Juez niega vinculación a proceso de Renato Romero; la FGE impugnará.
Por Víctor Burgos | 8 de julio de 2025
El juez de control de San Andrés Cholula resolvió no vincular a proceso al activista Renato Romero Camacho, detenido el 1 de julio por su participación en la toma del pozo 4 en San Miguel Xoxtla, protesta enmarcada en la exigencia de control comunitario sobre el agua potable. La resolución judicial determinó que la empresa Agua de Puebla no acreditó la relación laboral de los denunciantes con la concesionaria, debilitando así la acusación por despojo agravado y daño en propiedad ajena.
La Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, anunció que apelará la decisión. Aclaró que esta impugnación no se debe al perfil del imputado ni a su activismo, sino a un protocolo institucional para recurrir cualquier fallo adverso al criterio del Ministerio Público.
“No es porque sea él, aclaro. Todas las decisiones que se toman y que son adversas a los criterios de la Fiscalía y que dejan en libertad a cualquier persona, apelamos siempre las decisiones del Poder Judicial”, declaró la fiscal Pastor.
Aunque el juez dejó sin efecto las medidas cautelares por falta de elementos, la fiscal confirmó que existen otros procedimientos abiertos contra Romero, por lo que la persecución judicial en su contra no se ha cerrado.
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Renato Romero ha sido una de las voces más visibles en Puebla en defensa del derecho humano al agua y en contra de la concesión a Agua de Puebla para Todos, empresa con múltiples señalamientos por abusos, cobros excesivos y cortes arbitrarios.
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La protesta del 28 de mayo que motivó la denuncia se inscribe en un contexto de creciente tensión entre comunidades y autoridades, por la gestión del recurso hídrico como bien público y no como mercancía.
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La decisión del juez puede sentar un precedente sobre el papel de las empresas concesionarias en acusaciones penales, especialmente cuando no se acredita adecuadamente el daño ni la relación jurídica de los denunciantes.
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La apelación de la FGE podría ser vista como un acto de criminalización del activismo social, pese a los esfuerzos discursivos de la fiscal por mostrar neutralidad.
