No hará aumento de sueldos a burócratas de primer nivel

La estática salarial en el aparato burocrático: Puebla opta por la contención en 2026El esquema salarial para el aparato burocrático de Puebla se mantendrá inalterado en 2026, preservando los niveles actuales que oscilan entre 63 mil y 135 mil pesos mensuales para funcionarios de base y altos mandos, una decisión que se enmarca en un proceso de austeridad fiscal impulsado por el gobierno estatal para priorizar inversiones en infraestructura y programas sociales sobre incrementos remunerativos, evitando así un impacto adicional en las finanzas públicas que ya enfrentan presiones por la transición postelectoral y la inflación acumulada del 4.5% en 2025. Esta congelación, anunciada el 8 de diciembre durante la presentación del Paquete Económico 2026 en el Congreso local, contrasta con el ajuste federal del 4% aplicado a servidores públicos del gobierno central, donde el salario mínimo general escalará a 278.80 pesos diarios y el tabulador de la administración pública federal verá incrementos proporcionales, posicionando a Puebla en un espectro de contención similar al de estados como Oaxaca y Chiapas, que optaron por paralizaciones salariales para equilibrar presupuestos ante la reducción del 2% en transferencias federales prevista por la Ley de Ingresos de la Federación. En este contexto, la medida beneficia a aproximadamente 45 mil empleados estatales —desde auxiliares administrativos hasta directores de área—, asegurando estabilidad en un entorno de volatilidad económica, pero también limitando el poder adquisitivo ante proyecciones de inflación del 3.8% para el próximo año, según estimaciones del Banco de México. ***Detalles del tabulador: de la base operativa a la cúpula directivaLa estructura salarial se desglosa en un rango fijo que inicia en 63 mil pesos brutos mensuales para personal de base en roles operativos, como asistentes y técnicos en dependencias como la Secretaría de Finanzas y Administración, ascendiendo progresivamente a 135 mil pesos para posiciones de alto nivel, incluyendo subsecretarios y equivalentes en el Poder Ejecutivo, sin variaciones por inflación o méritos individuales que habían sido habituales en ejercicios previos. Este tabulador, heredado del ejercicio fiscal 2025 y refrendado en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de Puebla para 2026 —con un monto total de 142 mil millones de pesos, un 5% superior al actual pero destinado mayoritariamente a salud y educación—, excluye bonos discrecionales y prevé un fondo de 500 millones de pesos para compensaciones no salariales, como vales de despensa y seguros médicos ampliados, en un intento por mitigar el descontento gremial que surgió en 2024 con protestas sindicales demandando paridad con el sector privado. La decisión, justificada por el secretario de Finanzas, Javier Márquez, como "una apuesta por la responsabilidad compartida en tiempos de ajuste", se alinea con el artículo 127 constitucional que obliga a la revisión anual de remuneraciones, pero opta por la inercia para no exceder el tope de gastos operativos, permitiendo que el 70% del presupuesto se destine a inversión pública en proyectos como la ampliación del Metro de Puebla y la rehabilitación de carreteras en la Sierra Norte. ***Contrastes federales y estatales: un mosaico de ajustes desigualesMientras Puebla congela su estructura, el gobierno federal incrementará el salario de sus 2.5 millones de burócratas en un 4% promedio, elevando el sueldo base de un delegado regional de 70 mil a 72.8 mil pesos y el de un titular de dependencia a 140 mil, conforme al decreto presidencial emitido en noviembre de 2025, un movimiento que busca contrarrestar la erosión inflacionaria y cumplir con compromisos sindicales del SNTE y la FSTSE, en contraste con estados como Nuevo León y Jalisco, que aplicarán alzas del 6% financiadas por excedentes fiscales de la industria automotriz. Esta disparidad regional, que deja a Puebla en el quintil inferior de incrementos estatales según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda, responde a un diagnóstico de finanzas sanas pero limitadas —con un endeudamiento público del 28% del PIB estatal—, priorizando la sostenibilidad sobre la competitividad laboral, lo que podría derivar en una fuga de talentos hacia entidades vecinas con mejores perspectivas remunerativas, un fenómeno que ya se evidenció en 2025 con la renuncia de 1,200 funcionarios intermedios. El proceso de aprobación, que inicia con la entrega de la iniciativa al Legislativo el 15 de diciembre, contempla audiencias públicas donde sindicatos como el SNTISSSTE local expondrán contrapropuestas, potencialmente presionando por excepciones en sectores críticos como salud, donde el estancamiento salarial choca con la demanda de 3 mil plazas adicionales para el nuevo Hospital General Universitario. ***Implicaciones a mediano plazo: austeridad como eje de la gobernanzaLa preservación de salarios en 2026 no solo consolida un modelo de gobernanza austera heredado de la administración Barbosa, sino que proyecta un horizonte de estabilidad presupuestal que podría extenderse al sexenio entrante bajo el gobernador electo, con ahorros estimados en 1,200 millones de pesos redirigidos a subsidios agrícolas y becas estudiantiles, aunque a costa de una posible desmotivación en el servicio público que ya registra tasas de rotación del 12% anual. Este enfoque, alineado con la directriz presidencial de "república austera", invita a un debate sobre equidad: mientras la burocracia media ve su ingreso real menguar por costos de vida crecientes —con canastas básicas familiares en 18 mil pesos mensuales en la zona metropolitana—, los altos mandos en el rango superior mantienen privilegios intactos, exacerbando percepciones de desigualdad interna. A futuro, la revisión de 2027 podría incorporar variables como el desempeño institucional medido por indicadores de la ASEA, abriendo la puerta a meritocracias salariales que equilibren la contención con incentivos, en un proceso que redefine la burocracia poblana no como un fin en sí misma, sino como un engranaje al servicio de una agenda social más amplia, donde la austeridad se convierte en herramienta para la inclusión en lugar de mera restricción fiscal. ***8 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa