Denuncian a nietos abusivos

El despojo de la centenaria: Cuando la sangre traiciona en las sombras de TehuacánTehuacán, Puebla, 10 de diciembre de 2025 – En el corazón de Tehuacán, donde las tradiciones familiares se entretejen con las desigualdades que carcome el tejido social de Puebla, una mujer de 103 años ha sido despojada de su patrimonio por las mismas manos que deberían protegerla: las de su hijo y su nieta. La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), destapa un drama que trasciende lo individual para reflejar las grietas de una sociedad donde la vejez se convierte en botín de guerra, y la ley, en un eco distante. Doña María –nombre ficticio para resguardar su identidad, pero real en su agonía– acumuló durante décadas una modesta fortuna en propiedades y ahorros, frutos de una vida de sacrificio en los mercados y talleres de la región. Hoy, confinada a una cama en una casa ajena, acusa a sus descendientes de un complot meticuloso que la ha dejado en la indigencia, un caso que ilustra la impunidad rampante en los despojos intrafamiliares, donde el Código Civil poblano parece un pergamino olvidado.El detonante del escándalo familiar estalló hace tres meses, cuando doña María, lúcida pese a sus años y respaldada por testigos de su comunidad, decidió romper el silencio. Según la querella presentada el 5 de diciembre ante la Fiscalía Regional de Tehuacán, su hijo, un hombre de 65 años con historial de deudas y litigios menores, y su nieta, de 38, orquestaron un asalto silencioso a su herencia. Todo comenzó en 2022, con la falsificación de documentos notariales que transfirieron dos inmuebles clave –una casa en el centro histórico valorada en al menos 2.5 millones de pesos y un terreno agrícola en las afueras que genera rentas mensuales– a nombre de los acusados. "Me obligaron a firmar bajo coacción, con promesas de cuidado que nunca cumplieron", relata doña María en su declaración, corroborada por una sobrina que actuó como mediadora fallida. La nieta, empleada en una institución pública local, habría utilizado su acceso a registros civiles para agilizar las transferencias, un abuso de función que la FGE investiga como posible delito de falsedad en declaraciones.Pero el despojo no se limitó a papeles y títulos. Testimonios recolectados por la fiscalía pintan un panorama de abandono sistemático: doña María fue aislada de sus redes sociales –un puñado de vecinas y parientes lejanos– y privada de sus medicamentos, lo que precipitó un deterioro en su salud que la llevó a un hospital público en noviembre. "La dejaron sin un peso, vendiendo sus joyas para cubrir gastos", detalla un informe preliminar de la Procuraduría de Protección de Adultos Mayores, que intervino a instancias de la denunciante. Los acusados, por su parte, han contraatacado con contraquerellas por difamación, alegando demencia senil en la víctima –un argumento que choca con evaluaciones médicas que certifican su plena capacidad mental–. En las audiencias iniciales, celebradas a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Tehuacán, el hijo se presentó con un séquito de abogados pagados con fondos dudosos, mientras la nieta invocó "deudas familiares pendientes" como justificación para las ventas apresuradas de los bienes.Este caso no es un aislado en el panorama poblano, donde los despojos a adultos mayores representan el 15% de las denuncias por violencia intrafamiliar registradas en 2025, según datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. En Tehuacán, epicentro de migraciones y remesas que inflan patrimonios modestos, las disputas sucesorias se han multiplicado con la pandemia, exacerbando tensiones en familias fragmentadas por la pobreza y el éxodo. Expertos en derecho familiar, consultados en los pasillos del fuero común, señalan que la falta de un registro nacional de testamentos y la lentitud judicial –con procesos que pueden extenderse hasta cinco años– fomentan estos abusos. "Es la cara oculta de la longevidad en México: vivir más, pero sin derechos", reflexiona una abogada especializada, recordando casos similares en la Mixteca donde viudas centenarias han terminado en asilos estatales tras ser desahuciadas por herederos impacientes.La FGE ha prometido celeridad, con una orden de aseguramiento provisional de las propiedades en disputa y citaciones para los acusados en enero de 2026. Doña María, ahora bajo tutela de una ONG local de derechos humanos, espera desde una habitación prestada, rodeada de fotos desvaídas de una juventud próspera. Su historia, tejida con hilos de traición y resiliencia, obliga a cuestionar: ¿hasta cuándo la familia, ese santuario mítico, se convertirá en el primer campo de batalla de la desigualdad? En Tehuacán, las campanas de la catedral repican indiferentes, pero el eco de esta denuncia podría, por fin, mover los engranajes de una justicia que ha mirado demasiado tiempo para otro lado.***