación relevante asciende a 4 millones 110 mil 298 pesos en gastos por combustibles, lubricantes y aditivos, donde solo se justificó el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2024, dejando sin respaldo el resto del ejercicio. La ASE notificó al ayuntamiento mediante oficios específicos, requiriendo la documentación faltante, pero la respuesta municipal no solventó las irregularidades, lo que derivó en pliegos de observaciones y la presunción de daño patrimonial.Este panorama de 2024 se inscribe en un contexto más amplio de fiscalización municipal en Puebla, donde la ASE revisa anualmente las cuentas de 217 ayuntamientos, sistemas operadores de agua y otros entes, entregando informes generales e individuales que sirven de base para posibles procesos sancionatorios. En el caso de Chignahuapan, las irregularidades documentales no son nuevas. Durante el ejercicio 2022, bajo la misma administración de Lorenzo Rivera Nava, la ASE emitió 37 observaciones, de las cuales solo una se aclaró, generando 36 recomendaciones y 35 pliegos de observaciones por un probable daño patrimonial de 7 millones 746 mil pesos. Los rubros más afectados incluyeron compras de materiales y suministros por 249 mil 468 pesos, gastos en vestuario y uniformes por 58 mil 450 pesos, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por 286 mil 44 pesos. Un monto destacado fue el de 434 mil 630 pesos en cuatro contratos para la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, realizados mediante adjudicación directa con modificaciones cuyo sustento documental resultó insuficiente.Entre los proveedores vinculados a estas observaciones de 2022 se encuentran Complementa MX, S.A. de C.V., con contratos que representaron parte significativa de los 434 mil 630 pesos en materiales de oficina; Operadora OMX S.A. de C.V., que participó con un contrato específico por 84 mil 459 pesos en el mismo rubro; y GRUPO GOS CONTROL S.C., al que se adjudicaron dos contratos por un total de 1 millón 214 mil 520 pesos. Estos últimos, identificados como PAT-48-2021-2024 del 3 de enero de 2022 y PAT-108-2021-2024 del 1 de mayo de 2022, correspondieron a la elaboración de normas y lineamientos para el ejercicio del gasto y control presupuestal de la administración 2021-2024, así como a la evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del ejercicio 2021. La ASE señaló inconsistencias en fechas de adjudicación, firma y entrega-recepción de servicios, además de falta de comprobación adecuada de los gastos. Estos contratos se agruparon en rubros de servicios de control y mantenimiento, donde prevaleció la irregularidad en la documentación justificativa.En el ejercicio 2023, las observaciones preliminares alcanzaron más de 9.1 millones de pesos, manteniendo el patrón de documentación incompleta en adquisiciones y servicios. Un contrato específico destacado en reportes públicos corresponde a TV Azteca S.A.B. de C.V. por 189 mil 600 pesos, destinado a la transmisión de programas del Festival de la Luz y la Vida, evento emblemático del municipio. Esta contratación se vinculó a rubros de difusión y eventos, con pliegos de observaciones por inconsistencias en la justificación de los servicios prestados. Aunque no se reportaron denuncias adicionales más allá de los pliegos ASE, estos casos ilustran cómo las irregularidades se concentran en áreas como eventos culturales y adquisiciones menores, donde la falta de respaldo documental genera presunciones de daño patrimonial. La suma de contratos observados en estos ejercicios previos contribuye al acumulado que supera los 21 millones en 2024, afectando la rendición de cuentas global del municipio.Paralelamente a las revisiones estatales de la ASE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió en febrero de 2026 sus propios pliegos sobre la cuenta pública 2024 de Chignahuapan, detectando un probable daño patrimonial federal por 216 millones 328 mil 813 pesos, equivalente al 100 por ciento de la muestra auditada en recursos de FAISMUN, FORTAMUN y participaciones federales. La ASF destacó la ausencia total de registros contables y presupuestales, así como de documentación comprobatoria y justificativa para erogaciones financiadas con fondos federales, infringiendo la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación. Este monto federal se suma al estatal, configurando un escenario de alto riesgo para la hacienda pública municipal y estatal. Chignahuapan, junto con Palmar de Bravo, concentró más del 55 por ciento de las observaciones federales a 33 municipios poblanos, que en total superaron