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Zona de sacrificio: Ante la contaminación de Granjas Carroll

 


Zona de sacrificio: Ante la contaminación de Granjas Carroll

Por José Herrera
Oriental, Puebla | Julio 2025

En la Cuenca Libres–Oriental, donde el olor a estiércol y antibióticos se mezcla con la pobreza, la empresa Granjas Carroll opera bajo la sombra de la omisión institucional. Pese a denuncias, estudios científicos y sanciones ambientales, la megagranja porcícola sigue funcionando con impunidad. ¿Quién protege a Granjas Carroll?

La imagen es repetida: agua turbia en los pozos, enfermedades gastrointestinales en niños, moscas en enjambre sobre charcos pestilentes, y el zumbido constante de extractores industriales de aire que soplan desde las 118 naves porcinas en la región. Es el día a día en las comunidades de la Cuenca Libres–Oriental, una zona que científicos han calificado como "infierno ambiental" y donde, desde hace más de una década, Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V., se ha instalado como el actor dominante, operando a espaldas de la ley, el medio ambiente y la población.

Multas sin consecuencias

Pese a lo que dice la propaganda empresarial y los discursos oficiales, la verdad está documentada. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha multado a Granjas Carroll al menos cuatro veces entre 2011 y 2022, según respuestas oficiales obtenidas por solicitudes de acceso a la información (folios 330024424001306 y 330026724002713). Las sanciones fueron consecuencia de inspecciones federales que detectaron irregularidades ambientales, aunque sus detalles y montos se mantienen ocultos bajo el pretexto de los “costos de reproducción documental”.

La falta de transparencia es estructural. Las autoridades federales, estatales y municipales han declarado no contar con inspecciones actualizadas o información ambiental oficial sobre la empresa. La Cofepris respondió, por ejemplo, que nunca ha practicado una visita sanitaria a las instalaciones (folio 330007924004869). La Semarnat y SMADSOT alegaron incompetencia para inspeccionar. Y el Ayuntamiento de Oriental confirmó que Granjas Carroll jamás ha presentado informes de impacto ambiental ante la autoridad local (oficio REMA/001/2024).

Los documentos que desmienten al gobierno

El contraste es brutal. Mientras la secretaria estatal de Medio Ambiente, Norma Angélica Gálvez Sandoval, declaró el 9 de diciembre de 2024 que “Granjas Carroll no contamina ni ha contaminado”, la misma Profepa confirmaba que la empresa sí ha sido sancionada por daño ambiental en el marco del Programa de Inspección en Materia Industrial.

Las afirmaciones de Gálvez Sandoval resultan todavía más inverosímiles si se considera que, en el mismo expediente, la dependencia estatal no acreditó haber visitado ni una sola vez las instalaciones, pese a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la ley ambiental del estado de Puebla le otorgan esa atribución.

La evidencia apunta a una cadena de complicidades y omisiones que permite a una sola empresa operar como ente autónomo, sin control real por parte del Estado.

Un modelo de negocio en tierra tóxica

La Cuenca Libres–Oriental no es cualquier territorio. Es una región hidrogeológica prioritaria, conformada por 22 municipios de Puebla donde los acuíferos están en riesgo crítico de sobreexplotación y contaminación. Desde 2021, investigadores del Ecosistema Nacional de Agentes Tóxicos del Conahcyt la identificaron como Región de Emergencia Ambiental (REA) por la presencia de metales pesados, antibióticos, residuos fecales y bacterias en el agua.

“Es una zona de sacrificio”, afirmó Miriam Lastiri Rito, doctora en desarrollo rural y autora de una tesis doctoral que documenta cómo Granjas Carroll contribuye a la contaminación farmacéutica del subsuelo, mediante el uso clandestino e ilegal de antibióticos para engorda animal.

Su estudio, avalado por el Colegio de Postgraduados, demuestra que la empresa representa una amenaza sistémica para la salud pública, los ecosistemas y las comunidades rurales. En 2024, durante el Foro de Análisis de Problemáticas de la Cuenca Libres–Oriental, académicos del Conahcyt insistieron: los impactos ambientales ya han escalado a conflictos sociales.

El otro silencio: el del gobierno municipal

Pero si algo agrava el caso es el silencio institucional. A pesar de las múltiples leyes que obligan a la empresa a presentar sus estudios de impacto ambiental y uso del agua ante los gobiernos locales, el municipio de Oriental carece de expediente alguno. Así lo reconoce oficialmente la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente en su respuesta a una solicitud de información: "no se identificó expediente alguno con esa información".

La omisión viola al menos tres normas:

  1. Ley de Aguas Nacionales, que exige reportes sobre el volumen, calidad y destino del agua subterránea utilizada por concesionarios (arts. 20, 21 y 23).

  2. LGEEPA, que obliga a toda empresa con riesgo ecológico a presentar estudios de impacto ambiental y obtener autorización previa (art. 28).

  3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que faculta a los ayuntamientos a requerir y supervisar esta información (art. 91, fracción XXIII).

Granjas Carroll, en cambio, actúa como si estuviera exenta de regulación.

Un caso para la justicia ambiental

Organismos internacionales como la ONU y la Relatoría de Medio Ambiente y Derechos Humanos han advertido sobre el avance de zonas industriales que contaminan sin control en países donde la ley se aplica de manera discrecional. Puebla, con su historial de megaproyectos sin consulta previa y sin evaluación ambiental adecuada, encaja en ese perfil.

Granjas Carroll se suma a esta lógica: producir millones de cerdos al año, consumir millones de litros de agua subterránea, generar miles de toneladas de desechos y antibióticos, sin que una sola dependencia pueda o quiera ejercer su deber de vigilancia.

¿Quién responde por el agua contaminada?

A más de una década del inicio de sus operaciones masivas, la empresa porcícola continúa expandiéndose sin rendir cuentas. Ni Profepa, ni Conagua, ni la Semarnat, ni el gobierno estatal, ni el municipal han ejercido su poder con firmeza. En cambio, se han limitado a declarar incompetencia o archivar los expedientes.

Mientras tanto, los mantos acuíferos se agotan. El agua que queda huele a estiércol. Y nadie —ni el presidente municipal, ni la secretaria estatal, ni el gobierno federal— parece dispuesto a preguntarse: ¿quién limpia el desastre cuando el negocio termine?

Fuentes:

  • Profepa, respuesta 330024424001306 y 330026724002713 (2024)

  • Cofepris, respuesta 330007924004869 (2024)

  • Ayuntamiento de Oriental, oficio REMA/001/2024

  • Lastiri Rito, Miriam (2024). La irrupción del Neoliberalismo en la Cuenca Oriental. Colegio de Postgraduados.

  • Conahcyt (2021). Identificación de Regiones de Emergencia Ambiental.

  • LGEEPA, Ley de Aguas Nacionales y leyes estatales del estado de Puebla.