Puebla: niñas forzadas a ser madres y silencio institucional
Versión editorial de José Herrera
Puebla, 8 de julio de 2025
Cinco niñas embarazadas en los primeros seis meses de 2025. Diez denuncias por violación en el mismo periodo. En Puebla, el abuso sexual infantil no es un fenómeno aislado ni excepcional: es estructural, sistemático y persistente.
Así lo reconoció la fiscal estatal Idamis Pastor Betancourt, durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta. Con un tono neutro y cifras frías, la funcionaria informó que en lo que va del año se han registrado cinco casos de embarazo infantil y diez denuncias por violación, además de siete casos atendidos en las Casas Carmen Serdán, espacios institucionales para la atención de víctimas de violencia sexual y familiar.
La frialdad numérica esconde una realidad brutal: niñas que enfrentan embarazos producto de violación, muchas veces en entornos familiares o comunitarios, sin acceso real a justicia ni acompañamiento integral. Son niñas cuyos agresores suelen quedar impunes, y cuyas vidas quedan marcadas por decisiones que jamás debieron enfrentar.
Embarazos infantiles: cifras que no reflejan la magnitud del daño
Según datos oficiales, en 2024 hubo 11 embarazos infantiles en Puebla. Este 2025, con apenas medio año transcurrido, ya se han registrado cinco. Uno cada mes. Pero los datos reportados apenas rozan la superficie del problema.
No se han informado las edades de las menores ni los municipios involucrados. Tampoco se ha explicado si estos casos derivaron en carpetas de investigación por violación infantil, abuso sexual o estupro, como lo establece el Código Penal. Ni si los agresores fueron detenidos. ¿Cuántas de estas niñas continúan conviviendo con sus agresores?
Las Casas Carmen Serdán son centros de atención para mujeres víctimas de violencia. En 2025, según la fiscal, han atendido siete casos de embarazo infantil. Eso significa que dos de los cinco embarazos reportados este año no pasaron por estos centros, o bien, no fueron canalizados correctamente. ¿Dónde están esas niñas? ¿Qué seguimiento han tenido?
El subregistro es evidente. Organizaciones civiles estiman que por cada embarazo infantil denunciado hay al menos tres que permanecen en la sombra, ocultos por miedo, por silencio familiar o por omisión institucional.
Violaciones: la cifra negra detrás del promedio
En cuanto a violación, se han presentado 10 denuncias formales en lo que va del año, es decir, casi dos por mes. Pero estas cifras corresponden únicamente a los casos que llegaron a una ventanilla oficial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 94% de los delitos sexuales en México no se denuncia.
Eso significa que en Puebla podrían estarse cometiendo decenas de violaciones cada mes sin que el sistema penal lo registre, lo investigue ni lo sancione.
Las autoridades no ofrecieron cifras desagregadas por edad, zona geográfica ni contexto. Tampoco se informó cuántas de estas niñas tuvieron acceso a interrupción legal del embarazo, cuántos agresores han sido vinculados a proceso, ni cuántas investigaciones siguen abiertas.
Y lo más grave: no hubo un llamado público a fortalecer la educación sexual, el acceso a anticonceptivos ni el trabajo con comunidades rurales donde estas prácticas siguen normalizadas. Solo números. Solo titulares. Solo silencio.
Las niñas no dan su consentimiento
Un embarazo infantil nunca es voluntario. Nunca es un "accidente". Es el resultado directo de una violación. Que haya cinco casos registrados este año significa que al menos cinco niñas fueron víctimas de un delito gravísimo. Que no lo sepamos todo es parte del problema. Que no pase nada, es el crimen verdadero.