los 927 millones de pesos no solventados.El marco normativo de la fiscalización municipal en Puebla obliga a los ayuntamientos a presentar cuentas públicas completas y verificables, con énfasis en la transparencia y el control presupuestal. La ASE, como organismo técnico autónomo, emite pliegos de observaciones cuando detecta incumplimientos, otorgando plazos para solventación mediante documentación adicional. En el caso de Chignahuapan 2024, el municipio respondió a requerimientos iniciales sin solicitar prórroga, pero la información presentada resultó insuficiente, lo que derivó en actas circunstanciadas y notificaciones formales en noviembre de 2025. Este procedimiento puede escalar a recomendaciones de sanciones administrativas, responsabilidades resarcitorias o incluso denuncias penales si se configura malversación o daño intencional. Históricamente, Chignahuapan ha sido uno de los municipios con mayor número de observaciones ASE; en 2022 ocupó el primer lugar estatal con 35 anomalías, superando a otros como Coronango o Tepeaca.El trasfondo político añade complejidad. La familia Rivera ha dominado la política local en los últimos trienios: Enrique Rivera Reyes (2014-2018), Lorenzo Rivera Nava (2021-2024) y ahora Juan Rivera Trejo (2025-2027). Lorenzo solicitó licencia para contender por una diputación local sin éxito y no regresó a la alcaldía, dejando la conclusión del ejercicio a un suplente. Juan Rivera Trejo, quien asumió tras impugnar el resultado electoral inicial, hereda no solo la administración sino también la carga de aclarar irregularidades de su primo. El Concejo Municipal previo incluso detectó anomalías en el proceso de entrega-recepción y anunció que presentaría un dictamen ante la ASE, aunque los resultados de 2024 indican que persisten problemas estructurales en la contabilidad municipal.La falta de registros completos del 1 de enero al 14 de octubre de 2024 —periodo mayoritariamente bajo la administración anterior— impidió a la ASE correlacionar datos contables con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Esto afecta rubros esenciales como nómina y combustibles, donde los movimientos sin respaldo generan presunción de daño. En términos más amplios, estas irregularidades erosionan la confianza ciudadana en el uso de recursos públicos, especialmente en un municipio con tradición cultural fuerte, como el Festival de la Luz y la Vida, cuyos gastos en difusión también han sido observados. La ASE ha enfatizado en sus informes generales que áreas de riesgo recurrentes en municipios incluyen control interno, adquisiciones y remuneraciones, recomendando fortalecimiento de sistemas contables y capacitación en normatividad.Ante este escenario, el actual gobierno municipal enfrenta el reto de solventar las 18 observaciones estatales y las federales de la ASF. La ley prevé que, una vez notificados los pliegos, el ayuntamiento debe reintegrar recursos o justificarlos plenamente; de lo contrario, se activan mecanismos de responsabilidad administrativa contra exservidores públicos. La entrega de informes ASE en abril de 2026 marca el inicio formal del escrutinio legislativo, donde la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación evaluará los resultados y podría impulsar acciones correctivas. Para Chignahuapan, cuya cuenta pública 2024 ya está publicada en su portal de transparencia, persiste la necesidad de mejorar sus sistemas de registro y justificación documental para evitar que el probable daño patrimonial siga creciendo en ejercicios futuros.En resumen, las observaciones de la ASE a la cuenta pública 2024 de Chignahuapan no solo cuantifican un daño superior a los 21 millones de pesos, sino que revelan deficiencias sistémicas en la gestión documental que se arrastran desde 2022. Los contratos con proveedores como Complementa MX, GRUPO GOS CONTROL, Operadora OMX y TV Azteca ejemplifican cómo adjudicaciones directas y servicios sin respaldo adecuado generan pliegos recurrentes. Este caso, sumado a las revisiones federales de la ASF, subraya la importancia de la fiscalización como herramienta de accountability en los gobiernos locales. La población de Chignahuapan, que ha visto a la misma familia política al frente por más de una década, espera que las autoridades actuales prioricen la transparencia y el saneamiento de las finanzas municipales, garantizando que cada peso público sea traceable y justificado conforme a la ley. La resolución de estos pliegos no solo evitará mayores perjuicios patrimoniales, sino que sentará precedente para una mejor gobernanza en la región.
