Cuatro Meses de Fuga en la Sierra Norte: Los Ex Ediles que Desafían a la Justicia
Puebla, Puebla, 11 de septiembre de 2025
El Relato de los Cateos: Un Golpe a la Impunidad
Cuautempan, 9 y 15 de mayo de 2025
La mañana del 9 de mayo, Cuautempan despertó con el rugido de vehículos blindados. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, respaldados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, irrumpieron en cuatro propiedades vinculadas a Gerardo Cortés Caballero, el entonces alcalde reelecto por la alianza PT-Morena. Entre los inmuebles cateados estaba el auditorio del ayuntamiento, un espacio que debería ser símbolo de la gobernanza local, pero que se convirtió en escenario de hallazgos perturbadores: armas largas, cartuchos útiles, drogas y vehículos con reporte de robo. La operación, ejecutada con precisión, dejó atónitos a los habitantes, que veían cómo el poder municipal se tambaleaba.
Seis días después, el 15 de mayo, un segundo cateo en la “Casa Piedra”, otra propiedad de Cortés, reveló más pistas de un oscuro entramado: siete vehículos robados y evidencias que sugieren que el lugar funcionaba como casa de seguridad para personas privadas de su libertad. Las acusaciones contra Cortés, según la carpeta de investigación FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025, incluyen extorsión, secuestro, narcomenudeo y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Horas antes del primer cateo, el 12 de mayo, Cortés había solicitado una licencia de 20 días por “motivos de salud”, aprobada por un cabildo que, según testigos, operaba bajo presión. La licencia venció el 31 de mayo, pero Cortés no regresó, dejando a Cuautempan sumido en un vacío de autoridad.Ahuazotepec, 16 de mayo de 2025
A pocos kilómetros, en Ahuazotepec, la madrugada del 16 de mayo marcó otro capítulo en esta saga. Elementos de la FGE allanaron una vivienda ligada al ex alcalde Alfredo Ramírez Hernández. En el operativo, descrito como un despliegue quirúrgico, fue detenido Tadeo Ramírez, hijo del edil y presidente del DIF municipal. Los agentes aseguraron un arma de fuego calibre .22 mm, 79 cartuchos de diversos calibres, seis cargadores, una bolsa con marihuana, cristal y documentos que apuntan a actividades ilícitas. La carpeta de investigación FGEP/COI/FEISE/EXTORSION-I/O00166/2025 señala a Ramírez por extorsión, robo de vehículos y posibles nexos con el grupo criminal “Los Diablitos”, conocido por secuestros y robo de combustible en la región.
Ramírez, al igual que Cortés, solicitó una licencia de 10 días por “enfermedad” el 18 de mayo, un día después del cateo, que expiró el 27 de mayo. Desde entonces, su paradero es un misterio, y su hijo Tadeo enfrenta cargos por delitos contra la salud y posesión de armas. Los cateos, desencadenados por denuncias ciudadanas sobre cobro de derecho de piso y otras actividades ilícitas, han puesto en evidencia la fragilidad de la gobernanza en ambos municipios.Contexto: La Sombra del Crimen Organizado en PueblaLa fuga de Cortés y Ramírez no es un caso aislado, sino un eslabón más en la cadena de colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado en Puebla. La Sierra Norte y el Triángulo Rojo, donde operan grupos como “Los Diablitos” y otras células dedicadas al huachicoleo, narcomenudeo y secuestro, han sido escenario de múltiples escándalos. En marzo de 2025, la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, ex alcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, por vínculos con el crimen organizado, y la fuga de su hermano Ramiro González Vieyra, ex edil de San Nicolás Buenos Aires, marcaron un precedente. Desde 2021, al menos 12 ex alcaldes poblanos han sido detenidos por delitos que van desde homicidio hasta enriquecimiento ilícito, según datos de la FGE.En Cuautempan, comerciantes han denunciado cuotas de 200 a 500 pesos impuestas por grupos criminales, presuntamente protegidos por Cortés, mientras que en Ahuazotepec, las acusaciones apuntan a una red de extorsión ligada a Ramírez. La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha señalado un daño patrimonial de 11.5 millones de pesos en las cuentas públicas de 2023 de ambos municipios, con irregularidades concentradas en Ahuazotepec, lo que sugiere un desvío de recursos que podría haber financiado actividades ilícitas.El contexto se agrava con la ola de violencia en Puebla, que en 2025 registró 149 hechos atroces entre enero y junio, incluyendo asesinatos con tortura y mutilaciones. Casos recientes, como el hallazgo sin vida del adolescente Marco Antonio “N” en Atempan, el atentado contra José Luis Corrales en Amozoc, y los crímenes en Azumiatla, Tres Cerritos y San Isidro, reportados entre el 8 y 10 de septiembre, reflejan un estado bajo asedio. La presión en redes sociales, con usuarios en X exigiendo justicia, recuerda la movilización tras el feminicidio de Cecilia Monzón en 2022, donde la indignación ciudadana forzó avances judiciales.
