Familias en exilio médico

La carga del exilio médico: familias en vigilia perpetua fuera del Hospital General del NorteEl éxodo de familias pobladas hacia el Hospital General del Norte en la Ciudad de México se ha convertido en un ritual de espera angustiante, donde pacientes de escasos recursos, principalmente de zonas rurales y marginadas de Puebla, instalan campamentos improvisados en las aceras adyacentes al nosocomio para monitorear tratamientos oncológicos y crónicos que su sistema de salud local no puede solventar, un proceso que inicia con traslados precarios en autobuses nocturnos y culmina en noches al raso bajo carpas de plástico, expuestos a lluvias, frío y la incertidumbre de citas diferidas. Esta migración temporal, que afecta a cientos de personas anualmente, refleja las grietas en la cobertura médica estatal: la saturación de hospitales poblados como el de Puebla o el Oncológico obliga a derivaciones federales, dejando a los acompañantes —madres, abuelos y hermanos— en un limbo de supervivencia urbana donde el costo diario de un cuarto de hotel o albergue oficial supera sus ingresos mensuales, perpetuando un ciclo de endeudamiento familiar que agrava la vulnerabilidad emocional y física de quienes velan por sus seres queridos. En este contexto, la declaración del gobernador Alejandro Armenta marca un intento por mitigar el peso económico, reconociendo que "pagaremos 40 pesos de albergue" por noche a estas familias, una medida que, aunque modesta, representa el primer subsidio directo para alojamiento en la capital, calculado en base a tarifas básicas de hostales accesibles en la zona de Gustavo A. Madero. ***El anuncio gubernamental: un subsidio puntual en medio de la crisis sanitariaLa secuencia de la propuesta se activó el 9 de diciembre de 2025 durante una rueda de prensa en Casa Aguayo, donde Armenta, al detallar el programa de apoyo, enfatizó la cobertura para "familias que acampan afuera del HNP", limitándola a un reembolso de 40 pesos diarios por hasta tres acompañantes por paciente, condicionado a la presentación de facturas o constancias de hospedaje emitidas por albergues registrados en el programa federal IMSS-Bienestar. Este mecanismo, inspirado en modelos exitosos de estados como Veracruz y Oaxaca, busca desincentivar el campamento callejero mediante incentivos económicos, integrando una base de datos digital para validar solicitudes vía la app Salud Puebla y evitando fraudes mediante geolocalización de estancias, aunque críticos internos advierten que el monto —equivalente a un tercio del salario mínimo diario— apenas cubre un catre compartido, sin considerar traslados o alimentación. El proceso de implementación, que arranca de inmediato con un presupuesto inicial de 5 millones de pesos del ramo 33 de salud estatal, prioriza a familias de municipios como Tehuacán y Atlixco, donde las derivaciones oncológicas representan el 60% de los casos, ilustrando cómo una política reactiva responde a la presión de reportajes virales que exponen colchones improvisados y niños desnutridos en las banquetas del HNP. ***Raíces estructurales: la brecha entre Puebla y el sistema federal de saludEste paliativo emerge de un entramado histórico de desequilibrios sanitarios en Puebla, donde el cierre de quimioterapias en el Hospital Oncológico estatal durante 2024 forzó un pico de derivaciones al HNP, un hospital de alta especialidad que atiende a 12 mil poblanos al año pero carece de cupo para acompañantes, dejando a las familias en un limbo administrativo que se extiende de semanas a meses. La dinámica se agrava por la dispersión geográfica: un viaje de 200 kilómetros desde la Sierra Norte implica 300 pesos en transporte, sumados a los 120 pesos semanales por albergue no subsidiado, un gasto que empuja a decisiones extremas como dormir en parques o depender de la caridad de ONGs como el Teletón México. Armenta, al contextualizar la medida, vinculó el subsidio a una reforma pendiente en el Congreso local para elevar el presupuesto en cáncer al 15% del sector salud, argumentando que "no podemos seguir exportando nuestra responsabilidad", un discurso que, si bien resuena con promesas de Morena, choca con datos del INEGI que revelan que el 40% de las familias poblanas en pobreza extrema carecen de seguro médico integral, perpetuando un proceso donde la salud se negocia en las sombras de la burocracia federal. ***Implicaciones a futuro: entre alivio temporal y demandas de equidad sistémicaLa iniciativa de los 40 pesos no solo aligera la carga inmediata —permitiendo a una familia promedio ahorrar 1,200 pesos mensuales en hospedaje—, sino que cataliza un debate más amplio sobre la federalización de la salud en Puebla, donde activistas exigen extensiones a otros hospitales como el Juárez de México y la inclusión de viáticos para medicamentos, potencialmente escalando a un fondo estatal de 50 millones para 2026 si se valida su impacto mediante evaluaciones trimestrales. Sin embargo, el esquema deja expuestas limitaciones: excluye a quienes optan por campamentos gratuitos por desconfianza en trámites, y no aborda la raíz de la saturación local, como la carencia de 200 especialistas oncológicos en el estado, según reportes de la Secretaría de Salud poblana. En este horizonte, la promesa de Armenta se posiciona como un puente transitorio hacia una cobertura universal, pero su éxito dependerá de la articulación con el IMSS y la transparencia en la distribución, evitando que se convierta en un subsidio simbólico en un ecosistema donde la espera por un diagnóstico puede costar no solo pesos, sino vidas enteras. ***9 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa