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Presuntas irregularidades en DelegaciĆ³n de Bienestar

SituaciĆ³n de Irregularidades en la EjecuciĆ³n de Obras Comunitarias en Comunidades IndĆ­genas de Puebla: AnĆ”lisis Descriptivo y ContextualEn el marco de las polĆ­ticas pĆŗblicas destinadas al desarrollo integral de las comunidades indĆ­genas y afromexicanas en MĆ©xico, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades IndĆ­genas y Afromexicanas (FAISPIAM) representa un instrumento clave para fomentar la autonomĆ­a y el progreso local. Este fondo, transferido directamente a los ComitĆ©s de AdministraciĆ³n y Vigilancia Comunitarios (CAVC), busca priorizar intervenciones en infraestructura bĆ”sica, como pavimentaciĆ³n y relaminaciĆ³n de vĆ­as, con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad de vida en zonas marginadas. Sin embargo, en el estado de Puebla, una entidad con una significativa presencia indĆ­gena —donde comunidades como las del municipio de Puebla albergan a mĆ”s de 200,000 personas de origen nahua, otomĆ­ y totonaco, segĆŗn datos del INEGI 2020—, han surgido seƱalamientos sobre posibles irregularidades en la aplicaciĆ³n de estos recursos. Estos cuestionamientos no solo afectan la ejecuciĆ³n de proyectos especĆ­ficos, sino que plantean interrogantes mĆ”s amplios sobre la transparencia, la autonomĆ­a comunitaria y el cumplimiento de los principios de la Cuarta TransformaciĆ³n, que enfatizan la participaciĆ³n directa de las bases sociales.DescripciĆ³n de la SituaciĆ³n en San Miguel CanoaUna de las manifestaciones mĆ”s recientes de estas preocupaciones se presenta en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, una comunidad indĆ­gena ubicada en el municipio de Puebla, caracterizada por su rica tradiciĆ³n cultural y su historia de lucha por el reconocimiento de derechos territoriales y sociales. Esta zona, con una poblaciĆ³n aproximada de 15,000 habitantes segĆŗn estimaciones locales, ha sido beneficiaria de recursos federales para obras de infraestructura que buscan mitigar desafĆ­os como el acceso limitado a servicios bĆ”sicos y la erosiĆ³n de caminos debido a condiciones topogrĆ”ficas complejas. En particular, se han identificado sobrecostos en los trabajos de adoquinamiento, relaminaciĆ³n de calles existentes y construcciĆ³n de nuevas vĆ­as con pavimento de adocreto, financiados con recursos del FAISPIAM para el ejercicio 2025.Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Grupo de UrbanizaciĆ³n Roca S.A. de C.V. Z (conocida como Grupo Roca), una constructora con sede en Puebla especializada en proyectos urbanos y viales. SegĆŗn documentaciĆ³n tĆ©cnica presentada por autoridades locales, los sobrecostos se derivan de estimaciones infladas en etapas clave como estudios de mecĆ”nica de suelos, nivelaciones, excavaciones, acarreo de materiales y la ejecuciĆ³n directa de las labores. Estos incrementos, que podrĆ­an superar el 30-40% del presupuesto original en algunos rubros, amenazan con dejar las obras inconclusas, ya que los recursos etiquetados —aproximadamente 5-7 millones de pesos para este paquete de intervenciones, basado en entregas similares reportadas en agosto de 2025— resultarĆ­an insuficientes. Esta eventualidad no solo generarĆ­a un detrimento patrimonial, sino que agravarĆ­a problemas de movilidad en una comunidad donde el transporte es esencial para el acceso a educaciĆ³n, salud y mercados.El presidente de la junta auxiliar, Apolo Arce DomĆ­nguez —quien asumiĆ³ el cargo en marzo de 2025 tras un proceso electoral comunitario y ha participado activamente en la recepciĆ³n de fondos federales y estatales en eventos previos—, ha documentado estos hallazgos mediante oficios dirigidos a instancias superiores. En comunicaciones enviadas a la Presidencia de la RepĆŗblica, la SecretarĆ­a de Bienestar y la ComisiĆ³n para el DiĆ”logo con los Pueblos IndĆ­genas de MĆ©xico (CDPIM), Arce DomĆ­nguez solicita la suspensiĆ³n inmediata de las obras y una auditorĆ­a exhaustiva. Sus argumentos enfatizan que, aunque los CAVC son los Ć³rganos autĆ³nomos responsables de seleccionar proveedores y priorizar proyectos —conforme a la Ley General de Desarrollo Social y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de OperaciĆ³n del FAISPIAM—, en la prĆ”ctica, dichas decisiones estarĆ­an influenciadas por recomendaciones externas de la DelegaciĆ³n Federal de Programas para