Implicaciones: Un Desafío para la Justicia y la GobernabilidadJudiciales: La FGE, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, mantiene operativos para localizar a Cortés y Ramírez, quienes enfrentan múltiples cargos. Las carpetas de investigación avanzan con la revisión de evidencia física, como armas y documentos asegurados, y testimonios de víctimas de extorsión. La detención de Tadeo Ramírez ha proporcionado pistas clave, pero la ausencia de los ex ediles dificulta el esclarecimiento total de los casos. La ASE está auditando las cuentas públicas de ambos municipios, con un enfoque en el daño patrimonial, y podría derivar en nuevas acusaciones por enriquecimiento ilícito.Políticas: La disolución de los ayuntamientos de Cuautempan y Ahuazotepec, aprobada por la LXII Legislatura el 23 de junio de 2025, llevó a la instalación de concejos municipales encabezados por José Luis Cuevas Galindo (Ahuazotepec) y Pedro Luis Cruz Bonilla (Cuautempan). Sin embargo, la resistencia inicial de la comunidad de Cuautempan al concejo refleja un profundo desencanto con las autoridades. La renuncia masiva de regidores tras las licencias de los ex ediles evidencia un colapso en la gobernabilidad, un fenómeno que afecta a otros cinco municipios poblanos desde 2021. El gobernador Alejandro Armenta ha enfatizado la necesidad de que los ediles “no le hagan ojitos a los delincuentes”, pero la fuga de Cortés y Ramírez pone en entredicho la efectividad de los controles institucionales.Sociales: En Cuautempan y Ahuazotepec, la desconfianza reina. Los habitantes, acosados por el cobro de derecho de piso y la inseguridad, expresan frustración ante la impunidad. “Nos prometieron seguridad, pero los que debían cuidarnos están huyendo”, lamentó un comerciante de Cuautempan, quien pidió anonimato por temor a represalias. La participación ciudadana en la búsqueda de Marco Antonio “N” en Atempan muestra un activismo creciente, pero también la desesperación ante la inacción oficial. En redes sociales, la indignación se multiplica, con usuarios exigiendo la captura de los prófugos y transparencia en las investigaciones.
Acciones en CursoLa FGE intensifica los operativos para capturar a Gerardo Cortés y Alfredo Ramírez, con la colaboración de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Las carpetas de investigación se nutren de la evidencia asegurada y de nuevas denuncias ciudadanas. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno supervisará el uso de recursos en estas pesquisas para garantizar transparencia, en un contexto donde casos como el nombramiento de Raymundo Atanacio Luna como rector de la UPMP han generado dudas sobre la gestión pública. La ASE continúa auditando las cuentas de ambos municipios, con resultados esperados en los próximos meses. Los concejos municipales trabajarán hasta 2027 para restablecer la gobernabilidad, mientras la FGE prepara un informe preliminar para responder a las demandas de la ciudadanía.
Un Llamado a la JusticiaEn la Sierra Norte, el viento lleva rumores de temor y esperanza. Las propiedades cateadas, ahora silenciosas, son un recordatorio de la fragilidad del poder local. Mientras Gerardo Cortés y Alfredo Ramírez permanecen prófugos, las comunidades de Cuautempan y Ahuazotepec claman por justicia. La captura de estos ex ediles será una prueba de fuego para la administración de Alejandro Armenta y la FGE, en un estado donde la corrupción y la violencia desafían la confianza ciudadana. En las calles y en las redes, la voz del pueblo no se apaga: exige respuestas, y no descansará hasta que la justicia deje de ser una sombra esquiva.
