Colosio: 32 años después.
El día que el sistema se quebró en vivo y directo
Rodolfo Herrera Charolet
El 23 de marzo de 1994 no fue un día más de campaña política nacional en la búsqueda de un partido de mantenerse en el poder, fue el preciso momento en que el sistema se quebró en vivo y en directo, sin aviso ni interrupciones.
Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, que veía un México de desigualdades y que hablaba de la necesidad de un cambio, de combatir la pobreza y de romper con el viejo régimen autoritario, fue asesinado a quemarropa en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana.
Ese mismo año, pero el 28 de septiembre de 1994, mientras desayunaba en el Sanborns de "La Fragua" ubicado frente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que había recobrado su denominación, fue asesinado su secretario general José Francisco Ruiz Massieu, a quien conocí en Acapulco Guerrero cuando fue gobernador y fui el técnico que preparó la memoria del evento entregada a Patricio Chirinos en representación del Presidente de México. La demanda popular de miles de colonos que se reunieron en una magna convención nacional de lo que fue el Movimiento Urbano Territorial.
Yo tenía 34 años, militaba en el partido y ese nuevo crimen me dejó sin piso. Mis ideales como mi lealtad a sus principios me derribaron, entonces entendí las atrocidades que se habían cometido en aras del partido y su falsedad de la militancia activa. En ese entonces trabajaba para el Comité Ejecutivo Nacional del Sector Popular priista. Capacitado como técnico para analizar datos y presentar informes. Con beneficios personales y trato distinguido, no fueron suficientes para contenerme. Un año después tiré la credencial a pesar de la opinión de mi padre y de las publicaciones en mi contra de algunos periodistas que eran voceros del poder, en Puebla gobernaba Manuel Bartlett Díaz y Moisés Ignacio Mier Velazco era el presidente del Comité Directivo Estatal del partido. No era solo indignación; era asco.
Los mismos que se rasgaban las vestiduras por la democracia y por los ideales que Colosio defendía terminaron beneficiándose del vacío que dejó su muerte. El PRI ganó la presidencia de la República en las elecciones de 1994 otra vez, pero en Puebla en el año 1995, Bartlett y aliados perdieron la ciudad capital y la mayoría de las cabeceras distritales. Nacho Mier se proyectó como el príncipe de las derrotas. El precio del artero asesinato fue una fractura que nunca cicatrizó del todo y ya se estaban manifestando los primeros sangrados.
Treinta y dos años después, el caso sigue siendo un rompecabezas con piezas que no encajan, pero que la mano invisible que articuló todo aún pretende armar. Mario Aburto Martínez, el hombre señalado como el tirador solitario, ha estado preso desde entonces. Primero lo condenaron a 45 años bajo el Código Penal Federal. Luego, en octubre de 2023, un tribunal colegiado del poder judicial destituido anuló esa sentencia y dijo que el delito debía juzgarse con el código de Baja California de 1994, cuya pena máxima por un homicidio calificado es de 30 años.
En estas condiciones y con dicha resolución Aburto ya habría cumplido esa condena en marzo de 2024. Y por lo tanto debería recobrar su libertad. La Fiscalía General de la República no se quedó de brazos cruzados, así que impugnó la resolución y pidió que la Suprema Corte entrara al quite, razón por la cual la nueva corte, la electa por el pueblo, en Pleno decidió atraer el expediente 104/2021.
Seis ministros a favor, dos en contra, una legalmente impedida, pasarán a la historia y la decisión que tomen en los próximos meses podría cambiarlo todo: o Aburto sale libre porque ya cumplió lo que correspondía, o se mantiene la condena más larga y el caso se queda en el limbo federal.
Lo que está en juego no es solo la libertad de un homicida. Es la credibilidad de un sistema judicial que ha sido acusado durante décadas de servir a intereses políticos más que a la verdad. La defensa de Aburto insiste en que hubo errores graves: que se aplicó mal la ley, que el delito era del fuero común y que la pena federal fue un exceso.
¿Cuánto vale la vida de un candidato presidencial?
¿Es asunto de seguridad nacional un atentado de esa magnitud que trastoca la democracia y rebasa el ámbito de una entidad?
¿El asesinato cambió el rumbo de la historia y el futuro de millones de mexicanos?
¿Es el asesinato del fuero común, pero federal por ser electoral?
La Fiscalía, por su parte, quiere conservar los 45 años y argumenta que el magnicidio merece un trato de excepción y creo que está en lo cierto.
La Corte no decidirá si Aburto disparó o no —eso ya está cerrado desde hace tiempo—, sino que el debate será centrado a que si el proceso que lo mantuvo preso tanto tiempo fue legítimo o si se torció para ajustar cuentas políticas. El chivo expiatorio de quien mece la cuna.
En un país donde la impunidad es la regla y la justicia la excepción, este caso sigue siendo un espejo incómodo. No hay cierre fácil. La resolución que sea dictada en la Corte no va a borrar las teorías de conspiración ni va a convencer a quienes creen que hubo "otros" más detrás del crimen.
Lo que está en juego es el criterio que defina hasta dónde llega hoy el Estado de derecho en México. Si la corte puede corregir errores del pasado sin ceder a presiones, o si el viejo hábito de proteger a los poderosos sigue manteniéndose. Porque en el fondo, el asesinato de Colosio no fue solo un homicidio. Fue el día en que México se dio cuenta de que el cambio que prometían podía costar la vida. Y treinta años después, todavía estamos pagando la cuenta y los partidos oportunistas, como aves de rapiña, siguen nutriéndose con las vísceras.
¿O no lo cree usted?