el Desarrollo (Defederales) en Puebla. Rol de la DelegaciĆ³n Federal y las Acusaciones de IntervenciĆ³nLa Defederales en Puebla, encabezada por Rodrigo Abdala Dartigues desde 2021, es el ente coordinador de programas sociales federales, incluyendo el FAISPIAM, con un presupuesto anual que supera los 2,500 millones de pesos para la entidad en 2025. Abdala Dartigues, un cuadro morenista con trayectoria polĆ­tica que incluye aspiraciones a cargos como gobernador y senador —y quien recientemente se registrĆ³ para la elecciĆ³n judicial federal en enero de 2025—, ha sido seƱalado en mĆŗltiples ocasiones por presuntas irregularidades en la gestiĆ³n de recursos pĆŗblicos. En diciembre de 2024, por ejemplo, se reportaron anomalĆ­as en la entrega de programas como "JĆ³venes Construyendo el Futuro" y "La Escuela es Nuestra", sin que el delegado emitiera posicionamientos pĆŗblicos. MĆ”s recientemente, en marzo de 2025, el dirigente del PRI en Puebla lo acusĆ³ de desviar fondos hacia campaƱas electorales para el Poder Judicial de la FederaciĆ³n. En el caso de Canoa, las acusaciones especĆ­ficas apuntan a Vianey Zepeda Fuentes, funcionaria de la DelegaciĆ³n de la SecretarĆ­a de Bienestar, como enlace en la "recomendaciĆ³n" de Grupo Roca. Arce DomĆ­nguez alega que, pese a la autonomĆ­a teĆ³rica de los CAVC, se ejerciĆ³ presiĆ³n sobre la tesorera del comitĆ© para adjudicar el contrato, lo que compromete la imparcialidad y genera sobrecostos que desvĆ­an recursos de otras necesidades comunitarias, como drenaje o electrificaciĆ³n.Respuesta Oficial y Implicaciones JurĆ­dicasAnte la queja formal, Abdala Dartigues respondiĆ³ mediante el Oficio No. 141.0000.1720/2025, fechado el 11 de noviembre de 2025, dirigido directamente a Apolo Arce DomĆ­nguez. En este documento, el delegado niega cualquier intervenciĆ³n: afirma que Zepeda Fuentes "no recomienda constructoras ni ha presionado" a los CAVC, subraya la autonomĆ­a plena de estos comitĆ©s en la asignaciĆ³n de recursos "sin intermediarios" y aclara que los presidentes auxiliares carecen de facultades para solicitar suspensiones o intervenir en la ejecuciĆ³n de obras aprobadas. El oficio invoca el marco normativo del FAISPIAM, que prioriza la deliberaciĆ³n interna de las comunidades, y sugiere que cualquier discrepancia debe resolverse a travĆ©s de mecanismos de vigilancia interna o la AuditorĆ­a Superior de la FederaciĆ³n (ASF).Esta respuesta, disponible en plataformas pĆŗblicas como Scribd, representa un posicionamiento institucional que defiende el proceso administrativo, pero no aborda directamente los estudios tĆ©cnicos de sobrecostos ni propone una verificaciĆ³n independiente. JurĆ­dicamente, el caso podrĆ­a escalar a la ASF o la FiscalĆ­a Especializada en Combate a la CorrupciĆ³n (FECOR), especialmente si se demuestra una violaciĆ³n a los principios de economĆ­a y eficiencia en el gasto pĆŗblico, conforme al artĆ­culo 134 de la ConstituciĆ³n PolĆ­tica de los Estados Unidos Mexicanos.Contexto Amplio y Repercusiones SocialesEsta situaciĆ³n no es aislada en Puebla, donde el FAISPIAM ha beneficiado a mĆ”s de 150 comunidades indĆ­genas en 2025, con entregas histĆ³ricas en agosto que superaron los 100 millones de pesos en conjunto con el gobierno estatal. Sin embargo, persisten desafĆ­os estructurales, como la limitada capacidad tĆ©cnica de los CAVC para evaluar cotizaciones complejas y la dependencia de asesorĆ­as externas, lo que abre flancos a influencias indebidas. En redes sociales, el tema ha generado eco limitado hasta la fecha —principalmente a travĆ©s de publicaciones del medio e-consulta y su director Rodolfo Ruiz—, con menos de 50 interacciones en X (Twitter) en las Ćŗltimas 24 horas, enfocadas en la denuncia sin respuestas oficiales adicionales. Desde una perspectiva institucional, este episodio subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de rendiciĆ³n de cuentas, como capacitaciones en contrataciĆ³n pĆŗblica para CAVC y plataformas digitales para transparentar adjudicaciones. La resoluciĆ³n oportuna no solo preservarĆ­a la confianza en los programas sociales, sino que alinearĆ­a con el compromiso federal de erradicar la corrupciĆ³n y empoderar a los pueblos originarios. Instancias como la CDPIM podrĆ­an mediar para garantizar que voces como la de Arce DomĆ­nguez sean atendidas, asegurando que el desarrollo comunitario sea verdaderamente autĆ³nomo y equitativo.